EDUCACIÓN

Apuntes para enfrentar la Transformación Educativa en Bachillerato

Desde hace varios años, las autoridades educativas de nuestro país, aun de diferente signo político, vienen realizando profundos cambios en nuestra educación pública.

Desde Vadenuevo hemos tratado con insistencia la reforma educativa que, entre 2020 y 2024, se ha llamado Transformación Educativa (TE) y que

tiene incidencia en todos los ámbitos y facetas de la educación pública.

En general, nos hemos referido a la Educación Secundaria por ser ese el ámbito que más tenemos presente por nuestra propia actividad.

A partir de los lineamientos estratégicos, la reforma ha alcanzado el Marco Curricular Nacional, competencias y perfiles de egreso, Progresiones de Aprendizaje, Perfiles de Tramo, Plan de Educación Básica Integrada y Reglamento de Evaluación del Estudiante.

Este año, corresponde que la Transformación Educativa alcance a lo que denominamos Bachillerato Diversificado, en los años correspondientes a Cuarto, Quinto y Sexto, o lo que es lo mismo, la Educación Media Superior.

Las reformas educativas o transformaciones remiten a “cambios importantes” y “ajustes más o menos profundos” -según Soler Roca- en la política educativa de un país, que es, ni más ni menos, el conjunto de acciones por las que se asegura el cumplimiento del derecho humano del acceso a la educación.

En ese sentido, existen disposiciones constitucionales a este respecto que protegen y garantizan esos derechos. Así, por ejemplo, la libertad de enseñanza (art. 69), exoneraciones (art. 69), obligatoriedad (art. 70), gratuidad (art. 71), entre otras, contribuyen a garantizar ese derecho humano.

Las reformas educativas develan como ninguna otra acción reformadora las diversas tensiones entre los intereses de la sociedad. Esto es por una razón bien sencilla y a la vez muy compleja: los debates educativos son esencialmente políticos.

Los gobiernos suelen declarar enfáticamente la apoliticidad de las leyes que adoptan en materia de educación, pero estas, en pensamiento y en acción, son decisiones de carácter político, irrefutablemente político. Quienes nos hemos opuesto a decisiones que hemos considerado contrarias al interés del pueblo, de la educación pública, hemos sido acusados de hacer política, de politizar la educación. (Soler Roca, 2004, p. 31)

Las sociedades deben tener en cuenta una cuestión muy importante: la educación es cosa de todos (Soler Roca, 2004) y, por lo tanto, todos debemos interesarnos en la educación.

Toda sociedad y cada una de las personas que habitan en ella, deben construir en forma permanente sus respectivos proyectos personales y en conjunto, su respectivo proyecto de sociedad (Soler Roca, 2004) y todo eso es un proyecto político porque implica la toma de decisiones para encaminar nuestras acciones.

Entre todas esas cuestiones, cada sociedad debe debatir y construir su propio proyecto educativo -es decir, las acciones y decisiones que tomará- en la forma más democrática posible.

La tensión sobreviene porque, en definitiva, la educación no puede despegarse de la sociedad en la que se inserta. Dice Soler Roca (2004) que la educación es una variable dependiente en el sentido de que “el poder fija las reglas del juego y espera que los educadores actúen como multiplicadores del modelo social adoptado” (p. 33).

Estas tensiones que se canalizan a través de las autoridades políticas de la educación responden al gobierno electo, que lleva adelante las reformas del proyecto político educativo que pretende imponer.

Desde hace varios artículos, en Vadenuevo hemos calificado esta TE como una embestida neoliberal (núm. 177, núm. 153, núm. 151, núm. 145, entre otros) en el sentido de que las autoridades educativas han transitado un determinado camino para imponerla y con ciertos fundamentos teórico-epistemológicos.

Las diversas figuras, autoridades educativas, autoridades políticas y periodistas de diversos medios han intensificado una campaña destinada a ignorar, denostar, humillar y quitar representatividad a quien planteara cierta resistencia más o menos explícita. La reforma educativa ha sido, desde sus inicios, muy resistida, por ello es que la calificamos la acción de las autoridades como una embestida.

¿Cuáles son las razones por la que la TE es resistida? Aquí nos detendremos en los fundamentos teórico-epistemológicos.

En primer lugar, por los sustentos en los que se basa esta transformación que no son, para nada, la construcción de un proyecto educativo común y democrático.

Conviene que el destino común sea decidido y puesto en práctica democráticamente. La interpretación actual de la globalización se opone a la conformación de opciones locales, nacionales, situadas en el hilo de la historia concreta. Esta globalización […] requiere el acatamiento de un pensamiento único, de modelos culturales poderosos pero ajenos. (Soler Roca, 2004, p. 30)

La TE actual se sustenta en una concepción de educación no como derecho ciudadano, sino como una inversión en la que el sujeto de derecho deja paso al sujeto “emprendedor” y en la que la educación pública es devastada para cumplir con las expectativas del mundo empresarial. ¿Qué sentido tiene, si no, la formación en “competencias” para la formación de sujetos funcionales al mercado de trabajo y al modelo hegemónico neoliberal?

Entrenar en competencias por encima de la enseñanza de contenidos supone un cambio profundo en la esencia del sistema educativo de nuestro país y en la formación y el perfil de quienes asisten y estudian, y el gran dilema (Liria et al, 2017) es entre la escuela pública y un gran mecanismo para formar personas precarias.

Las posibilidades de elaboración de un proyecto educativo nacional y autónomo son cada vez más lejanas e inalcanzables. Si ya eran difíciles de alcanzar en gobiernos anteriores, en el actual se tornan imposibles. A pesar de que los Congresos Nacionales de Educación celebrados durante gobiernos anteriores no representaron lo que esperábamos para nuestro sistema educativo, debemos decir que durante la actual Administración, ni siquiera se ha convocado una sola vez.

Es más, a partir de la aprobación de la Ley 19.889, de Urgente Consideración (LUC), la convocatoria no es preceptiva, sino voluntaria y optativa por parte del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Poder Ejecutivo.

En segundo lugar, la autonomía de la educación es una condición necesaria para liberarla de los vaivenes políticos y la rotación partidaria propia de la democracia de partidos. Cada vez más y de forma alarmante la autonomía de nuestra educación pública se ha ido reduciendo dramáticamente.

Desde un tiempo a esta parte (lo hemos abordado en nuestros artículos[1]), el incremento de los modos de control y los modos de evaluación se reflejan en la injerencia del MEC y el Poder Ejecutivo, los que desarrollan los principios rectores y las políticas educativas nacionales.

Desde la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) en el año 2008, la evaluación educativa está en manos externas a los propios órganos desconcentrados, lo que significa no solo la pérdida de autonomía -una más-, sino también la injerencia de organismos internacionales de crédito -también una más-: debemos recordar que este órgano se creó en función de un préstamo específico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Esta injerencia ha impedido un debate medianamente democrático de los criterios de evaluación: cambios sin consulta, flexibilización de los mínimos aceptables para la aprobación de los cursos, cambios realizados a mitad del año lectivo o a los pocos días de su finalización. Se ha minimizado la incidencia de las asistencias y eliminado el mínimo de faltas.

Todo esto revela una precarización de las condiciones para estudiar y para aprender, transformando el tránsito educativo en un trámite para pasar de año, hasta el punto de establecer que la repetición se dará solo en determinados tramos específicos.

La representación docente en los órganos desconcentrados de Primaria, Secundaria y Educación Técnica se ha visto eliminada luego de la aprobación de la LUC, lo que provocó, esto es innegable, la total pérdida de autonomía, al prescindir de la figura de los consejeros electos por los docentes, transformando los antiguos Consejos desconcentrados en Direcciones Generales.

Desde las autoridades educativas se ha promocionado a la TE como la solución a todos los males que afectan a la educación en nuestro país. Han promocionado el aprendizaje y la educación por competencias como la solución mágica de los problemas cuando, en realidad, es una de las manifestaciones del reduccionismo pedagógico, en aras de la eficiencia.

Es precisamente, en nombre de esta eficiencia, de la objetividad, la apoliticidad (Torres Santomé, 2017) y la supuesta neutralidad del hecho educativo que se oculta un apagón pedagógico y la reducción del papel de las y los docentes, bajo una Administración fiscalizadora, al de simples aplicadores de soluciones pensadas en otros ámbitos.

A fines del año 2020, realizábamos unos apuntes (ver Vadenuevo núm. 149) a modo de estrategias para enfrentar la TE. Desgraciadamente, ellos no han perdido vigencia. Vuelven a ser necesarios, aún más en este contexto.

Hoy seguimos sosteniendo la necesidad de denunciar en todos los ámbitos que nos sea posible el carácter regresivo y mercantilista de la actual TE: las salas de coordinación, las Asambleas Técnico Docentes liceales y nacionales, los ámbitos sindicales de participación y cualquier otra instancia que esté a nuestra disposición, esté o no habilitada o convocada por las autoridades y ya sean más o menos formales o informales. Es hasta un deber ético y una postura política. 

La ANEP ha destinado ingentes recursos económicos y de personal, incluyendo campañas en los medios masivos de comunicación, para promover la TE en todas sus instancias. Debemos ejercer nuestra réplica lúcida ante tamaño atropello.

En nuestras aulas no debemos ser cómplices de esta TE, no debemos trabajar acríticamente aplicando recetas que subleven nuestra condición de docentes críticos. Nuestra tarea debe impregnarse de resistencia lúcida, sin caprichos, con fundamento, a pesar de las dificultades y de las escasas posibilidades para incidir en las vidas de nuestras y nuestros estudiantes. Para que no sean formados en otros valores que no sean la libertad, la justicia, el conocimiento y la solidaridad como ciudadanas y ciudadanos críticos y comprometidos con su tiempo.

Esta TE es una reforma a espaldas de los docentes, humillante y regresiva. La asumimos como lo que es: una TE hecha por las autoridades de la educación sin nuestra participación, sin nuestros aportes, sin nuestras ideas. No solo que no las tomaron en cuenta -a fin de cuentas, eso es una decisión política-, sino que, además, pretendieron hacerlas pasar como parte de una oposición intransigente, de un constante “palo en la rueda”.

Nuestra oposición a la TE proviene de sus fundamentos, de su sustento teórico, de los valores que propone y del lugar en el que coloca al conocimiento y a las personas: en el margen de lo instrumental y no como herramienta para que construyamos nuestra propia libertad.