EL AÑO PREELECTORAL LLEGA RECARGADO

Cambios en el escenario político

El país ha vivido, en los últimos meses del año, situaciones políticas complejas, para decirlo de modo eufemístico. Mientras tanto, aunque las elecciones todavía están lejos, para los elencos partidarios y el gobierno no parece ser así. El tema emerge entre el vendaval de informaciones sobre hechos “de pública notoriedad”.

El oficialismo

El oficialismo tiene razones para preocuparse, aunque en realidad son preocupaciones del país. Pese a que Uruguay puede exhibir cifras bastante mejores que sus vecinos -para lo que no se necesita demasiado-, el rebote económico pospandemia y el “huracán” que desató el alza de los precios de los commodities han amainado y el combo “ingresos de las personas-tarifas-inflación-empleo” volvió a ocupar el primer lugar entre las preocupaciones de la gente. A esto contribuyó la merma de la pandemia -que estuvo al tope en la atención de la ciudadanía-, en cuyo manejo la mayoría reconoció más méritos que errores por parte del gobierno. 

Además del factor económico, luego de la tregua del coronavirus emergió la otra gran preocupación de la población: la inseguridad.

Respecto a la primera preocupación, el dato principal es que el volumen de los ingresos de los hogares y las personas cayó alrededor de cinco por ciento en el periodo. La cifra da cuenta, simplificadamente, de la afectación del nivel de vida del promedio de los uruguayos. Claro está que, de acuerdo a lo que cada cual perciba como ingreso, no se destina la misma proporción de este a lo imprescindible, como la alimentación o los servicios básicos. Cuanto menores sean los ingresos, más alta será la parte de los gastos que no pueden posponerse. Hay gente que está muy mal, otra no tanto, y están quienes, aunque hayan experimentado una baja de sus ingresos, mantienen un nivel de vida aceptable o bueno, lo que no siempre los aleja del coro cada vez más numeroso de los insatisfechos. El debilitamiento del dólar también trajo quejas desde los “malla oro”. 

Respecto a la otra gran preocupación, la inseguridad, el termómetro volvió a subir, pero su lectura da lugar a opiniones muy dispares. La oposición dice que la inseguridad está creciendo, lo cual no debería estar en tela de juicio si comparamos con uno o dos años atrás, mientras que el oficialismo sostiene que las cifras de varios delitos, como rapiñas o hurtos, son mejores (menos malas, habría que decir) que en 2019, lo que también es cierto. Asimismo, debería considerarse cuánto incidieron en esta baja los cambios en las modalidades delictivas, como, por ejemplo, el incremento de quienes se dedican al narcotráfico. 

La preocupación de los ciudadanos tiene que ver con el día a día más que con las cifras, que la mayoría no tiene en la cabeza. Y en este sentido, no es lo mismo comparar los delitos respecto a unos días o unos meses atrás, que comparar el presente con el 2019. La gente está preocupada por el mantenimiento y, en varias zonas, el agravamiento de la inseguridad, y no por la evolución de las estadísticas, que son necesarias para evaluar técnicamente el tema pero no para llevar tranquilidad a los vecinos. Es una confusión en la que han incurrido sucesivas Administraciones. 

Además, al país le cayó otra plaga de la mano del narcotráfico, delincuentes que pudieron actuar con impunidad en las cercanías del poder y funcionarios que, en varios casos, han sido extremadamente permisivos, así como contradictorios y confusos en sus declaraciones ante la Justicia, el Parlamento y los medios. Como consecuencia, se ha instalado una malla de sospechas, suspicacias y desconfianzas cuyas salpicaduras pueden llegar lejos. Incluso al sistema político en su conjunto, como suele suceder con las situaciones complejas, que terminan siendo confusas para el común de la gente. De todos modos, cuando estas situaciones son vinculables a esferas de gobierno, el costo político más alto lo paga el oficialismo, por lo menos hasta que desde la Justicia lleguen veredictos que deslinden responsabilidades.

Situaciones como las que involucraron al excustodia presidencial, a un peligroso narco prófugo y a dos ministerios preocupan en todo el sistema político, se lo reconozca o no, y ese estado de ánimo se ha ido trasladando a la población. El tiempo dirá cómo incide en ella esta serie de hechos. Aunque se trate de un asunto importante, y al que los elencos políticos deben prestarle la mayor atención, no hay que descartar cierta saturación entre la población, lo cual no es bueno para la salud democrática de una república.

Pero al margen de los costos políticos, el gran problema es el costo país. La institucionalidad del Uruguay es fuerte, pero en estos momentos exhibe debilidades como nunca antes desde la salida de la dictadura. Se están afectando la democracia -grave problema a nivel mundial, que también debería preocupar a los uruguayos- y la imagen del país, lo que conlleva, entre otros, perjuicios para la inserción internacional y la economía.

En la coalición gobernante también se teme por el impacto negativo para sus intereses políticos que pueda tener la reforma jubilatoria. De todos modos, y aun cuando se ponga en marcha en este periodo, las consecuencias no se producirán inmediatamente, lo que podría disminuir los costos electorales para el oficialismo. Tampoco la polémica reforma de la educación tendrá efectos rápidos. Generará, sí, muchos enojos. Ya lo está haciendo, en especial entre docentes. Pero la educación no gravita mayormente en las decisiones electorales, entre otras razones porque sus efectos (en cualquier sentido) se experimentan gradualmente. Las transformaciones en la enseñanza se dan, en general, mediante procesos de varios años, algo que el gobierno uruguayo no parece reconocer. 

Todo esto ha deteriorado la situación política de la coalición gobernante, cuyas diferencias internas se acentuaron. El primer mandatario, que hasta hace poco exhibía varias fortalezas, como la capacidad de comunicación, apela hoy a recursos como la frase “ustedes me conocen”, que le sirvieron en otros momentos para disipar dudas, pero que tras los últimos sucesos perdieron eficacia. El manejo del gobierno y la forma de relacionarse con la coalición que tiene el presidente han contribuido a incrementar sus dificultades. 

Todo ello está marcando una tendencia, pero sería aventurado hacer vaticinios electorales cuando, pese a la aceleración de los tiempos políticos, todavía falta para los comicios. 

La oposición

Por el lado de la oposición, el Frente Amplio (FA) se va fortaleciendo en su capacidad de movilización y en el ánimo de militantes y simpatizantes. Sin duda, la campaña sobre el referéndum de la Ley de Urgente Consideración (LUC) incidió fuertemente en esto; pese a no alcanzarse el objetivo, se exhibió una importante convocatoria popular. Actualmente, la campaña “El Frente te escucha” le está permitiendo acercarse a sectores con los que el relacionamiento ha sido insuficiente, en especial del interior. 

Está recuperando “desencantados” y crece en sus filas la confianza en alcanzar nuevamente el gobierno. (Sensación que tiene su contrapartida en el pesimismo que gana terreno entre dirigentes oficialistas.) El FA volvió a tener en las encuestas ese 40 por ciento que ha sido su base de adhesiones a mitad del periodo previa a sus mejores desempeños electorales.

Pero cuando esto sucede, puede ser atinado precaverse del triunfalismo y de la suficiencia, estimulada también por los crecientes problemas políticos que van acumulando los adversarios. En algunos mensajes públicos podrían detectarse señales que desde la dirigencia frenteamplista se deberían atender. En ciertos círculos no necesariamente vinculados a la orgánica del FA, aunque sí a sus espacios de colectivización, como las redes sociales, asoma a veces el “cuanto peor, mejor”.

El episodio que tuvo como protagonistas a jefes comunales con relación a la presidencia del Congreso de Intendentes puso de manifiesto problemas que pueden tener como causa una autocrítica insuficiente tras la derrota de 2019. Nunca sirvió anteponer intereses personales y sectoriales a los del partido, adelantando los tiempos electorales y generando situaciones que confunden y desalientan a muchos.

Ubicando la reflexión en la perspectiva electoral, el FA tendrá importantes “contras”. A diferencia de los periodos anteriores, está en el llano. Y, por consiguiente, se las tendrá que ver con quienes manejan el aparato del Estado, que además cuentan con respaldos financieros y mediáticos que la oposición no tiene. 

Por ahora, pese a los problemas referidos, el gobierno mantiene una considerable aunque decreciente base de apoyo popular. El país posee -en gran medida por lo que hizo el FA en sus quince años de gobierno- una sólida espalda financiera. Y pese a la política actual, o tal vez como consecuencia de esa política, que optó por priorizar la mejora de los números fiscales en detrimento de la atención a problemas sociales que se agravaron con la pandemia, el oficialismo llegará a 2024 con recursos como para “romper la chanchita”: bajar algunos impuestos y tarifas, atender situaciones sociales difíciles, incrementar ingresos en el sector público, otorgar “alivios” y beneficios a bastante gente. No es sencillo para la oposición denunciar la demagogia que puede haber en tales medidas, porque ellas contribuyen a aliviar situaciones, aunque no resuelvan los problemas de fondo. No siempre los voceros del FA se hicieron entender cuando criticaron la postergación de aumentos en los combustibles, por ejemplo.

Del mismo modo, si bien el país experimenta realmente los problemas en los que se centra la crítica de la oposición, en la comparación regional ha sido moderada la caída de los ingresos y del empleo (que tuvo una leve suba, pero con descensos en la calidad). Los uruguayos saben lo mal que están pasando los vecinos argentinos y otros pueblos latinoamericanos. Y es natural que se hagan comparaciones desde el oficialismo.

Por estos y otros motivos le podría convenir al FA, además de incrementar el accionar político en la sociedad, que es determinante, cuidar las formas de la comunicación, en especial con quienes piensan diferente o tienen dudas. 

Las dos mitades

El Uruguay es un país políticamente dividido en dos; aunque haya que matizar bastante esta apreciación, los resultados de elecciones y referéndums de los últimos años así lo indican. Sin embargo, entre esas mitades hay una franja de indiferentes e indecisos. Por ese espacio transitan los que pasan de una mitad a la otra. Puede representar actualmente del 10 al 20 por ciento de la población. Ahí se ganan y se pierden las elecciones en Uruguay.

Los resultados dependerán de qué suceda en el país en los dos próximos años y cómo se muevan los partidos, tanto en lo que hace a propuestas como a candidaturas, y cómo logren conectarse con la sociedad, en el mano a mano con la gente y en los mensajes que le llegan a través de los diferentes canales por los que discurre la política. 

Aunque en Uruguay no haya “grieta” a la manera argentina, los climas de confrontación deterioran la vida institucional de un país. Cansan a la población, que rechaza “peleas” entre políticos al percibir que no contribuyen a resolver sus problemas. La izquierda suele resultar especialmente afectada por las rispideces en los escenarios políticos en democracia, más aun cuando no tiene asegurada la mayoría ciudadana.

Gobernar de la mejor manera posible implicará para el Frente Amplio no solo promover la calidad del debate en el país, sino crear las condiciones para llevar adelante una nueva generación de transformaciones estructurales y nuevas políticas públicas. Según se anunció, se está trabajando en esa dirección con vistas al congreso programático que se realizará en diciembre de este año. El proceso no será sencillo porque persisten diferencias internas sobre temas importantes, que es otro de los escollos que deberá vencer el FA procesando un debate exigente y en unidad. Pero el desafío programático -asunto clave- no es tema para abordar en esta oportunidad.