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VADENUEVO DE COLECCIÓN: DEL NÚM. 3 (DICIEMBRE DE 2008). LA CRISIS FINANCIERA Y LOS PAÍSES EN DESARROLLO

 Publicado: 01/03/2023

Impactos, responsabilidades y propuestas


Por Alma Espino


¿Cuánto compromete esta crisis al bienestar de los países de América del Sur?

Los mercados de bonos de varios de los países de la región (Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela) han sido afectados, así como la mayoría de las bolsas de valores y varias monedas. Se ha producido una abrupta caída en los precios de las materias primas en los últimos meses, que ha reducido los ingresos por exportaciones y fiscales en Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Perú, Chile y Uruguay, donde, anteriormente, los altos precios para los cultivos agrícolas, minerales e hidrocarburos contribuyeron a que se diera un periodo de crecimiento económico excepcional durante los últimos años.[1]

En las últimas décadas, la volatilidad del crecimiento ha sido la característica más sobresaliente de las economías de la región, cada vez más vulnerable a los choques externos de los términos de intercambio y financieros. Según CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), es la región con mayor volatilidad del mundo en desarrollo, habiéndose visto afectadas la frecuencia y amplitud de los ciclos económicos. Si bien los distintos episodios de crisis no han impactado a todos los países de la región con la misma intensidad, estos se han traducido en una significativa contracción de la actividad económica, y particularmente de los niveles de inversión. Ello ha implicado pérdidas en el bienestar de millones de habitantes, aumento de la cantidad de personas en condiciones de pobreza e incremento de la desigualdad. Las economías se recuperan, pero estas crisis dejan tras de sí profundas huellas en las sociedades, reflejadas en mayor segmentación social y exclusión.

¿Cuál es la gravedad de esta crisis? ¿Se trata solamente de una crisis financiera?

Según George Soros: “la suposición general es que se trata de una recesión como cualquier otra, y el hecho de que esta fase recesiva sea una declinación de un ciclo de largo plazo, no está en los análisis. Todas las recesiones que existieron luego de la Segunda Guerra Mundial ocurrieron mientras el ciclo del crédito estaba en expansión, pero la recesión que actualmente estamos o no enfrentando, ocurriría cuando la capacidad de préstamo en la economía real se está contrayendo. Esto crea una situación que no tiene precedentes en la historia”.[2]

El golpe en la esfera real de la economía y sus repercusiones en el empleo y, cabe esperar, en los ingresos laborales y de los hogares, parece darse más rápidamente de lo que muchos pronosticaran. En las Perspectivas de la Economía Mundial del FMI (Fondo Monetario Internacional), publicado el 8 de octubre de 2008, se prevé 3,2% de crecimiento global para 2009, por debajo de su previsión de 4,6% para 2008. En 2006 y 2007 las previsiones eran de 5,5% y 5,6%, respectivamente. El Secretario General de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), Juan Somavía, señalaba pocas semanas atrás: “Necesitamos acciones gubernamentales rápidas y coordinadas para evitar una crisis social que podría ser grave, duradera y global”.

Por su parte, CEPAL, a través de Alicia Bárcena, su Secretaria Ejecutiva, ha manifestado que: “En este contexto, a pesar de que la región se encuentra hoy en mejores condiciones macroeconómicas que en crisis pasadas, la crisis actual la afectará negativamente. De hecho las proyecciones de crecimiento se han ajustado sensiblemente a la baja, situándose en torno al 2,5% para 2009”.[3]

Si bien algunos analistas señalan que el hecho de que los países de la región no tengan vínculos tan fuertes con la economía estadounidense, que sus instituciones financieras no adquirieran los títulos “tóxicos” con garantía hipotecaria y otros “activos problemáticos” y tampoco tomaran parte en el tipo de sobreendeudamiento y otras prácticas riesgosas -elementos que han operado como obstáculos a mayores impactos-, no puede omitirse que estos países están vinculados fuertemente a la economía mundial a través del comercio y de la inversión y, por tanto, los efectos de la desaceleración económica mundial no se harán esperar.

Crisis financiera, liberalización comercial: responsabilidades compartidas

Frente a estos hechos, el 12 de noviembre de 2008, el Director General Pascal Lamy comunicó a los embajadores ante la OMC (Organización Mundial del Comercio) que en la reunión que había mantenido ese día con expertos se había “confirmado el grave deterioro del mercado de la financiación del comercio”. Lamy instó a los gobiernos a tomar medidas para cubrir la falta de liquidez en la financiación del comercio, y agregó que la conclusión de la Ronda de Doha “ahora es incluso más deseable”. Pero este llamado no menciona que la conclusión de la Ronda podría implicar mayor liberalización de los servicios financieros.

La Ronda de Doha insta a los países en desarrollo a abrir sus mercados mucho más que a los desarrollados, lo cual va en contra de los principios de la propia Ronda y desconoce la responsabilidad de los países desarrollados en la crisis. Lejos de ser la Ronda del desarrollo propuesta, gira en torno a la desregulación y la minimización de la responsabilidad de los gobiernos. Se insiste en la fórmula “más mercado, menos Estado”, pese a que la crisis financiera ha mostrado que esto solamente aumenta la brecha entre pobres y ricos, y que el mercado es incapaz de tomar en cuenta las preocupaciones sociales y ambientales.

Estas propuestas refuerzan la inestabilidad y la desregulación financiera debido a los compromisos que se asumen, tanto a partir del Acuerdo General de la OMC sobre el Comercio de Servicios (AGSC) como los compromisos que se asumen en los tratados de libre comercio. Recordemos que, desde 2002, la Unión Europea ha reclamado a diferentes países en desarrollo (claramente a Brasil, Chile e India, para que los servicios financieros provistos por extranjeros estén autorizados a introducir cualquier tipo de nuevos servicios financieros) remover regulaciones específicas que podrían aplicarse en situaciones de crisis financieras.

Los países que se han liberalizado completamente bajo el AGCS o TLC (Tratado de Libre Comercio) con la Unión Europea, por ejemplo, sin añadir condiciones, no están autorizados a introducir medidas particulares o legislación que limite el número de oferentes de servicios o el valor de las transacciones de los servicios. Por su parte, los flujos de capital pueden moverse libremente si están relacionados al comercio.[4]

¿Prestadores de última instancia?

En un reciente artículo el economista Danny Rodrik señala que los mercados emergentes no poseen “el único instrumento que los países avanzados han empleado para contener sus pánicos financieros: los recursos fiscales o la liquidez nacionales”.[5] En consecuencia, establece que el indispensable apoyo del exterior para estos países debería provenir del FMI y los bancos centrales de los países del G7, como prestadores mundiales en última instancia, de manera de facilitar liquidez, rápidamente y con pocas ataduras.

La Cumbre extraordinaria del Grupo de los 20, presentó, al finalizar, un “plan de acción inmediata” y, más que medidas específicas, se acordaron una serie de lineamientos que dan marco a transformaciones futuras: promesa de reformular el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (BM) para dar mayor espacio en su conducción y más poder de voto a las naciones en vías de desarrollo. De más está decir que las medidas propuestas se deberían haber adoptado hace mucho tiempo para corregir las brechas más evidentes en materia de transparencia y regulación.

La reestructuración de los organismos de crédito fue una de las banderas que levantaron los países en desarrollo en su conjunto, con el decisivo respaldo de China. Sin embargo, la presidenta del FMI ha anunciado que no asistirá a la Conferencia de Doha sobre Financiamiento para el Desarrollo, a realizarse en Catar el 29 de noviembre, lo cual se ha considerado “una señal acerca de la poca seriedad con la que el FMI toma los desafíos que se encaran y cómo se percibe su rol como socio solidario en la comunidad internacional de naciones y organizaciones”.[6] O sea, el FMI estaría mostrando su falta de interés en involucrarse en una discusión acerca de su papel en la arquitectura financiera internacional con las Naciones Unidas (NNUU) y la sociedad civil. En esta conferencia, los gobiernos del mundo, en medio de esta crisis, se encontrarán para reafirmar el Consenso de Monterrey de 2002 con los compromisos de “erradicar la pobreza, lograr crecimiento económico sostenido y promover el desarrollo sostenible”, así como el avance “por un sistema económico global inclusivo y equitativo”, y evaluar los progresos.

Para algunos críticos, la reunión del G20 “solo refuerza el status quo [sic]; el mismo antiguo sistema financiero dirigido por los EEUU. De hecho, parece que hay un consenso creciente sobre la necesidad de que sea el FMI el que encabece los programas que den liquidez a los países en desarrollo que están siendo machacados por la crisis. Es un importante paso atrás. [...] Las reuniones están dando oxígeno a las fallidas políticas neoliberales, que deberían haber sido canceladas para siempre”.[7]

En todo caso, la voluntad de establecer las reformas en la arquitectura financiera internacional no se visualiza demasiado, mientras se generan dudas acerca de la capacidad y legitimidad de los principales actores internacionales, que representan los intereses de los países desarrollados. Diversas organizaciones de la sociedad civil comprometidas con estos procesos cuestionan la legitimidad del G8 o del G20 para tratar la “crisis sistémica”, considerando que la propuesta del último acerca de una nueva arquitectura financiera o su reforma no es nueva o un punto de partida radical: estos temas se han discutido desde los 90 y deberían ser tratados en la Conferencia del Financiamiento para el Desarrollo de Naciones Unidas.

En este momento hacer menos es simplemente un cambio cosmético

Por su parte, no parece suficiente como propuesta de cambio la inclusión de algunos países en desarrollo en la estructura de decisiones del FMI y el Banco Mundial. Las políticas macroeconómicas inducidas por ambos organismos han fallado consistentemente en generar condiciones para el desarrollo e, incluso, el crecimiento económico. Estas políticas necesitan ser repensadas significativamente, desarrolladas e implementadas a través de un proceso más inclusivo y democrático, en el que las organizaciones de la sociedad civil le otorguen el liderazgo a las NNUU.[8]

En este sentido, las organizaciones de mujeres y feministas reunidas este mes en Cape Town en el Foro de AWID señalan en su proclama que la “Ronda del Desarrollo” falló porque no trataba las necesidades críticas de los países en desarrollo: erradicación de la pobreza y un bienestar sostenible. Añaden que la conclusión más exitosa de la Ronda no puede lidiar adecuadamente con la crisis alimentaria, energética o financiera. Más aun, señala que Doha ha estado implicada en la crisis alimentaria, que es inútil para resolver la crisis energética, y que no tiene mecanismos para enfrentar la crisis financiera, mientras en cambio reforzará las políticas neoliberales (liberalización comercial, privatización, desregulación de los mercados, etcétera).

En síntesis, a pesar del reconocimiento acerca de que el mercado ha fallado en regularse a sí mismo, y que es necesaria la intervención pública, así como una regulación financiera adecuada previo a la liberalización, existe un vacío de discusión acerca de estos temas y de la incidencia del acuerdo del comercio de servicios y los TLC sobre el sistema financiero y sobre la capacidad de los países de regular y supervisar según sus propias necesidades. La reforma financiera en aras de lograr transparencia, gobernabilidad y responder a las necesidades del desarrollo, la equidad y la erradicación de la pobreza, requiere la participación de la máxima representación de los gobiernos, las agencias multilaterales y la sociedad civil. Las Naciones Unidas con sus limitaciones y obstáculos puede ser todavía el espacio multilateral más apropiado para lidiar con la crisis sistémica.

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