VADENUEVO DE COLECCIÓN: DEL NÚM. 81 (JUNIO DE 2015). “POLÍCRATAS Y TECNOLÍTICOS”

¿Qué le pasa a Chile?

Chile parece estar en la mala. A las catástrofes naturales de los últimos tiempos debemos sumarle una desaceleración de la economía, una fuerte corrupción y un creciente desinterés y distanciamiento de la población respecto del sistema político y sus representantes, partidos y políticos, que llevó a una importante abstención en las últimas elecciones, desinterés y apatía política.

La forma de transición a la democracia, la institucionalidad heredada, sus consecuencias y los nuevos-viejos actores, parecen estar en la génesis de este creciente malestar ciudadano. Una transición que hereda a su dictador Pinochet, y como consecuencia de ello un fuerte contralor sobre la competencia política, junto a una fuerte bipolaridad en torno al eje dictadura-democracia que divide a la sociedad casi a la mitad. Esta institucionalidad restringida, heredada de la dictadura, favoreció una forma de hacer política con base en una legitimación funcional o tecnocracia que parece establecer, de manera implícita, la idea de que la política, y por lo tanto, los políticos, ya no son instrumentos suficientes, eficientes y válidos.

Las movilizaciones estudiantiles de los últimos años, que incluyen a una parte importante de las sociedad -clase media emergente, que no logra encontrar su lugar en una sociedad fuertemente desigual, y con poca movilidad social-, han sorprendido a los sociólogos y politólogos que estudian el caso chileno, tanto por lo sorpresivas como también por su fortaleza y extensión en el tiempo. Estas movilizaciones se desarrollan en un marco de descontento general de la sociedad y van más allá de lo referido estrictamente a la educación. Trabajos estadísticos[1] muestran que aproximadamente 7 de cada 10 estudiantes provienen de hogares donde no existía educación superior; pero también los números muestran que 6 de cada 10 jóvenes que terminan la secundaria no “entran a nada”. Estudiantes, hijos de padres sin antecedentes universitarios, con títulos entregados por instituciones educativas de dudosa calidad y familias endeudadas, son la base de las movilizaciones y protestas, dejando dudas en un sector de la academia sobre el manejo de hipótesis y datos que vinculan el desarrollo económico con el éxito de los sistemas democráticos y sus diversas formas de representación.

En la actualidad, la sociedad chilena se encuentra polarizada ideológicamente, por lo que el ejercicio de gobierno implica desafíos y reacomodos continuos. Una de las tareas principales de la política democrática se vincula con la posibilidad de distender el antagonismo potencial que existe en las sociedades, mediante la construcción de vínculos comunes entre las partes en conflicto, de forma tal que los oponentes no se traten como enemigos que deben ser eliminados o tomen sus demandas como ilegitimas. La política democrática busca, en este relacionamiento, los consensos que permitan la acción, el acuerdo y el desarrollo de lo público más allá del poder.

La movilización de una parte de la sociedad, por el motivo que sea, requiere de la politización que surge del conflicto de intereses. Los reclamos pueden ser legítimos o no, pero en todos los casos suponen una representación conflictiva del mundo, generan tensiones y demandas con las cuales la población se puede identificar y movilizar. El sentido de la política es la libertad, que está ausente en las experiencias totalitarias, donde la vida entera está politizada en una única dirección.

Para una representación política efectiva de la sociedad hacen falta partidos políticos fuertemente institucionalizados. La democracia chilena, además de incluir elecciones periódicas limpias, ha sido históricamente el sistema por el cual la sociedad construye relaciones de no-dominio entre los ciudadanos, consolidándola en sus tres dimensiones: civil, social y política. En esta construcción democrática, uno de los instrumentos con los que contó históricamente la sociedad para promover el ejercicio democrático permanente son los partidos políticos, los cuales fueron y son ejemplos para la región. Sumados a un Estado fuerte y con bases constitucionales, garantizan los derechos ciudadanos.

La transición en Chile heredó/generó un conjunto de instituciones que motivaron/desarrollaron un sistema político incapaz de dar respuestas a sociedades cambiantes. A esto se le suma la escasa competencia entre partidos debido a la fuerte convergencia programática y el corsé electoral binominal,[2] que fue instrumentado por la dictadura y negociado con los partidos políticos. Ello se realizó, por un lado, con el fin de reducir la fragmentación del sistema de partidos; y por el otro, como forma de asegurar a la derecha una importante representación en el Congreso. De esta forma se introdujo un sistema electoral con circunscripciones que permite elegir dos representantes, pero donde cualquier competidor que alcanza un mínimo del 33,3 % de los votos se asegura una banca. Por el contrario, ningún competidor que no supere 66,6 % de los votos podrá obtener las dos bancas en disputa, cuya consecuencia implica el distanciamiento de los partidos de una parte importante de la sociedad, y que determina una representación baja o casi nula de las minorías.

En un sistema político institucionalizado, como lo es el chileno, los partidos son actores relevantes, que permiten canalizar las demandas de la sociedad, facilitando el conocimiento de los intereses del electorado y comprometiendo a sus representantes en la instrumentación de estas demandas. En sociedades democráticas, y con pleno funcionamiento de sus instituciones, los partidos son herramientas a través de las cuales los ciudadanos se expresan, debaten y elaboran el camino por donde se realiza la inclusión de importantes sectores de la sociedad. Su debilitamiento provoca una pérdida de calidad democrática, por lo que es necesario adaptarse a los cambios, generando nuevas herramientas y estrategias. El fortalecimiento de los partidos es clave para el funcionamiento de una democracia, ya que son instrumentos válidos en la construcción de una democracia fuerte, generando controles y equilibrios institucionales. Los partidos políticos institucionalizados ayudan a controlar y contener el conflicto, canalizándolo hacia lo electoral y representativo, es decir, hacia interlocutores validados por la sociedad, que a la vez deben contar con la confianza y seguridad de esta.

A la débil representación de los partidos chilenos, producto entre otras causas, del sistema binominal, se suma un sistema presidencial en que el presidente ejerce un fuerte liderazgo personalizado y generalmente distante de los partidos políticos y del Congreso. Si bien las reformas introducidas luego de la dictadura limitaron algunas de las competencias otorgadas al presidente por el régimen militar, la presidencia chilena es una de las más fuertes de la región. Cuenta con amplias e importantes potestades que permiten, entre otras cosas, un fuerte control sobre el funcionamiento del poder legislativo y, como consecuencia de ello, el debilitamiento de los partidos políticos y sus representantes.

La poca representatividad de los partidos y sus líderes -más allá de su institucionalización- deja el camino abierto a la colonización del sistema político y el gobierno por tecnócratas, dejando de lado al representante político. Desde la visión tecnocrática, el político simplemente acata o implementa directrices que en algunos casos vienen de arriba por mandato político, no cuestionan la legitimidad ni la efectividad y poseen visiones anticuadas, limitadas, principistas o electoralistas, que a la larga boicotean las reformas.

El tecnócrata es racionalista y puede llegar a ser elitista, pero en todos los casos su mentalidad es científica. Justifica su posición dominante en el conocimiento especializado que tiene o cree tener y que puede aplicarse a la dirección del Estado. De esta forma, la estructura político-institucional debe adaptarse a las exigencias de la razón: los valores del conocimiento científico son superiores a los del debate político, el mercado es determinante para llegar a la mejor resolución de dicho conocimiento y no puede ni debe ser perturbado por el conflicto político y social.

La presencia de tecnócratas -en la realidad política de América Latina y de Chile en particular- no supone únicamente la presencia de cuerpos técnicos en el gobierno, sino que también hace referencia a la influencia de una ideología determinada; ya en los gobiernos militares de la década del 70, los regímenes burocrático-autoritarios[3] y la presencia de economistas fue generalizada. Para estos gobiernos y sus tecnócratas existían valores del conocimiento científico superiores a los del debate político: el mercado era determinante para llegar a la mejor resolución de dicho conocimiento y no podía ser perturbado por el conflicto político y social. Entre militares y tecnócratas siempre existió una fuerte afinidad; la fe en soluciones técnicas y apolíticas iba acompañada por un fuerte rechazo a todo lo vinculado con la política y la política de partidos.

La dictadura de Pinochet se extendió desde 1973 hasta 1990, dejando secuelas de represión y autoritarismo y anulando toda posibilidad de acción política. El éxito económico de la dictadura potenció, por un lado, el desempeño del conocimiento experto sobre el político. Por otra parte, generó una importante clase media, pero rodeada de la inequidad e incertidumbre propias de una economía de mercado, con demandas que cubrían y cubren un importante espectro: étnicas, sociales, de servicios y constitucionales.

Por la forma de la transición, los tecnócratas vieron restringido su campo de acción. Una vez consolidadas las alianzas políticas y la paulatina eliminación de los enclaves autoritarios del sistema jurídico, la economía retomó su centralidad y con ello los tecnócratas encontraron una ventana de oportunidades. Su creciente influencia se potenció por un gran debilitamiento de las fuerzas que tradicionalmente se le oponían, como podían ser los partidos tradicionales de izquierda. Para estos partidos, negarlos era presentarse ante sus electores como enemigos del éxito de Chile y llevar sombras sobre el futuro de la nueva democracia. De esta manera, los líderes políticos no pudieron más que recurrir a los tecnócratas como forma de legitimación, formando equipos de trabajo, como asesores o produciendo informes, aunque no siempre logrando buenos resultados.

Actualmente, la clase política y los partidos, limitados por un sistema electoral heredado, poco se identifican con las demandas de la sociedad. Las denuncias de corrupción, al más alto nivel y el creciente relacionamiento entre grupos económicos, partidos y políticos generan mayor apatía y desconfianza en la población hacia lo político, generando campo fértil para la tecnocracia. Desde entonces, los tecnócratas chilenos han desempeñado un papel estratégico en la conducción de negociaciones tendientes a obtener créditos y ayuda financiera en el exterior. Además, los antecedentes académicos comunes con expertos financieros extranjeros les permiten legitimar su presencia en puestos clave. El mantenimiento de las políticas económicas de la dictadura fue una constante en democracia; para los nuevos gobiernos, cambiar determinadas políticas -como en la economía y la educación-, en el contexto de una democracia aún débil, podría conducir a crisis indeseables o a generar descontento y desconfianza dentro y fuera del país.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Más allá de los antecedentes históricos que marcan la presencia del conocimiento experto en los gobiernos anteriores a 1973, es a partir del régimen autoritario de Pinochet que su participación se hace más destacada y determinante. Los gobiernos democráticos posteriores encuentran una tecnocracia influyente y exitosa, en un entorno de herencias institucionales -pautadas en la transición- que llevan a su consolidación, pero que producen importantes déficit políticos y un creciente malestar hacia la política y su entorno.

A pesar de una democracia histórica y consolidada en un contexto de fuerte economía de mercado, Chile sostiene un sistema electoral excluyente y deficitario. Sus partidos políticos, históricos e importantes -con fortaleza tal vez, pero quizás sobredimensionados por la academia- siguen siendo deficitarios y poco receptivos. Como consecuencia de ello, se desarrolla una centralidad tecnocrática que, además de ser histórica y en gran medida apolítica, pasa a ser determinante y excluyente.

La fortaleza histórica de los partidos políticos chilenos está en duda y abre interrogantes para el futuro. El sistema electoral heredado vigente desplaza indirectamente el poder con base política a favor de la administración tecnocrática, generando además partidos políticos de dudosa fuerza institucional y representativa. Para mitigar esta creciente influencia, el sistema político debe adquirir centralidad y legitimidad; para lograrlo se hacen necesarias, pero no suficientes, las reformas institucionales y electorales. Pero también un nuevo rumbo en las decisiones y la ética de sus políticos y representantes, que implique modificaciones que permitan generar una socialización política consistente, diferenciar los intereses particulares de los generales, los problemas estructurales de las causas coyunturales.

Los jóvenes y una parte importante de la sociedad, con las movilizaciones, ganaron legitimidad; pero no así el poder representativo. La institucionalidad política vigente no da respuestas a las demandas y por su parte busca soluciones por fuera del sistema político.

La democracia surgida en Chile, luego de los años de autoritarismo, es diferente a la de los periodos democráticos anteriores. La transición fue programada y pautada desde arriba, con un régimen autoritario que negoció e institucionalizó las condiciones, con altos contenidos antidemocráticos y con modelos de gestión muy precisos, sobre todo en la educación y la economía. Con imperfecciones, limitaciones y restricciones, se reconstruyó un sistema democrático que podía ser útil y acordado para la salida del autoritarismo, pero que hoy se hace necesario modificar porque no da respuestas políticas a las demandas de la sociedad y produce un creciente malestar y desinterés hacia la política y respecto de ella.

Una parte importante de los ciudadanos percibe que ha perdido el control sobre lo que sucede en los gobiernos; ese control se apoya en el conocimiento experto o tecnocrático, fuertemente potenciado por importantes déficit políticos e institucionales. La tecnocracia colonizó los diferentes gobiernos de forma no siempre legitimada; de su discurso y herramientas se apropiaron tanto la derecha como la izquierda y generan una creciente influencia del conocimiento experto sobre la política. Para contrarrestar esta influencia creciente es necesario realizar cambios institucionales importantes que fortalezcan la dimensión política por sobre la técnica. Este fortalecimiento implica el pasaje a instituciones políticas modernas y participativas, que logren generar contrapesos para limitar un presidencialismo exacerbado. A partir de ello, otorgarle al Congreso un rol que sea percibido por la ciudadanía como real e importante; de esta forma, renovar-construir partidos políticos que constituyan cauces de opinión y jerarquicen problemas, modificando el sistema electoral para que sea partícipe de la diversidad política, cultural, étnica y social, al tiempo que no se afecte la gobernabilidad.

La democracia chilena requiere, fundamentalmente, representatividad y participación como forma de legitimación para el ejercicio de la gestión pública, junto con capacidad técnica. En una población acostumbrada a gobiernos más o menos eficientes, la desmovilización política ayuda a construir la legitimidad de los tecnócratas. El desencanto con los procesos políticos tradicionales, la apatía y los déficit de representación política hacen que una parte de la sociedad se comprometa a la participación mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información, creando así una nueva “esfera pública”, donde los ciudadanos deliberan y debaten: la negación de la política está construyendo otra forma de hacer política sin intermediarios.

El problema no se centra en si hace falta más o menos tecnocracia para lograr la gobernabilidad. El déficit se encuentra en las políticas y en la posibilidad de alcanzar reformas de consenso en un entorno de estabilidad política, progreso económico, bienestar social y equidad. Es preciso buscar acuerdos básicos: la democracia chilena requiere de partidos políticos fuertes, modernos y organizados, pero también de una administración seria y profesional, que ayude a potenciar la confianza ciudadana. La tecnocracia, y los gobiernos que se apoyan en ella, se legitiman en la medida que se generalizan las demandas y el sistema político no brinda soluciones políticas adecuadas.

Los nuevos tiempos parecen exigir otro vínculo con la ciudadanía, un nuevo vínculo que no pasa por debilitar o anular esta tecnocracia, sino por fortalecer el sistema político-partidario. Esta democracia moderna requiere fundamentalmente representatividad, participación y capacidad técnica como forma de legitimación para el ejercicio de la gestión pública. Se necesitan políticos que acumulen en sus personas una doble legitimación: la representativa, basada en la comparecencia electoral, y la funcional, basada en el saber especializado.

En el Chile actual, con su porcentaje importante de abstención, la legitimidad que se consigue con el voto ya no es suficiente. Las reformas deben ser políticas, lo que requiere cambios profundos más allá de lo técnico-administrativo. Si no se producen estos cambios en la institucionalidad heredada, la influencia tecnocrática probablemente se consolide y sea aún más determinante.

El futuro puede determinar neologismos como polícratas y tecnolíticos[4], es decir políticos con conocimientos en gestión, que garanticen una buena distribución de los recursos -que siempre son escasos- y tecnócratas con base política, que no olviden que detrás de los indicadores existen realidades sociales y culturales diferentes. El desafío no es terminar con la tecnocracia, pues en la actualidad es cada vez más necesaria debido a la especificidad creciente de los temas. El desafío es generar un sistema político que subordine lo técnico a lo político. Se vuelve necesaria una política de calidad y responsabilidad, que brinde respuestas al presente y construya el futuro.