GOBIERNO DE CERCANÍA

Un nuevo impulso al tercer nivel de gobierno

Contrariando lo que algún analista ha señalado, el programa del Frente Amplio está lejos de haberse agotado. Así lo demuestra el proyecto que el Poder Ejecutivo está elaborando con el objetivo de reforzar el tercer nivel de gobierno, lo que significa generar un nuevo impulso a la descentralización del país.

Se trata, sin lugar a duda, de un tema de extraordinaria importancia en el que se ha ido avanzando a paso tal vez lento pero seguro. Hasta el momento son varios los esfuerzos realizados en ese sentido, a sabiendas de que se lucha contra toda una tradición de macrocefalia montevideana que en el pasado, y aún hoy, significa una rémora pesada para la mitad de la población que habita en el mal llamado “interior” de la República.

Por un lado se ha afianzado la institucionalización del Congreso de Intendentes mediante el cual se ha logrado homogeneizar una serie de aspectos en materia de gestión y convivencia. Por otro lado los centros educativos, en especial aquellos de nivel terciario, se han acercado a las comunidades departamentales no montevideanas. La práctica consecuente consistente en celebrar consejos de ministros en localidades que cubren toda la geografía del país ha permitido que quienes gobiernan puedan tomarle el pulso a los reclamos de toda una población que durante décadas estaba alienada de toda posibilidad de diálogo directo con los gobernantes. Se trata de un proceso que no sido valorado en todas sus dimensiones y cuyos logros no se deben exclusivamente a los gobiernos del Frente Amplio, aunque sin el compromiso de los mismos difícilmente se hubiesen alcanzado.

No se trata únicamente de cumplir con el programa frenteamplista; el ejercicio cotidiano del poder político permite visualizar problemáticas que van apareciendo en el camino y que exigen una respuesta. Otras veces una buena gobernanza, como se dice ahora, exige aprovechar oportunidades no previstas en ningún programa, como ocurrió con la implementación del Plan Ceibal, que a su vez creó la posibilidad de generar el plan Ibirapitá.

No obstante, el paso que el Poder Ejecutivo se dispone a dar tiene una diferencia cualitativa respecto a todas las iniciativas mencionadas más arriba. Se trata de darle un fuerte impulso a la descentralización política del país, un impulso que conlleva enormes posibilidades de potenciar la economía, la convivencia y la cultura del país. Por los datos dados a conocer hasta el momento el proyecto puede tener, con el andar del tiempo, un impacto muy importante en todas las dimensiones del quehacer nacional.

Durante la primera administración de Tabaré Vázquez, se gestó una iniciativa finalmente aprobada en setiembre de 2009. Por medio de esta ley se crearon los municipios departamentales configurando un tercer nivel de gobierno. Ahora, diez años después, se entiende que aquella iniciativa no fue suficiente y debe ser profundizada. Para ello hay que redimensionar el alcance de la municipalización. Los 112 municipios creados en el año 2009 incluían a las poblaciones con 2.000 o más habitantes. Estos municipios abarcan el 31 % de la superficie territorial del país y en ellos vive el 73% de la población. Ahora se busca hacer obligatoria la existencia del tercer nivel de gobierno en poblaciones de más de 1.000 habitantes, lo que significará cubrir la mayor parte de la geografía del país.

El año pasado el gobierno central transfirió 1.008 millones de pesos para financiar la gestión de los municipios, una cifra francamente ridícula. En los hechos no puede concebirse un efectivo funcionamiento de las autonomías locales si no hay una dotación financiera adecuada. Incrementar el presupuesto destinado a las Juntas Locales sin una contrapartida de compromisos tácitamente expresada puede conducir a un despilfarro contraproducente. Por eso el proyecto en estudio propone incluir normas que aseguren la transparencia en el gasto y la obligatoriedad de elaborar un proyecto de desarrollo quinquenal por parte de las Juntas Locales. Resulta indudable la ventaja que conlleva un enfoque de este tipo. Con esta medida las autoridades locales se verán obligadas a pensar con rigor la mejor manera de utilizar el gasto, lo que redundará en una mayor capacitación de los integrantes del tercer nivel de gobierno en la gestión eficiente de los recursos y, en muchos casos, obligará a consultar a los pobladores bajo su responsabilidad.

El proyecto contiene, además, otros aspectos que son más discutibles. Uno de ellos incluye modificaciones en la integración de las Juntas Departamentales. Hace tiempo que el número de integrantes de las Juntas Departamentales – segundo nivel de gobierno, contralor de las decisiones de las Intendencias, elaboración del presupuesto – está marcado por una clara irracionalidad. No es posible entender cómo departamentos que tienen 40.000 habitantes tengan 31 ediles, al igual que Montevideo. Ya hubo, bastante tiempo atrás, un proyecto de reforma parcial de la Constitución que atribuía a cada departamento el número de ediles de acuerdo a su población. Dicho proyecto fue sometido a plebiscito y lamentablemente la respuesta de la ciudadanía fue negativa. No es de recibo el argumento de que el número de ediles no interesa demasiado ya que se trata de cargos honorarios, que no tienen peso en el presupuesto. En realidad, con el correr del tiempo los gastos que generan los ediles han ido en aumento mediante numerosas prebendas no muy transparentes, tales como viáticos, contratación de secretarías que sí poseen un sueldo, y otros mecanismos sobre los cuales se habla poco. De todos modos este aspecto del nuevo impulso que se pretende conferir al tercer nivel de gobierno será un punto de resistencia no menor.

Un segundo punto que será controvertido es la propuesta de que el alcalde no sea electo en base al voto popular, sino que sea la Junta Local el organismo encargado de designarlo. Se trata, a mi juicio, de una opción interesante que no lesiona la esencia democrática de las autonomías locales.

Estas consideraciones preliminares sobre un proyecto que está en plena elaboración pretenden apoyar con énfasis la importancia de que el país concrete este paso, que tendrá una clara proyección de futuro. Sin bien se trata de una propuesta de descentralización política, debe entenderse el impacto que tendrá, con el correr del tiempo, sobre la economía de los territorios del país, sobre la educación, la seguridad, la salud y todos los aspectos de la realidad nacional. No se trata de una transformación mágica, de un día para el otro, de la más que necesaria descentralización del país. Este tipo de iniciativas exigen un tiempo de maduración, requieren del aprendizaje de los actores implicados a lo largo del tiempo y supone, por ello, un proceso de formación política para todos los implicados: tanto para los representantes de las comunidades como para los integrantes de las mismas.

Es de esperar que durante el trayecto parlamentario de este nuevo proyecto de ley no predominen los cálculos pequeños y oportunistas. No es menor el dato según el cual en todos los partidos políticos, y aún dentro de algunas agrupaciones incluidas en ellos, las opiniones sobre este importante asunto se encuentran divididas.