DESPUÉS DE LA CRISIS

¿Una nueva generación de políticas sociales?

Los gobiernos firman cheques

Frente a la pandemia los gobiernos, unos más otros menos, abrieron la billetera para apoyar a empresas y familias. 

Sin pensarlo mucho, aceptaron que el Estado debía asumir un papel fundamental en la reducción del impacto de la crisis económica y sanitaria. Algunos gobiernos, alentados por buena parte de la opinión pública, olvidaron sus convicciones y pronunciamientos anteriores sobre la necesidad de achicar el Estado, y adoptaron baterías de medidas de dimensiones sin precedentes. ¿Quién podía imaginar en enero de 2020 que, poco después, Donald Trump distribuiría cheques a diestra y siniestra -eso sí, con su nombre y apellido bien visibles-, sin pedir otra cosa que firmar un recibo?

El impacto de esa intervención política ha sido muy importante. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que “el apoyo fiscal mundial por valor de 14 millones de millones de dólares ha contribuido a salvar vidas, mantener medios de vida y ha atenuado los efectos de la pandemia en el consumo y la producción”.[1]

Aumentos del gasto de tal magnitud exigieron a los gobiernos reunir urgentemente fondos, propósito que tropieza con la notoria caída de sus ingresos. El resultado inevitable ha sido, por un lado, la escalada del déficit fiscal, que llegó al 13% del PBI en los países avanzados y a 10% en los demás; y seguidamente, niveles de deuda pública que poco tiempo atrás hubieran sido considerados fuera de control.[2]

En todo caso, las reacciones de los gobiernos fueron muy diversas, en primer lugar por su diferente posicionamiento frente al tema: desde los que negaron el rigor de la pandemia (el trágico dúo Trump-Bolsonaro), hasta los que adoptaron medidas rápidamente. La magnitud del esfuerzo fiscal ha estado condicionado por el acceso al financiamiento público, y los resultados obtenidos con los recursos asignados dependen de la capacidad institucional, la infraestructura, la bancarización y las comunicaciones.

Ni tan antiguas

Una parte de la población considera como un dato de la realidad, un derecho adquirido, a las políticas sociales más o menos robustas, en particular los servicios de salud, educación, seguridad social, vivienda, protección laboral y asistencia a las familias. Sin embargo, su existencia no es tan antigua, y ni siquiera muy amplia, en muchos países. 

En el caso de eventos que imposibilitan obtener medios de vida (invalidez, mala salud o vejez), los apoyos provinieron tradicionalmente de las familias o las comunidades a las que pertenecían los individuos. Los hijos cuidaban a los padres en la vejez, la que, por cierto, no era muy prolongada. 

Recién a mediados del siglo XIX se encuentran las primeras referencias a la adopción de políticas sociales por parte de los Estados. Pero fue en las cinco primeras décadas del siglo pasado cuando estas medidas se ampliaron, y solo después de la Segunda Guerra Mundial atendieron a una proporción significativa de la población.

Las circunstancias e ideas que condujeron a esas políticas variaron a lo largo del tiempo, lo mismo que el alcance de su cobertura. Con frecuencia, los cambios fueron catalizadas por distintas crisis o por el devenir político y sindical. El impulso a las políticas de bienestar fue acompañado por demandas populares y sindicatos en ascenso, mientras que el declive de estos a partir de los años 80 del siglo pasado facilitó la implementación de políticas sociales restrictivas. 

Siguiendo la corriente dominante, algunos gobiernos redujeron la intervención del Estado, incluyendo el gasto en políticas sociales, y orientaron las mismas a la atención de problemas de empleo y pobreza, evitando que las ayudas fueran generales (la universalización). Los ecos de esta política llegaron a América Latina.

Unos pocos países avanzaron en la política de bienestar y exploraron nuevos instrumentos, tales como la universalización de algunos derechos (por ejemplo, la salud) y la cobertura de riesgos en el ciclo de vida. Estos países tienen hoy los mejores indicadores sociales; por citar uno, la mayor expectativa media de vida.[3]

No tan completas

Aún hoy, una parte significativa de la humanidad carece de acceso a servicios de calidad, a la seguridad social y a otros derechos como alimentación adecuada. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 60% de los trabajadores del sector privado del mundo son informales, el 33% en Uruguay. En estos trabajadores es mayor la incidencia de la pobreza y la vulnerabilidad en tiempos de crisis.[4] Así, durante la presente pandemia los gobiernos debieron improvisar medios alternativos para apoyar a dicha población, enfrentando evidentes dificultades de implementación.[5]

El virus removió la agenda

Antes de la pandemia, resonaba ya el llamado de atención a la desigualdad y a otros procesos críticos, como el cambio climático y aun el propio modelo de política y de sociedad. Con la crisis, el volumen de esas voces ha aumentado.

Algunos de los cuestionamientos se refieren concretamente al papel del Estado y de las casas farmacéuticas, aunque su alcance es más general. 

El nacionalismo en las vacunas, por el cual poblaciones poco vulnerables se vacunan antes que otras que lo son, ha sido severamente condenado por voces potentes, como la del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En esa competencia los países avanzados tomaron la delantera, adquiriendo gran número de vacunas (incluso superiores a sus necesidades), al tiempo que el mecanismo COVAX, administrado por la OMS para facilitar su acceso a ciudadanos de países de ingresos bajos y medios, tiene fuertes limitaciones.

También se ha cuestionado la potestad absoluta de las empresas que detentan los derechos de propiedad de las vacunas para fijar sus precios y demás condiciones, al menos durante la crisis. Una de las alternativas planteadas, la menos removedora, es reconocer a los laboratorios un precio que incluya la remuneración por la inversión y el riesgo que asumieron en el desarrollo de las vacunas. Incluso esta alternativa parece inviable, porque cuestiona la aptitud legal de las empresas a explotar sus hallazgos; una política defendida por Estados Unidos y otros países que concentran a los poseedores de los derechos de propiedad, los que lograron un rotundo éxito al incorporar disposiciones favorables a sus intereses en el acuerdo de la Ronda Uruguay del GATT (la que también creó la Organización Mundial del Comercio).

Resultan igualmente fuera de lugar algunas condicionalidades que han impuesto las farmacéuticas, entre ellas la confidencialidad de los precios y otras condiciones de los contratos. La opacidad de los precios de las vacunas pone en posición ventajosa a las empresas frente a los compradores; además, los contratos contienen disposiciones claramente abusivas; por ejemplo, las relacionadas con la responsabilidad y la garantía de los Estados ante posibles consecuencias negativas de las vacunas.

Aun en la dramaticidad de una pandemia, no hay impedimentos para que las farmacéuticas utilicen su poder de mercado. 

Otra repercusión -de hecho normal en cualquier evento crítico- es el mayor impacto de la pandemia en los sectores más vulnerables, o sea los que ya manifiestan menor acceso a los servicios de educación, salud y otros, o presentan falta de empleo o menor calidad en los que poseen.

¿Cuánto durará el impulso?

La pandemia puso en evidencia que el Estado es la garantía frente a eventos extremos imprevistos. Y deja enseñanzas útiles para enfrentar no solo futuros desastres sino también las propias características del contrato social en que se asientan las naciones.

La interrogante mayor es si la crisis actual será la partera de algo distinto, y en este caso, si será una sociedad mejor a la actual. Como era de esperar, todo tipo de pensadores, filósofos o no, producen respuestas a esta interrogante, previsiblemente categóricas, previsiblemente disímiles. Algunos optimistas imaginan sociedades más solidarias e igualitarias. Parecería que predominan los pesimistas, para los cuales la “nueva normalidad” tendrá solo algunos retoques sobre la vieja, no siempre positivos.

Un quiebre en las políticas públicas requiere que se debilite el peso de los intereses y de las ideas que han formado parte del saber común sobre el mercado, el Estado y la política social en unos cuantos países de Occidente.

¿Será posible que se abran paso políticas sociales más generosas articuladas en una estrategia de nueva generación? Una estrategia que reconozca los derechos y la universalización, y que cubra los riesgos del ciclo de vida, comprendiendo sistemas de cuidados personales y de ingresos mínimos para todas las personas, proceso que requeriría la construcción de bases sociales e ideológicas distintas a las que han predominado. ¿Será posible que pueda llegarse a acuerdos internacionales que eviten o limiten los privilegios de los países más fuertes y el poder de las empresas ante una crisis? 

Si todos los astros se alinearan y esa política empezara a funcionar sería un paso en la atenuación de las desigualdades -exasperadas durante la pandemia- del capitalismo imperante. Pero, bien sabemos, los deseos no siempre se cumplen.