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REFERÉNDUM CONTRA LA LEY N.° 19.889 DE URGENTE CONSIDERACIÓN
“Vote en defensa propia”: una consigna ajustada a la realidad
La propia génesis de la norma y la realidad social y política que nos toca vivir, determinan que en esta consulta popular estén en juego elementos mucho más trascendentes que un mero SÍ o NO a la derogación de 135 artículos de la Ley.
Por Omar Sueiro
“Aquellos polvos, trajeron estos lodos”: el origen de la LUC y de la reforma de la Seguridad Social
No bien se posicionó como tal, el actual Poder Ejecutivo tomó dos medidas iniciales, trascendentales para evitar que la oposición interfiriera en sus futuras decisiones políticas: una fue el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) y la otra, un estudio “técnico/científico” de reforma de la Seguridad Social, designando un grupo de análisis y redacción que debía negociar, en un seudo proceso consultivo, con técnicos designados por la oposición política y los sectores sociales.
El proyecto inicial de la LUC fue redactado solamente en el ámbito del herrerismo, ni siquiera por todo el Partido Nacional, significando una muestra adelantada de los conceptos neoliberales que regirían el núcleo básico de gobierno. Tal es así, que el Poder Ejecutivo -para cristalizarla- tuvo que poner en marcha, a pleno, un sistema de “negociación radial” con el Presidente como centro de la rueda, atendiendo por separado a cada uno de los representantes de los grupos que conforman la “coalición multicolor” gobernante.
La Ley finalmente se aprobó, y a continuación fue parcialmente cuestionada por la oposición, rechazando 135 artículos de los 476 de su contenido total y obteniendo las firmas para ponerlos a consideración por la vía del referéndum.
Simultáneamente, los “expertos” en Seguridad Social nombrados por el gobierno fueron adelantando en el tema, recorriendo un camino ya previsto -incentivación de las AFAP, recortes y ajustes a la baja de las pasividades-, con un tránsito sembrado de detenciones y solicitudes de extensión de plazos, sin duda a la espera de que los resultados del próximo 27 de marzo sean favorables al gobierno, para producir, a partir de ello, duros ajustes al sistema jubilatorio.
Pero el gobierno no solamente está esperando la dilucidación del referéndum para “ajustar” la Seguridad Social, sino que -como múltiples operadores han manifestado públicamente-, liquidado ese tema y ya sin las limitaciones que impuso la pandemia, el gobierno va a comenzar a ejercerse de acuerdo a lo proclamado desde su ideología y prometido en la campaña.
Y ya adelantó dos concesiones de rendimiento multimillonario para sus adjudicatarios: la del Puerto de Montevideo y la del juego on line.
La concesión portuaria a Katoen Natie, otorgándole la exclusividad hasta el año 2081 (50 años más a partir de 2031), inmediatamente de firmada por el Poder Ejecutivo, fue denunciada penalmente por los senadores de la oposición y, en reciente publicación periodística, se ha informado que el Tribunal de Cuentas la habría observado por no tener la “acreditación suficiente en cuanto a la presencia y tutela del interés general”.
Por su parte, la autorización del juego on line y su entrega a intereses privados está contenida en un Proyecto de Ley remitido al Legislativo nacional y, en la práctica, elimina la barrera sanitaria que la ley N.° 1.595, de diciembre de 1882 (“Juegos de Azar. Prohibición”) imponía al vicio del juego. Su presentación, desprolija debido al apuro impuesto al Intendente de Maldonado por la presión del eventual inversor en el casino privado de San Rafael, hizo que la propuesta ni siquiera pasara por el filtro de la Coalición Multicolor, causando la reacción inmediata de uno de sus diputados, el legislador de Cabildo Abierto Sebastián Cal, que calificó al proyecto como “muy incompleto” y anunció que su agrupación estudiará un sustitutivo.[1]
Los perjuicios económico-financieros que recaerán sobre los ingresos de la población y sobre el Estado, a partir de estas tres medidas: la reforma jubilatoria y las concesiones del puerto y del juego, de una magnitud incomparable con los similares que acarrea la LUC (sumado a los daños a la salud que significaría la apertura total a la ludopatía y el lavado de dinero que originaría), deben ser rechazados y combatidos por la ciudadanía, que debe defenderse por todos medios legales a su alcance: uno de ellos -el más importante en este momento político- es el voto por SÍ en el referéndum del próximo 27 de marzo.
De triunfar el NO por una diferencia importante, se estaría dando luz verde a las tres medidas ya anunciadas y, en el futuro, a otras de la misma magnitud.
La única alternativa es Votar SÍ en Defensa Propia.
[1] Nota de Redacción: consideramos que esta decisión del Poder Ejecutivo sobre el juego es de tal importancia y posee ribetes tan particulares que merece ser analizada en una nota específica.
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Muchas gracias, desde ya.
Estimado Omar, gusto en saludarte y felicitarte una vez más.
En su justa medida, “Vote «SI» en defensa propia”: una consigna ajustada a la realidad.
Salú