HAY ALGO POR HACER

Las zozobras del agro

A pocos meses del estruendo social y mediático generado por los “autoconvocados rurales”, el movimiento parece adoptar cauces institucionales y demandas mucho más estrechas que las originales.[1]Vale la pena detenerse en un factor que contribuyó fuertemente a crear las condiciones para esa movilización: la extrema fragilidad de la agricultura uruguaya ante un conjunto de acontecimientos incontrolables.

Sube y baja de la producción

En un país cuyas exportaciones de bienes dependen esencialmente de la producción agropecuaria, los eventos adversos en los mercados internacionales, en el clima o en las condiciones sanitarias o fitosanitarias conllevan efectos negativos sobre el conjunto de la economía.

Esos factores de riesgo explican buena parte de las fluctuaciones de la producción agropecuaria, y repercuten en el 80% de las exportaciones y más del 40% de la industria manufacturera del Uruguay.[2]

Vaivenes en los márgenes del capital

La relativa estabilización productiva que siguió a la década de oro de las cadenas vinculadas al agro (20052014) ha coincidido con la caída de los precios recibidos y, en 2018, con una prolongada sequía. Se han estrechado en consecuencia los márgenes obtenidos por el capital, incluyendo los recibidos por los propietarios de la tierra. El gráfico que sigue permite apreciar la evolución de los ingresos del capital en el caso particular de la lechería.[3]

No obstante las dificultades señaladas, la situación actual está muy lejos de la de 2002, en la que, una vez más en la historia del país, la mayor parte de los productores y empresarios estaban sobreendeudados, muchos debieron vender, y la producción y las exportaciones cayeron abruptamente.

El clima a veces no ayuda

La sequía es el principal azote de la actividad agropecuaria, aunque hay otros por cierto. En 2009 el déficit de lluvias contrajo la producción en unos 460 millones de dólares. Para 2018 no existen todavía estimaciones confiables pero ya en octubre de 2017, asumiendo todavía un clima normal, la OPYPA/MGAP proyectaba un PBI agropecuario similar al del año anterior.

El impacto de la sequía reciente ha sido mayor en algunas producciones como la soja, principal producto de exportación del Uruguay junto a la carne vacuna.

Y la soja se secó

La sequía determinaría que los ingresos medios cubran sólo los costos de producción de la soja, sin incluir en ellos el arrendamiento. Un moderno seguro contra la sequía, habilitado recientemente por el Banco de Seguros del Estado, favorecerá a quienes optaron por él.

Y un efecto adicional muy importante: ¿cuánto incidirá el mal resultado de este año en las futuras siembras, cuya magnitud ya venía declinando?

Los impactos más allá

La agricultura genera otras actividades, a decir de los economistas “hacia atrás”, como es el caso de los proveedores de insumos, créditos, etcétera, y “hacia adelante”, entre otras las vinculadas al transporte, almacenamiento, manufacturas y exportaciones vinculadas.

Ante la presente coyuntura negativa, algunas empresas tendrán dificultades para cumplir sus obligaciones financieras con bancos y otros acreedores, acelerándose así el aumento de la morosidad que ya estaba en curso desde el año 2016. En algunos casos habrá que reestructurar la deuda.

Aun cuando en Uruguay la producción de soja es una de las actividades sectoriales con menores impactos en el resto de la cadena, los efectos de la sequía no dejarán de hacerse sentir. Por ejemplo, un millón de toneladas menos del oleaginoso determinarían disminuciones de 33.000 viajes de camiones de 30 toneladas y alrededor de 350 millones de dólares de exportación.

Caída del empleo: ¿una tendencia?

Dado que el sector representa directamente solo el 9% de la ocupación total, las fluctuaciones en la actividad agropecuaria pueden no ser muy significativas para los grandes números del empleo en el país. Aun así, parecería estar contribuyendo a la tendencia nacional declinante que muestran las fuentes de información disponibles.

Entre 2011 y 2016 disminuyó 13% el número de puestos cotizantes rurales en el BPS. En igual periodo descendió 17% el número de personas ocupadas.[4]
La tendencia a la reducción del empleo agropecuario puede asociarse a los efectos de las innovaciones que desplazan mano de obra, a la tercerización de algunas actividades en el sector (aunque la información del BPS y la DGI incluyen a las empresas de servicios que trabajan en los establecimientos) y a la desaparición de pequeños productores con niveles de productividad menores que los de las empresas de mayor porte.

Un ejemplo de esto último lo ofrece la lechería, en la que se aceleró la tendencia de más largo plazo a la reducción del número de remitentes a la industria (unos 80 por año).

Hay algo para hacer

Los países desarrollados mantienen costosas políticas de protección a sus cadenas agroindustriales, que incluyen fondos para compensar la inestabilidad de los ingresos de las empresas agropecuarias originada en el clima y el mercado.[5]La reducción de estos riesgos evita que las crisis provoquen la interrupción de las trayectorias del perfeccionamiento empresarial, de los recursos humanos y de la investigación, que están en la base del dinamismo del sector.

En Uruguay existen dificultades para llevar adelante instrumentos de estabilización de ingresos tan sofisticados, en parte debido a la alta especialización productiva y a la necesidad de contener los costos y mantener la competitividad de las exportaciones. Pero eso mismo hace necesario avanzar en esa dirección.

Una política de ese tipo requiere acciones del Estado y del sector privado y también, sobre todo, una adecuada convergencia de ambas. Ya se han logrado avances, entre otros el cuidado de la sanidad animal, la trazabilidad individual del ganado, nuevos tipos de seguros y subsidios que facilitan su penetración, un fondo de emergencia agropecuaria, seguros de crédito y fondos de financiamiento destinados específicamente a emergencias en la producción de arroz y leche.

El riego de los cultivos, que también reduce los riesgos climáticos, está poco extendido y la ley que fomenta esas inversiones es muy reciente. Aun si la iniciativa tuviera éxito, el riego difícilmente cubrirá más del 1,5% de la superficie agropecuaria en diez años.

El comportamiento del sector privado a lo largo de las cadenas agroindustriales tiene un papel fundamental en el control de los riesgos. Ha sido importante en tal sentido el recurso de asegurar el precio de venta de la soja y otros granos recurriendo al mercado de futuros de Chicago, la creación de un fondo de estabilización por parte de CONAPROLE y conductas más equilibradas para su endeudamiento por parte de los propios productores y empresas.

Y es posible avanzar bastante más, en materias o medidas tales como: nuevos productos o tipos de seguros; modulación de algunos subsidios que permitan acelerar su penetración; así como evaluar la viabilidad de los fondos de emergencia que sustituyan los fondos ad hoc para financiar el arroz y la leche en los recurrentes periodos críticos; y medidas destinadas a acentuar la diversificación de mercados, el mejoramiento sanitario, e investigaciones que contribuyan a identificar sistemas productivos con mejores resultados a largo plazo.

Agregarle potencia al motorcito que permite navegar las aguas tormentosas de las cadenas agroindustriales requiere avanzar en acciones que controlen los riesgos inherentes a eventos negativos y, cuando estos se materializan, disminuyan el impacto sobre los agentes involucrados y el conjunto de la economía.