LA NUEVA PANDEMIA QUE AMENAZA AL URUGUAY

La gallina de los huevos de oro: el vicio del juego

La antigua y sabia Ley N.° 1.595 de 1882[1]– Juegos de azar – Su prohibición

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General decretan: 

“Artículo 1º.- Son absolutamente prohibidos los juegos de suerte o azar o de fortuna o en que intervenga envite, a excepción de la lotería o rifas públicas autorizadas por las Juntas Económico-Administrativas en conformidad a los reglamentos existentes o que se dictaren con acuerdo del Poder Ejecutivo”.

La ley mantiene plena vigencia, dada por el artículo 224 de la Ley 19.535, de 2017, que incluyó específicamente en la ley de 1882 la prohibición a los juegos modernos, producto del avance tecnológico.

“Declárase que la prestación de servicios a través de Internet, plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o similares referidas a juegos de azar o apuestas on line, se encuentra alcanzada por el principio de ilegalidad previsto por el artículo 1 de la Ley N° 1.595, de 16 de diciembre de 1882”.

El proyecto del Poder Ejecutivo

Recientemente, con las firmas del Presidente de la República y de la Ministra de Economía y Finanzas, el Poder Ejecutivo remitió al Legislativo un “Mensaje y Proyecto de Ley” que en la práctica elimina la barrera sanitaria que desde 1882 la ley N.° 1.595 impone al vicio del juego.

La fundamentación es insólitamente contradictoria y cínica. El primer párrafo induce a creer que la Dirección de Casinos va a realizar un control de los “juegos de plataforma tecnológica” sobre la base de la explotación directa de los mismos.

“Corresponde en consecuencia en la presente instancia -visto el avance y trascendencia que los juegos a través de internet poseen ya en el presente y seguramente alcanzarán en el futuro- habilitar a la Unidad Ejecutora Dirección General de Casinos a explotar los juegos que tradicionalmente desarrolla a través de las plataformas tecnológicas, en el entendido que gran parte de la actividad lúdica será ejercida -sino ya- en el futuro a través de las mismas”.

Enseguida se contradice. Alegando que este gobierno mantiene “la expresa intención de continuar” con la política de Estado que considera que el juego es un vicio social que requiere un fuerte control estatal:

“Cabe destacar que -con la expresa intención de continuar la pre aludida política de Estado en la materia (según la cual el juego oneroso abierto al público implica un vicio social en donde la sociedad a través del Poder Público debe estar presente con un fuerte contenido regulador del sector privado previamente autorizado así como mediante su explotación directa)- se ha optado por introducir la presente nueva excepción al principio consagrado en el artículo 244 de la Ley N° 19.535 precitada”.

Y debajo de ese moderno ponchito patria (blanco por fuera y colorado por dentro) aparece la puñalada traicionera, en forma sinuosa e impersonal el Poder Ejecutivo declara, dando muchas vueltas:

“[…] se ha optado por introducir la potestad del Poder Ejecutivo de autorizar el juego on line o a distancia a aquellos concesionarios de juegos de Casinos u otros que ya cuentan con la previa autorización de explotar el juego en forma presencial, sin perjuicio de aquellos que sean autorizados en el futuro”.

La ley que cumple 140 años y sus complementarias para combatir la ludopatía

Está muy claro que se trata de una norma sanitaria, que además está actualizada a las nuevas tecnologías y por lo tanto su reblandecimiento debería estar firmemente sustentado en el establecimiento de controles adecuados.

Ludopatía (adicción al juego): enfermedad que se caracteriza por un fracaso crónico y progresivo de ciertas personas en resistir los impulsos de jugar apostando dinero.

"Unos 45.000 uruguayos son adictos a las apuestas. Mienten, roban y se disfrazn para jugar. Sin embargo, apenas 60 personas piden que no los dejen entrar a los complejos y 70 acauden a terapia en el Hospital de Clínicas. Es la enfermedad con mayor potencial suicida". (Camila Bello, El País, 16.03.2019)

El juego ilegal es cada vez mas agresivo

El Estado está combatiendo permanentemente los juegos en línea tratando de obstruir el acceso a ellos; hace tres años ya había más de 400 sitios prohibidos con imposibilidad de acceso y hace un año la cantidad trepó a 1.444. En 2 años se multiplicó por 3,60.

Efectivamente, en mayo de 2019, los medios de prensa difundían información de la Dirección de Loterías y Quinielas:

“La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas bloqueó recientemente 188 páginas web de apuestas no autorizadas. Si se suman estos sitios a los 260 ya bloqueados, ya son 448 las webs sin licencia y a las que ya no se puede ingresar online desde Uruguay y apostar. El único sitio web autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas para apuestas deportivas online es Supermatch que, entre 2017 y 2018, creció un 48% merced al citado bloqueo de páginas no autorizadas”.

Las últimas noticias publicadas indican que un año atrás -en marzo de 2021 “al menos 1.414 sitios de apuestas online fueron bloqueados en Uruguay por no contar con el permiso correspondiente [...] para preservar la actividad del único operador autorizado “Supermatch”. Según Ricardo Berois, Director General de Loterías y Quinielas, a la cifra inicial se le iban a sumar otros 30 en los días siguientes”.

El imprescindible dictamen científico

Si hay temas y decisiones políticas que merecen la formación de un Grupo Asesor Científico Honorable (más que “Honorario”) para analizar su necesidad y viabilidad, es el problema del juego y particularmente este tipo de juegos que están al alcance de toda la población de todas las edades gracias a que el Estado se ha preocupado por esparcir en todo el país -por medio del Plan Ceibal- el conocimiento y utilización prácticamente gratuita de la informatización. Sin duda, está más que probado que el vicio del juego debe ser abordado por múltiples criterios científicos: sanitarios, sociológicos y económicos y por ende el “GACH” del juego estaría plenamente justificado.

Además de no explicarse de manera alguna la intención política del Poder Ejecutivo, lo que se requiere es un estudio fundado y completivo de cómo debería enfocarse el desarrollo futuro del juego en el Uruguay.

Un concreto análisis académico 

Dadas las graves consecuencias que la aplicación de la norma proyectada implicaría sobre la salud de la población uruguaya, a continuación exponemos  la opinión del miembro titular de la Academia Nacional de Medicina Dr. Antonio Turnes:[2]

“Ludopatía y su explotación por el Estado

Algunos nos sorprendemos por la expansión que ha tenido el juego en todas sus manifestaciones en el Uruguay de los últimos años. Particularmente antes de la pandemia, era un brote incesante de casinos desde los shoppings hasta los viejos locales que sirvieron durante casi un siglo de sede para uno de los diarios más antiguos, hoy desaparecido.

Pero no solo se circunscribieron a esos sitios denominados como “casinos”, sino que se continuaron extendiendo como una mancha de aceite, bastante oscuro por cierto, en los lugares más alejados, en los pequeños almacenes, bares o boliches de la periferia, donde acuden las personas de más bajos recursos.

Todos son tentados por realizar apuestas, por ver si ganan miles o millones, con las más diversas y sofisticadas modalidades. Además está el juego virtual, del que participan miles de ciudadanos, en apuestas legales o ilegales.

Lo que llama la atención es que en todo este desarrollo el Estado ha estado siempre presente, para ofrecer más lugares de apuestas. Es claro que a través de esa modalidad también se recauda, y el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una división específica, que es la que administra los casinos del Estado. Pero aunque en algún momento se desarrolló alguna política para detectar a los ludópatas, aquellos que tienen una auténtica alteración de la salud mental, para ponerlos en contacto con quien pudiera ofrecerle soluciones, el tema ha resultado ciertamente ineficaz.

Esto se desarrolla a todas las edades. Los que participan son desde los más jóvenes a los más adultos; de todas las clases sociales y de niveles socioeducativos. No hay ocupación, profesión o actividad que pueda decirse libre de esta plaga.

Recientemente, se presentó el proyecto de ley para reglamentar los juegos “on line”, que están haciendo furor. Básicamente fijando requisitos para la instalación, y para que el juego por esa nueva vía pueda ser controlado, cuidando -se dice- las políticas de juego responsable, así como las normas y procedimientos de control y fiscalización, y lo que es más importante, la distribución de utilidades.

Para esto se habilita a la Unidad Ejecutora Dirección General de Casinos a explotar los juegos que tradicionalmente desarrolla a través de las plataformas tecnológicas.

Es curioso que a través de las diversas administraciones, y desde tiempo inmemorial, el Estado participe de la explotación de estos juegos de azar. A la clásica Lotería, la Quiniela, el Cinco de Oro y toda la gama de juegos de apuestas, se suman los casinos, las maquinitas y ahora el juego on line.

Alguna vez algún gobernante tendrá que ponerse a reflexionar, si es saludable que el Estado estimule y participe en estas prácticas, que resultan a menudo una vía segura para la ruina de las personas, el trabajo y la familia. Y que cuando acumulan deudas, como en otras actividades lícitas o ilícitas, terminan a menudo con la salud o la vida misma de las personas.

Conviene un acto de reflexión, al igual que para otras prácticas del Estado, como la venta de bebidas alcohólicas para consumo, si es prudente y adecuado, que a esta altura del siglo XXI, tenga que encargarse de llevar adelante estas máquinas de auténtica destrucción”.

La frutilla de la torta: el lavado de dinero

Según coinciden expertos internacionales en ciberseguridad, los juegos online son una opción ideal para los delincuentes de bajo perfil, dado que se trata de un sector que todavía no se encuentra en el punto de mira de las autoridades, a diferencia del Bitcoin que está en boca de todos constantemente: “hay algunos espacios donde las instituciones de seguridad, como Europol o Interpol, tienen más probabilidades de monitorear. Pero en el caso de los juegos en línea, no existen políticas ni algoritmos contra el lavado de dinero para detectar o prevenir comportamientos extraños, más allá de los propios esfuerzos del desarrollador Jean-Loup Richet, oficial de ciberseguridad la Red española Orange de 4G, 5G y Fibra)”.

Estamos ante un verdadero tema de Estado, que por ningún concepto debe partidizarse

El Poder Ejecutivo, con su propuesta de modificación legal, que pretende dejar que prime la “libertad responsable” de los enfermos sobre la obligación del Estado de preservar su salud, felizmente ya despertó alarmas en las filas de la Coalición Multicolor que lo respalda. El propio gobierno estaría creando las condiciones, un caldo de cultivo ideal, para el desarrollo de la enfermedad y además para que se generalicen delitos como el evidente e inminente lavado de dinero.

La alarma que generó el anuncio de esta eventual modificación de la ley 1.595 llegó al legislador de Cabildo Abierto Sebastián Cal, que calificó al proyecto como “muy incompleto” y anunció que “estudiarán un sustitutivo”; esperemos que tal tesitura se generalice a nivel de todos los partidos, sin distinción entre gobernantes y opositores.

El volumen del daño moral y económico de la propuesta justifica la realización de un referéndum para evitarlo

En términos de monto, el de la generalización del juego vía internet es infinitamente mayor que la suma de todo lo monetario que incluye la Ley de Urgente Consideración. En términos de salud, la apertura indiscriminada de la posibilidad de jugar y volver adicto a cualquiera que maneje un teléfono o un computador, incluida la Ceibalita, es mucho más grave que la pandemia de Covid-19 en su peor momento. Hay que evitar que este atentado a la salud y a la economía de la población y del país se concrete, utilizando todas las maneras legales posibles, incluso el referéndum.

El juego on line en el mundo

Si bien no hay cifras internacionales oficiales sobre los montos mundiales de apuestas en línea, diversas fuentes especializadas coinciden en sus estimaciones: entre 2010 y 2021 pasaron de U$S 300 mil millones a casi un billón (un millón de millones) de dólares. Ese incremento implica una tasa promedio del 10% anual, conformada por guarismos crecientes que en el último año se estiman prácticamente en el doble; por ejemplo, la empresa Juniper Research calcula que en el 2021 se habría llegado a U$S 946 mil millones, casi el doble de los U$S 550 mil millones del 2020. Incremento que estiman básicamente causado por el aumento de la cantidad de sitios de apuestas.

“Para entender cómo el peso específico de este sector se vuelve cada día más determinante en la economía mundial, basta observar las camisetas de los más poderosos clubes de fútbol, auspiciados por importantes casas de apuestas por internet. Las compañías entendieron que el deporte es una excelente puerta de ingreso para quienes tienen deseo de divertirse apostando. La cuarentena obligó a muchos países a restringir la circulación de las personas, por lo que muchos de ellos se apoyaron en las apuestas online como pasatiempo ideal para los días de encierro”.

Las presiones en Uruguay

Una muy encarnizada y no tan sorda lucha se desarrolla entre privados concesionarios de juegos y aspirantes a serlo, que utilizan diferentes formas de presión sobre gobernantes nacionales y departamentales.  

Los rivales más evidentes son: por un lado, la muy poderosa Banca Privada de Quinielas, originariamente autóctona  -hoy no se sabe si mantiene esa condición-, que ostenta el privilegio de la concesión del único juego on line autorizado, el Supermatch de apuestas deportivas, adjudicado por el Poder Ejecutivo a principios de 2019, muy presente en la publicidad de las transmisiones de los últimos partidos de las Eliminatorias para el Mundial de Catar.

Modificar el decreto de adjudicación expondría al Estado a una demanda por montos imposibles de cuantificar hoy. La  empresa, decidida a defender sus derechos adquiridos, señala que desde que opera los juegos de azar en línea paga cifras millonarias por impuestos. El juego del Supermatch llegó a U$S 94 millones anuales.

Por otro lado, Enjoy -un grupo aparentemente chileno, dado que sus balances se expresan en pesos chilenos-, concesionario del único casino  100% privado, el exConrad de Punta del Este, incorporó en 2013 una plataforma de juegos en línea sin dinero real como forma de fidelizar a los clientes y premiarlos con cenas, estadías o entradas a shows en el complejo.

El País tituló “Enjoy entra al juego online con plataforma desde Conrad en Uruguay” un reportaje al gerente general del hotel casino Enjoy, Ignacio Sarmiento, quien expresó: “El juego online, respecto del físico, creció exponencialmente (con la pandemia). Todos los países que tuvieron la oportunidad de operar el juego online tuvieron una migración muy grande desde el juego físico en tiempos en que los casinos estaban cerrados. Claramente, se perdió una oportunidad grande en Uruguay, al no contar con una ley que regularice el juego online, porque el cliente busca de todas maneras la forma de jugar afuera, como Colombia o Inglaterra, y esos ingresos de impuestos y contribuciones que se generaron por ese juego no los pudo captar el Uruguay”.

El tercer notorio, expresamente, postulante a la concesión del juego en línea, es el inefable inversor Giuseppe Cipriani, quien puso todo su afán en esto; un afán literalmente demoledor.[3] 

Casi un lustro atrás, Enrique Antía lanzó campanas al viento anunciando una “nueva era” para Punta del Este. Era el 30 de mayo de 2018, cuando Giuseppe Cipriani y su socio, el arquitecto uruguayo Rafael Viñoly, se presentaron con una maqueta y unos dibujos a lápiz en la Junta Departamental de Maldonado para mostrar su proyecto: el “Cipriani Ocean Resort and Club Residences Punta del Este”. Incluía la reparación y restauración completa del exhotel San Rafael, la construcción de una torre de 237 metros de altura, más dos edificios horizontales de 100 metros de ancho y 26 pisos. En total unos 123.000 metros cuadrados. Tendría un teatro para 1.000 espectadores, piscinas interiores y exteriores, fuentes de gran magnitud, un estacionamiento bajo tierra para 2.000 autos, un spa de lujo, centro de convenciones y casino privado. La inversión anunciada era de 450 millones de dólares.

Luego de una prolongada “desaparición”, usufructuando de una ampliación del plazo otorgado para concretar la inversión, reapareció Cipriani anunciando un desembolso mucho menor a los U$S 450 millones originales (la primer rectificación bajó a U$S 250, y luego otra a U$S 100 o U$S 150 millones), depositando U$S 7.800.000 en garantía del compromiso inversor, estableciendo que para llevarlo a cabo sería condición la obtención de una licencia de juego on line.  Dado lo ilustrativo de la conducta de este singular inversor de prolongada relación con la actividad turística y de juego desarrollada en el Departamento de Maldonado, Vadenuevo elaborará una nota especial sobre el tema.

Finalmente, el vergonzoso artículo 2º del proyecto, que desnuda por completo las intenciones de la medida

Aunque usted no lo crea, el Presidente Lacalle y la Ministra de Economía y Finanzas Arbeleche, firman un proyecto que otorga sin condiciones un beneficio salarial de hasta el 8% de la utilidad bruta de las concesiones otorgadas por el sistema del artículo 1º.

"ARTÍCULO 2°.- Creóse en la Dirección General de Casinos un fondo común de hasta un 8% de la utilidad bruta mensual de dicha explotación, que se distribuirá entre los funcionarios del Programa I de la misma, a título de beneficio salarial".

Felizmente, llegó prontamente la respuesta de la Federación Nacional de Trabajadores del Juego (FENAJU) en un comunicado que la enaltece, rechazando el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que habilita la explotación por internet de los juegos de casinos, y alertando que “creará condiciones de alto riesgo que redundarán en un aumento de la ludopatía entre otros perjuicios significativos y nocivos”.