EL ACUERDO COMERCIAL DESDE LA PERSPECTIVA MEDIOAMBIENTAL

MERCOSUR - Unión Europea

Breve historia

Fechas relevantes[1]

Si bien en los últimos tres años se ha venido hablando bastante de este Acuerdo, los orígenes del mismo remontan a mediados de los años 90 del pasado siglo. A posteriori, en junio 1999, en la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y el Mercosur se pretendió llegar a un acuerdo comercial que liberalizara el 90% del comercio interbloques a través de la disminución de las distintas barreras arancelarias. Dicho acuerdo comprendía 3 áreas: intercambio político, economía-comercio y cooperación. El alcance y los objetivos del mismo quedaron definidos en la primera ronda de negociaciones de abril de 2000 y prosiguieron en la Cumbre de Madrid de mayo de 2002. 

En esa II Cumbre de Jefes de Estados de la Unión Europea y Mercosur (2002) se expresaba la firme voluntad de construir una asociación entre el bloque europeo y el Mercosur, destacando a este como prioridad política y económica, no solo como región geoestratégica, sino también atendiendo razones culturales e históricas. Estas intenciones por parte de los bloques intervinientes se reiteraron en las diversas rondas de negociaciones que fueron muchas en los últimos dos decenios, y sufrieron altibajos según las circunstancias vinculadas a la política internacional.[2] 

Como ejemplo, recordemos que aquellos intercambios de 1999 para un acuerdo de asociación, para la Unión Europea (UE) fueron motivados por razones defensivas, ya que veía con preocupación cómo avanzaban las gestiones en torno al ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), propuesto por Estados Unidos en 1995, lo que en la práctica significaba retacear el espacio y la influencia de la UE en América Latina en cuanto a comercio y a inversiones. La estrategia de una “Europa Global” empezaba entonces a centrarse en la apertura de mercados internacionales para productos y empresas europeas. Por su lado, el bloque Mercosur ensayaba su constitución institucional y aspiraba a constituirse en un espacio económico integrado, aunque, desde su origen, los países miembros enfrentaron crisis económicas y momentos de alta conflictividad entre sí.

Los desacuerdos y dificultades para conformar una unión aduanera en el Mercosur empantanaron el proceso birregional. A eso se agregó, en el 2003, el fracaso de la Cumbre de Cancún de la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde se repitieron los debates Norte-Sur. Así, como señala José Antonio Sanahuja, citado por Gerardo Caetano, entre el 2004 y el 2010 hubo una fase de desinterés mutuo, y en ese interregno, la UE se volcó a firmar acuerdos de libre comercio con los países latinoamericanos del eje Pacífico. Los incipientes gobiernos progresistas de los países del Mercosur impulsaron, a su vez, una orientación regionalista que ciertos autores llaman post-liberal o post-hegemónica.[3]

En 2010, se retoman las negociaciones tras el estancamiento del accionar de la OMC, los impactos de la crisis financiera global de 2008 y el notorio aumento del comercio y las inversiones de China con el Mercosur.[4] Pero el mayor impulso negociador ocurrirá en 2016 cuando se produzcan relevantes cambios políticos en los dos socios mayores del Mercosur: la asunción de Mauricio Macri en la Argentina, que pone fin, tras elecciones democráticas, a la era Kirchner, y el “golpe blando” en Brasil, que llevó al poder a las fuerzas liberal-conservadoras. Por el lado de la Comisión Europea, el giro mercantilista de la política comercial de Trump en EE.UU. llevó a forzar la ratificación de un acuerdo con Canadá, a cerrar otro con Japón y a procurar la conclusión de las negociaciones con el Mercosur.

Como remarcan Caetano y Pose,[5] pese al clima favorable, en 2017, ciertos desacuerdos postergaron la firma del Tratado que, con la asunción de Jair Bolsonaro en Brasil, cobró más incertidumbre. La agenda del nuevo presidente brasileño en materia medioambiental ocasionó importantes oposiciones del lado europeo.

Un arma de doble filo

¿Qué alcance puede tener este Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea? De acuerdo a diversas investigaciones, las consecuencias de este tipo de acuerdo serían nefastas para los pueblos de ambos lados del Océano Atlántico y, en especial, para los latinoamericanos, en lo concerniente a medio ambiente y derechos humanos. En este artículo citamos a modo de ejemplo algunos casos, que se repiten de manera similar en los países del Mercosur, pero también en el resto de América Latina.

En marzo 2021, el investigador Guillermo Ortega elaboró un Informe[6] centrado en la realidad de Paraguay, según el cual demuestra que los principales productos agropecuarios que la Unión Europea plantea como parte de la negociación son: carne, soja (biodiesel), caña dulce (bioetanol), pollo y arroz, productos que aumentarían al doble o triple del volumen de exportaciones y están, por lo tanto, en la base del agronegocio. 

Si se avanza en la negociación de los rubros antes mencionados, necesariamente se tenderá a aumentar exponencialmente las superficies cultivables para producir soja, caña de azúcar y cría de ganado. Esto trae aparejado la apropiación de una mayor cantidad de tierras por parte de las corporaciones transnacionales, lo que implica a su vez el desalojo de poblaciones de campesinos e indígenas, al igual que importantes trastornos medioambientales: pérdida de la biodiversidad, contaminación de las aguas fluviales y potables. Concomitantemente, esta imposición trae aparejado un trastoque en los hábitos alimenticios de las poblaciones comprometidas, además de su pérdida de identidad.

El mencionado Informe Ortega, muestra una tabla, que reproducimos a continuación, en la que se observa en Paraguay la concentración de tierras en manos del agronegocio en un período de 17 años: entre 2002 y 2019. Durante el mismo, hubo apropiación del 94% de las tierras destinadas a la producción agropecuaria. Mientras tanto, la agricultura practicada por la población campesina se resume en un 6% de las tierras y es la que provee de alimento a la población paraguaya.

Violación de derechos humanos y ambientales

En lo relativo al caso paraguayo, las Naciones Unidas se pronunciaron a través de diversos dictámenes sobre la violación de derechos humanos y ambientales por parte de los empresarios sojeros. Se citan el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas del 9 de agosto de 2019, que responsabiliza al Estado paraguayo por incumplir con sus responsabilidades en lo referente a protección de la vida humana, salvaguarda de los cultivos de auto sustento en animales y en fuentes de agua próximas a los cultivos de soja que usan agrotóxicos para la fumigación.

También en lo referido a alimentación, en otro informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en su misión Paraguay, del 27 de enero 2017, se recomienda al Estado paraguayo un marco jurídico eficaz para la protección del medio ambiente, que incluya en particular la protección contra el uso de productos agroquímicos tóxicos, que establezca sanciones apropiadas para los que infringen la ley y una compensación adecuada a las personas afectadas.

Asesinatos y violencia contra dirigentes sociales

El esquema de despojo de tierras que pone en práctica el agronegocio para cumplir sus objetivos, trae aparejada la persecución, violencia y muerte de dirigentes sociales.

En realidad, aunque estas prácticas se hicieron recurrentes en las últimas décadas, la modalidad no es nueva. Se señala que entre 1989 (año del golpe de Estado contra Stroessner) hasta 2013, fueron asesinados 115 dirigentes sociales, todos luchadores por la defensa de la tierra. La tenencia de la tierra en Paraguay está caracterizada como una de las más desiguales del mundo. El Informe Ortega, señala que: en el último censo agrícola (2008) ya se notaba la diferencia entre pequeños y grandes productores (agro-empresarios). Un 4% de los propietarios de fincas de más de 100 hectáreas, ostentaban el 88% de las tierras cultivables. En el otro extremo, el 95% de las fincas menores de 100  hectáreas, poseían apenas el 11,8% de superficie. Se destaca que esta situación injusta fue apuntalada por el propio Estado, que especialmente a partir de la dictadura de Stroessner (1954-1989) promovió la implementación de producción basada en el monocultivo extensivo, junto al uso de agrotóxicos y fertilizantes químicos y dando prioridad a los extranjeros antes que a los habitantes del país.

La actualidad del Informe que estamos citando referido al caso Paraguay, aunque con aplicación a las otras realidades de la región Mercosur, pone sobre la mesa los puntos más discutibles del Acuerdo UE-Mercosur. Si bien, en teoría, los objetivos que movieron al Acuerdo fueron: promover el desarrollo económico de los países, el respeto al medioambiente, poner límite a la tala de bosques y atender la deforestación, todos ellos estarían lejos de efectivizarse mediante la aplicación del mismo. 

De continuar las negociaciones, el agronegocio tendrá que expandir sus dominios, cercenando aún más la cantidad de territorios en manos de las comunidades campesinas e indígenas para poder extender sus lucrativos cultivos. Y según normas estipuladas en el Acuerdo, las corporaciones transnacionales europeas podrán violar sus principios de respeto de los derechos humanos y la naturaleza, sin que puedan ser juzgadas por el apoyo criminal de sus pares en territorio paraguayo.[7]

Pesticidas prohibidos y violación de derechos humanos

De ser ratificado, este Acuerdo tendrá un costo muy alto para las personas y para el planeta. A nivel regional implica continuar con los incendios en la Amazonia, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, la alteración de la producción de alimentos a nivel local en los países del Mercosur y un aumento significativo del uso de pesticidas peligrosos y otras sustancias tóxicas cuyo uso está prohibido en Europa, pero que son comercializadas en América Latina.

Brasil es anualmente el mayor comprador de pesticidas dudosos, aquellos con ingredientes activos de extrema toxicidad, con efectos negativos crónicos para la salud y el medioambiente. En 2019, bajo la administración Bolsonaro, se aprobó el uso de 474 nuevos pesticidas conteniendo sustancias prohibidas en la UE (la cifra más alta en 14 años). 

Argentina es también un importante usuario de pesticidas: en 2018, 240.000 toneladas de herbicida Glifosfato fueron destinadas a los plantíos de soja.[8]

La exportación de pesticidas venenosos, un búmeran para los europeos

La “marea verde” (ecologistas) que comenzó desde hace décadas a marcar presencia en las posiciones políticas europeas, domina hoy el panorama con fuerza aún mayor. Son muchas las organizaciones que, como Greenpeace Alemania, han lanzado en estos últimos meses, incisivos reclamos en contra de la firma del Acuerdo UE-Mercosur por considerarlo un atentado contra el medio ambiente regional y global, al igual que una agresión a la salud de los ciudadanos a ambos lados del Atlántico. Las críticas actuales en Alemania, en uno de los reclames más duros y mejor logrados, van dirigidas al actual gobierno en la persona del político de la CDU, Peter Altmaier, Ministro de Economía de este país. 

En el breve video de Greenpeace Alemania, que circula desde hace poco, se dice: 

En el 2019 la UE exportó más de 900 millones de euros en pesticidas venenosos a Brasil y otros países del Mercosur. De este turbio comercio, se benefician sobre todo las empresas Bayer y BASF. Más de la mitad de estos pesticidas, que ambas empresas alemanas comercializan, no están autorizados en Europa. Un ejemplo de ello es Fipronil, un insecticida producido por BASF que es usado en las plantaciones de azúcar de caña, soja y maní. Un gramo de Fipronil alcanza para matar a 84 millones de abejas [...] Peter Altmaier piensa que con el Acuerdo Comercial UE-Mercosur Alemania puede aumentar sus exportaciones de pesticidas y en consecuencia ganar capital. Pero con eso se olvida, el Ministro, que el veneno vuelve a su lugar de origen a través de la fruta que se importa. Porque los pesticidas son como el karma: regresan como un búmeran.

Un gran número de consumidores europeos que compran fruta y verdura de países como Brasil, Argentina y otros, están consumiendo también residuos de estos pesticidas tóxicos. Un trabajo de la ONG Pesticide Action Europe, encontró residuos de 74 pesticidas prohibidos en la UE en productos alimenticios a la venta en diferentes países de Europa (2018).

Plaguicidas tóxicos exportados e hipocresía europea

De acuerdo a la investigación publicada en setiembre de 2020 por la organización Public Eye (ONG suiza con sede en Berna desde 1968), los principales países exportadores son el Reino Unido, Italia, Alemania, Países Bajos, Francia, España y Bélgica. Entre los 41 plaguicidas prohibidos vendidos en otros continentes están la atrazina, el paraquat, el dicloropropeno o el clorpirifós.

El herbicida atrazina, es un fuerte disruptor hormonal que trastoca el desarrollo infantil. Investigaciones han demostrado que su potente efecto logró cambiar el sexo de las ranas. A su vez, un sorbo de paraquat, otro pesticida comercializado, puede ser letal, y en dosis menores, provocar la enfermedad de Parkinson. Los agricultores, aun con equipo adecuado de protección, arriesgan verse seriamente afectados. De ahí que haya sido prohibido su uso en Europa. También el glufosinato, producido por BASF, y otro herbicida, el fungicida ciproconazol de Coterva, fueron catalogados como seriamente peligrosos para la salud, y los controladores de la UE los califican como perjudiciales para los fetos, la fertilidad y la función sexual. 

La empresa suiza Syngenta (Syngenta Group 2000), un holding con sede central en Basel, cuenta con sucursales en Chicago, Tel Aviv y Shangai, y es la principal vendedora de pesticidas catalogados como altamente tóxicos por la Organización Mundial de la Salud. Esta firma encuentra sus orígenes en el 2000, cuando los laboratorios AstraZeneca y Novartis, decidieron actuar en conjunto conectando los sectores de la salud con los vinculados a la agricultura. Desde 2015, el holding fue comprado por la compañía estatal china ChemChina.

Para reflexionar

En esta breve exposición se han mencionado algunos de los aspectos principales y concretos que trae aparejado este Acuerdo con la Unión Europea. La perspectiva medioambiental es una de las múltiples miradas que puede darse al tema y que hemos simplemente esbozado.

Los espacios regionales como sujetos de política internacional son materia discutible en la lógica del libre mercado global, y respecto a la viabilidad de las relaciones interbloques intervienen muchas visiones -económicas, políticas, filosóficas- que soslayamos en la exposición. Lo cierto es que las cuestiones medioambientales y sus consecuencias deberían ser hoy la columna vertebral de nuestras sociedades y es lo que justifica la elección para esta nota.