¿QUÉ CAMBIÓ EN URUGUAY?

Un salto positivo en el “clima de negocios”

En 2019, el 24% de las empresas encuestadas por KMPG respondieron que el clima de negocios era bueno o muy bueno; en 2020 ese porcentaje subió al 60% y un año después al 78%.[1] En estos dos últimos años las respuestas positivas superaron a las captadas por las encuestas realizadas durante el periodo de mayores inversiones, 2005-2014, la década de oro de la economía uruguaya.

En 2021 las respuestas más favorables fueron las referidas a la seguridad jurídica en el país, cuando a todas luces no hubo cambios, y a la estabilidad macroeconómica, en un año de crisis. Aunque los consultados también encontraron que en poco tiempo el sistema tributario y la legislación laboral habían mejorado, la puntuación de estas dos categorías fue la menos favorable: por lo visto los empresarios consideraron que habría que bajar más el costo del Estado y restringir ulteriormente el poder de los sindicatos.

El clima de negocios refiere a las condiciones generales que facilitan u obstaculizan las decisiones de invertir de las empresas en un país, por cierto, algo fundamental en cualquier economía. Con el propósito de estimar los cambios en el clima de negocios, desde 2012 KPMG realiza una encuesta anual dirigida a directivos y gerentes de empresas. 

En 2021, las 84 empresas que respondieron al cuestionario ocupaban en promedio 245 empleados; o sea, fueron muy pocas firmas y de gran escala. Sus directivos y gerentes expresaron confianza en que el gobierno instalado en marzo de 2020 contribuyera a solucionar los tres principales problemas que según ellos padecían las empresas: altos salarios y difíciles relaciones laborales, elevados impuestos y tarifas públicas desmedidas. 

El gobierno no ha defraudado las expectativas de ese núcleo empresarial, aun cuando en algunos aspectos se limitara a dar señales, reiterar promesas o incluso adoptar medidas contradictorias, en parte justificadas por la pandemia; en la política, por algún tiempo, las señales son un sucedáneo aceptable de las acciones concretas. Algunos hechos en esa dirección se mencionan a continuación.

El poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones disminuyó 3,1% en 2020-2021 al tiempo que una legislación ómnibus aprobada con cierto grado de prepotencia, la Ley de Urgente Consideración (LUC), introdujo reglas que limitan los derechos tradicionales de los sindicatos, marcando así la intención de avanzar en esa dirección.

La reducción del gasto público sin aumento de los impuestos, prometida por el gobierno, tropezó con la ocurrencia de la pandemia. Aun así, se observan cambios tales como la reducción de la prestación de algunos servicios, gastos e inversiones públicas, incluyendo la vivienda, y el deterioro del salario real de los trabajadores públicos. Según la oposición, también ha sido insuficiente el financiamiento otorgado a las medidas para reducir el impacto de la pandemia en las familias y empresas vulnerables.

El gobierno está en deuda con reformas que mejoren la eficiencia del Estado, de modo de acrecentar los resultados de sus políticas y servicios sin necesariamente aumentar el gasto. Y no ha implementado la discutible “regla fiscal”, aprobada con urgencia a mediados del 2020, que obliga a limitar el crecimiento del gasto público.

Los gravámenes que interesan a los empresarios y personas de altos ingresos (impuesto a la renta de actividades empresariales y a la renta personal), no tuvieron cambios significativos. Por el contrario, dos medidas contradicen de hecho las promesas. En 2020 el gobierno redujo la exoneración del IVA a las compras realizadas con tarjetas, aumentando así el ingreso fiscal a expensas de los recursos de esos consumidores. En igual sentido, modificó el ajuste anual de las bandas del impuesto a la renta personal, que pasó de basarse en el Índice de Precios del Consumo al Índice Medio de Salarios (menor que el anterior), aumentando así la capacidad recaudatoria del tributo. 

La nueva política para los entes públicos, se dijo, aumentaría la transparencia de su gestión y, entre otras cosas, llevaría a una reducción de sus tarifas reales. Se anunciaron nuevas reglas para la fijación de los precios de los combustibles con el propósito de obligar a ANCAP a competir. Pero, transcurridos veintidós meses de gobierno, dichas reglas no se han puesto en práctica; por el contrario, los precios de los combustibles se han politizado en extremo, según se ilustra a continuación.

En 2021, los mayores ingresos obtenidos por la exportación de energía a Brasil y Argentina no quedaron en la empresa estatal que los generó, como aconsejan los manuales de administración, para que pudiera bajar las tarifas y/o realizar inversiones; mientras tanto, ANCAP ha estado distribuyendo combustibles con pérdidas compensadas con ingresos obtenidos por UTE: un mamarracho económico, financiero y administrativo.

Las medidas que facilitan los negocios, tal como las entienden los empresarios y el gobierno, incluyen las que autorizan la portabilidad numérica de los teléfonos móviles, una opción que perjudicaría a la empresa líder, la estatal ANTEL, en beneficio de las dos empresas extranjeras con las que comparte el oligopolio. La LUC también habilitó el pago de salarios y otras transacciones en efectivo, otra demanda insistente de algunos sectores empresariales.

Las personas consultadas por KPMG no son autómatas que antes de responder hacen un cálculo de los costos y beneficios que esperan de determinado gobierno; ellos tienen su forma de interpretar el mundo y afinidades políticas y sociales. Hilando más fino, es probable que, dadas las actividades que realizan, muchos de los encuestados tengan mayores vinculaciones personales con el elenco del actual gobierno, por haber compartido centros educativos privados de elite, barrios, clubes y otras formas de socialización, lo mismo que menor proximidad ideológica respecto al gobierno anterior.

La evolución de los valores en las Bolsas está menos teñida por los factores antes mencionados, por la sencilla razón de que no reflejan meras opiniones, sino que en ellas se gana y se pierde dinero. En los periodos electorales en particular, la evolución de los precios de las acciones y otros valores expresan el grado de afinidad de los operadores con los partidos y luego con el gobierno electo; por ejemplo, subieron por afinidad con Donald Trump, Jair Bolsonaro y Mauricio Macri.[2]

En Uruguay no hay un indicador del mercado de acciones porque este carece de significación. La evolución de otros indicadores del grado de confianza en partidos o gobiernos, no tuvo cambios atribuibles a las elecciones en el 2019 o posteriormente, entre ellos la evolución del tipo de cambio, de la cotización de los bonos externos o del llamado “Riesgo país”. A primera vista la “opinión del mercado” difiere claramente de la expresada por los encuestados por KPMG. 

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La encuesta de KPMG pone en evidencia que los partidos que integran la coalición y el gobierno instalado a partir de marzo de 2020 cuentan con una mayor afinidad por parte de los directivos y gerentes de las grandes empresas que los gobiernos del Frente Amplio. No parece algo que pueda tomar por sorpresa a cualquier observador de la realidad uruguaya. Para analizar esa afinidad puede recurrirse a las categorías derecha e izquierda, clase social e ideología, aun cuando muchos rechacen su pertinencia.

¿A ustedes qué les parece?