EN TORNO A LA LUC

Ante una gran batalla cívica

Es evidente que la preocupación de la sociedad en torno a las consecuencias de la pandemia ha disminuido notoriamente. Aunque el tema sigue generando polémicas, con toda probabilidad estamos más cerca que nunca de su transformación en una endemia, es decir, una patología infecciosa de ocurrencia ocasional. Solo que aparezca una nueva cepa, más o menos peligrosa, más o menos transmisible, la evolución hacia una vida “normal” es lo esperable. Eso no significa que cesen las muertes, que las llamadas comorbilidades sigan complicando el panorama o que cada acontecimiento de cierta magnitud -como el comienzo de clases, por ejemplo- obligue a adoptar medidas específicas.

En función de este hecho, parece pasar a un primer plano, en la agenda política e informativa, la discusión en torno a los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). 

Antes de ingresar en consideraciones de fondo, conviene repasar los antecedentes del proceso en torno al referéndum.

En primer lugar, es cierto, como suele afirmar una y otra vez la coalición de gobierno, que la LUC fue anunciada durante la campaña electoral. Lo que nunca se especificó, más allá de algunos esbozos, fue su contenido privatizador, propietarista y regresivo. Este hecho, que no siempre se menciona, es parte del elemental juego político. Salvando las distancias, el expresidente Pacheco Areco, de triste memoria, nunca anunció públicamente que se disponía a asesinar estudiantes y opositores y que de ser necesario contribuiría, a manera de prólogo, a implantar una dictadura cívico-militar.  

En segundo lugar, es menester recordar las características inéditas de una ley que tiene casi 500 artículos y que hubo de aprobarse en apenas 90 días. La “urgente consideración” estuvo siempre reservada, hasta el momento, a situaciones puntuales, de especial relevancia. Pero utilizar la urgente consideración para todo un programa de gobierno es algo que, según mi entender, nunca se aplicó en nuestro país ni en ningún otro.

El apresurado tratamiento de los artículos no permitió una discusión profunda de cada uno de ellos y tampoco habilitó la consideración de opiniones de expertos -en Derecho Penal, en Derecho Laboral, etcétera- ni el parecer de organismos internacionales. Tanto los expertos nacionales como los organismos internacionales realizaron numerosas apreciaciones técnicas y de fondo sobre el contenido de casi todos los 135 artículos que ahora están en discusión. No menos importante es el hecho de que la ley fue discutida en plena pandemia, cuando la sociedad estaba conmovida por la aparición de la Covid-19.

Las características especiales de este dislate parlamentario desorientaron, como era de esperarse, a la oposición política y a las organizaciones sociales. Es preciso recordar las vacilaciones sobre la conveniencia de promover un referéndum, lo que por fortuna terminó cuajando en una campaña instrumentada con muchas dificultades -otra vez por la incidencia de la pandemia- y que solo una arremetida en las últimas semanas permitió completar el número de adhesiones necesarias.

Ahora bien, es necesario inventariar las diferencias entre las campañas. Por el lado del SÍ se verifica una gran actividad en las redes sociales, una mayor iniciativa en cuanto a los actos programados: reunión en el Palacio Legislativo, convocatoria para una asamblea en el Estadio Centenario, la oportunidad de hacerse oír en una cadena en los medios... El rosado ha invadido las ciudades, con pintadas de todo tipo, con animales de todas las especies pintados de color rosa, con respuestas contundentes ante los actos de vandalismo en su contra, etcétera. 

También cuenta lo que podríamos llamar el “efecto Carnaval”. Casi todas las murgas, los parodistas y los humoristas se pronuncian a favor del SÍ, a veces de manera muy  enfática, aunque muchas veces de una forma panfletaria que no ayuda. El NO no existe en el Carnaval, como se suponía que acontecería. No resulta fácil evaluar la incidencia final de este factor, pero es una contribución no menor a la difusión de las razones del SÍ.

Por el lado del NO, la campaña transcurre por carriles bien diferentes. No existe un comando unificado de los partidos de la coalición. Por un lado, un alicaído Partido Colorado realiza actos con escasa concurrencia y ha tenido algunas bajas dirigenciales que pueden ser importantes; el general Manini Ríos parece estar más interesado en el futuro de Cabildo Abierto que en plegarse a la argumentación de la coalición; el Partido Independientes apenas aparece; y el herrerismo se moviliza en todo el territorio, en especial en el interior, pero parece apostar al principal factor que, en definitiva, decidirá el resultado: el voto en blanco, que equivale a un voto por el NO. 

Lo cierto es que el próximos 27 de marzo se dirime una gran batalla cívica y habrá que esperar el resultado. El triunfo del NO le dará a la coalición la oportunidad de profundizar sus políticas regresivas. El triunfo del SÍ tendrá características de hazaña.

El factor decisivo es, a mi juicio, el cantidad de votos en blanco, como ya señaláramos. Se repite una y otra vez que Uruguay figura entre los países de democracia plena, concepto con el que estamos todos de acuerdo. Sin embargo, se escatima el hecho de que la supresión del voto obligatorio significaría un salto en la escala de las democracias plenas. Y esa es precisamente la cuestión fundamental. Con la vigencia del voto obligatorio el resultado queda en manos de los indiferentes, de los mal informados, de todos aquellos que optan por el camino más fácil.

De todos modos, siempre hay lugar para aquello que cantaba Ruben Blades: la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.