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INFLACIÓN Y GESTUALIDAD POLÍTICA
Del asado del Pepe al del Cuqui
Por Martín Buxedas
Los acuerdos de precios en proceso. La reacción gubernamental ante el aumento de los precios en Uruguay se tradujo hasta ahora en acuerdos voluntarios de precios y reducción del IVA.
En el caso del asado, la iniciativa movilizó a los poderes Ejecutivo y Legislativo, a partir de lo cual se aprobó una ley que exonera por 30 días el IVA del 10% aplicado a ese corte. El acuerdo entre el gobierno y el sector privado habilita, por un mes, la comercialización de 1.300.000 kilos de asado de tira disponibles en los depósitos de los frigoríficos a un costo entre 80 y 100 pesos menor que anteriormente. En promedio, cada habitante accederá a 400 gramos de carne con hueso y tendrá un ahorro de 40 pesos.
El senador oficialista Sebastián Da Silva justificó esa medida señalando que así “los uruguayos puedan degustar uno de sus platos preferidos”.[1] Esta simpática medida, por lo demás, tiene muy poco costo fiscal: entre 650.000 y un millón de dólares (la DGI recaudó 10.086. millones en 2021).[2]
En paralelo, para estabilizar el precio de los otros cortes de carne vacuna con hueso, el gobierno alcanzó “es un acuerdo simplemente con toda la cadena de los frigoríficos hasta los mayoristas y el final, al comprador”, según declaró el presidente Luis Lacalle Pou.[3]
El gobierno también anunció la quita del IVA a la harina y sus derivados y su intención de “facilitar” las importaciones de carne de pollo.
La inflación: una preocupación compartida. El crecimiento acelerado de los precios afecta a muchos países, entre ellos muchos desarrollados, y es motivo de preocupación social y de los gobiernos. No es para menos: la inflación, el crecimiento de los precios -y en esto coinciden los economistas- reduce el poder adquisitivo de quienes tienen ingresos que no se ajustan automáticamente, entre ellos los asalariados y los pasivos.[4]
Exoneración del IVA y acuerdos de precios. A fines de marzo, el gobierno y los partidos de la coalición que lo integran están elaborando distintas propuestas para contener los precios. Dejando de lado la propuesta inviable del senador Manini Ríos,[5] las otras iniciativas apuntarían a ampliar a otros productos la exoneración del IVA y los acuerdos de precios.
Las exoneraciones de IVA inevitablemente están acotadas en el tiempo y al número de productos comprendidos, ya que son la fuente del 48% de los ingresos de la DGI (Dirección General Impositiva), un tercio de los cuales se destina a financiar al BPS.[6] Por lo demás, como se verá más adelante, la reducción del IVA normalmente no se transmite a los precios al consumidor.
¿Cuál será el impacto de las medidas basadas en acuerdos de precios?
Para dar respuesta a esta interrogante se recurre a las lecciones que dejaron las experiencias anteriores.
Los gobiernos del Frente Amplio (FA) propiciaron varios acuerdos de precios. Diecisiete años antes que el presidente Lacalle lograra una rebaja de precios del asado y en medio de una crisis que arrastró a la miseria a muchas familias, el gobierno logró un acuerdo que redujo el precio del asado de 50 a 36 pesos por kilo. El asado fue bien recibido por los compradores a pesar de que los carniceros no vendían a ese precio la mejor parte del corte y le dejaban bastante grasa. Algo de esto sucede ahora, ya que muchos compradores al comparar los precios optarían por el asado con precios fuera del acuerdo. El asado y la carne en general están entre los productos que no son homogéneos y dan un margen de ganancia a los vendedores de cumplir con el precio acordado, pero de un producto de calidad inferior.
Años después de esa experiencia, los gobiernos concretaron ambiciosos acuerdos de congelación de precios para una amplia gama de productos. En el 2015 la lista incluyó 1.500 productos, como alimentos, bebidas y artículos de limpieza, que estarían en las góndolas a precios congelados durante tres meses prorrogables. Esta acción tuvo un impacto moderado en el control de la inflación, el que se extinguió una vez concluido el plazo.[7]
La disminución o eliminación del 10% del IVA a algunos productos básicos también fue utilizada en años anteriores pero sin mayores consecuencias sobre los precios al consumidor, ni siquiera en el corto plazo. La exoneración temporal del IVA del 10%, en general se reduce porque las empresas no recuperan el que debieron pagar a quienes los proveen de bienes y servicios. Por otra parte, los dirigentes de los gremios patronales no pueden asegurar que todas las empresas de la cadena productiva, que incluye a miles de distribuidores minoristas, cumplirán con los acuerdos y mucho menos si ellos se extienden en el tiempo.
El mercado se impone. Toda iniciativa de acuerdos de precios violenta flagrantemente el funcionamiento de los mercados, el que en definitiva se termina imponiendo. Cuando concluyan las existencias de asado, o al final del mes, todo volverá a la normalidad que imponen los mercados. Más claro aún: no obstante los anuncios preelectorales y la voluntad firme del gobierno de contener los precios de los derivados del petróleo, estos siguen aumentando sostenidamente muy por encima de los de otros bienes.
En el caso de la carne en particular, otro gallo cantaría si el gobierno impusiera detracciones (impuestos) a las exportaciones, medida que disminuiría automáticamente el precio interno. Las detracciones a algunas exportaciones se mantuvieron vigentes durante muchos años en Uruguay, pero en algún momento ese instrumento de la política económica dejó de ser políticamente viable.
En los extraños mercados que se aproximan a la competencia perfecta, como en el de frutas y verduras, la relación entre la oferta y la demanda impone los precios. La libertad plena para importarlos puede incidir en algunos de esos precios, pero esta medida no fue efectiva cuando se utilizó en el verano de 2008-2009. De esa época recuerdo una reunión en la que un representante del gobierno le llamó la atención a los importadores porque no habían aumentado suficientemente las importaciones para que los precios bajaran. La respuesta que obtuvo fue la cara de póquer de los empresarios. Una razón no expresada en la reunión fue que los importadores traen cantidades de mercadería controlada para que los precios no se derrumben.
Retrocediendo más en el tiempo, en 1968 el gobierno congeló todos los precios. La drástica medida tuvo efectos inmediatos, pero no evitó un rebrote inflacionario posterior. En ese momento se vieron las más ingeniosas manganetas para reducir los costos de los productos y mantener los precios.[8]
Si los acuerdos de precios sirvieran para contener la inflación, la Argentina sería en esta materia la envidia del mundo y, notoriamente, no lo es.
En suma, no debe esperarse que la exoneración del IVA y los precios acordados entre el gobierno y los dirigentes del sector privado contribuyan significativamente a mantener el poder adquisitivo de los hogares y, lo que es más importante, que reduzcan el ritmo de la inflación.
Es política, y no necesariamente en el mejor sentido de la palabra.
Está mas que claro. Lo que se busca es poder decir que se está preocupado por mejorar la microeconomía familiar para las cámaras de TV, radios, etc. Tu lo apuntas bien. Es muy lógico que estas disminuciones de algunos precios no afectarán al bolsillo del trabajador medio ni a los pasivos.
Gracias Walter por el comentario. Muchos economistas en estos días han estado diciendo algo similar aunque con palabras más suaves, fundamentación menos explícita y sin interpretación de porqué se adoptan esas medidas si tienen un impacto tan limitado y temporal.