Compartir
UNA REVISIÓN POST MORTEM
La Reforma Agraria
Por Martín Buxedas
La izquierda uruguaya tomó la bandera de la reforma agraria a partir de un diagnóstico en que atribuyó al complejo latifundio-minifundio la responsabilidad del estancamiento técnico-productivo de un sector fundamental de la economía y del mundo rural.
Los latifundistas, también propietarios de industrias y socios en la banca, eran considerados una parte importante de la oligarquía que, de algún modo, se vinculaba con el imperialismo de Estados Unidos. Diagnósticos similares al mencionado eran comunes en la izquierda de otros países latinoamericanos en los que los colonizadores habían privatizado la tierra en establecimientos de grandes proporciones. Las reformas agrarias de México y Bolivia, y luego las de Cuba y Chile, eran la fuente de inspiración principal.
En los documentos fundacionales del Frente Amplio (FA), en 1971, la reforma agraria tenía un lugar destacado. Esa propuesta programática se fue diluyendo a partir de la reapertura democrática hasta desaparecer sin que quedara constancia alguna de los fundamentos del cambio.
Como he abordado en otro texto,[1] es posible que la ausencia de la reforma agraria en los programas, y durante quince años en las políticas del FA, haya obedecido a factores tales como los cambios en el contexto histórico y la forma en que este era percibido, una mayor percepción de las dificultades prácticas de la implementación de cambios de tal envergadura, y el propósito de aumentar apoyos y disminuir presiones contrarias en las elecciones nacionales que permitieran alcanzar el poder.
En particular, los grandes propietarios de tierra dejaron de participar en la banca privada y, con pocas excepciones, en otras grandes empresas. Al mismo tiempo, a) el agro se dinamizaba particularmente durante el gobierno del Frente Amplio al influjo de un nuevo agente: el inversor extranjero, ávido comprador de tierras (cerca de 2 millones de hectáreas, principalmente en manos de medianos y grandes terratenientes); b) desaparecían masivamente los productores pequeños; y c) se reducía ulteriormente la población rural.
La visión negativa sobre los terratenientes ya no figura en los programas del Frente Amplio aunque perdura en una parte de su base más tradicional.
Bajo la presidencia de John Kennedy (1961-1963), la política de Estados Unidos para anular la posibilidad de una nueva Cuba en América Latina dio un giro importante, asignando importantes recursos a un nuevo programa, la Alianza para el Progreso, en apoyo a gobiernos que realizaran reformas estructurales, entre ellas la reforma agraria. De esa manera, Estados Unidos esperaba contener cualquier insurgencia que fortaleciera la posición de la Unión Soviética en la región.
Durante ese breve periodo, varios gobiernos de la región intentaron demostrar que era buen camino para captar fondos de Estados Unidos, aunque ninguno concretó avances significativos en la redistribución de la tierra.
La bala que terminó con la vida de Kennedy el 22 de noviembre de 1963 también puso fin de hecho a la Alianza para el Progreso y su apoyo a la reforma agraria. La política de Estados Unidos hacia la región retomó la estrategia adoptada durante la Guerra Fría. Los palos fueron más frecuentes y las zanahorias más esporádicas. Al vergonzante apoyo a la invasión a Cuba durante la presidencia de Kennedy, siguió el poco disimulado compromiso con los militares que derrocaron al gobierno constitucional de Brasil en 1964 y, un año después, la invasión de los marines a la República Dominicana para colaborar con golpistas que derrocaron a su presidente constitucional.
Al mismo tiempo que la izquierda, la Alianza para el Progreso y algunos organismos, entre ellos el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), promovían la reforma agraria, a comienzos de los años sesenta Wilson Ferreira Aldunate, líder emergente y carismático del partido de gobierno, se enamoró de las iniciativas elaboradas por la CIDE (Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico) bajo el patrocinio principal de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), que incluían una reforma agraria. El programa preveía la expropiación y redistribución de 3,5 millones de hectáreas y la solución a los problemas de tamaño y tenencia de 10 de las poco más de 16 millones de hectáreas con que cuenta la producción agropecuaria del país. La reforma agraria y medidas complementarias, entre las cuales un importante impuesto a la tierra y servicios de apoyo técnico, permitirían superar el estancamiento agropecuario.[2]
Más adelante, en 1971, la reforma agraria formó parte del programa de gobierno del candidato a la presidencia Ferreira Aldunate, aspiración que perdió por escaso margen en una elección que dejó sospechas de fraude.
Varias paradojas envuelven el apoyo de Ferreira Aldunate a la reforma, él mismo un gran propietario (las expropiaciones previstas no lo alcanzaban por poco), como también lo eran otros dirigentes de primera línea del Partido Nacional, históricamente representante de los intereses de los ganaderos. No es difícil explicar, entonces, el enterramiento de la reforma por dicho partido. Dos años después de las elecciones, la dictadura expulsó al exilio al propio Ferreira Aldunate, no por discordar con su iniciativa agraria, sino por su apoyo irrestricto a la democracia.
* * * * *
Varias generaciones dejaron de escuchar expresiones como latifundio, minifundio o reforma agraria. El silencio con el que ellas fueron enterradas dejó preguntas pendientes de respuesta. ¿Ya no existen en el país condiciones estructurales que afectan la dinámica agropecuaria y la distribución de la riqueza y el poder?
Muy interesante análisis y preguntas. La final deja campo para un gran debate. La dicotomia latifundio vs minifundio en términos territoriales sigue existiendo pero los terminos agronegocios y agricultura familiar han invadido y monopolizado el relato de la rzquierda. Es ese el fin de la idea de reforma?
Salud Mario. Interesante lo que decís y abre una perspectiva nueva volviendo a lo viejo. Si tengo claro que dentro de la producción familiar hay minifundio algo que se resuelve con más tierra y otros recursos o con una agonía más o menos larga.
Muy interesante el artículo. Apenas una precisión o matiz, las propuestas de la CIDE en materia agropecuaria estaban inspiradas por el propio Ferreira. (La verdadera opción de cambio y poder de 1971 fue esa. La del FA era opción de cambio sin poder y la del P. Colorado de poder sin cambio. Paradojalmente, o no, el FA restó a Ferreira el poco apoyo que hubiera requerido un real proceso de transformaciones estructurales). Como el que encabezó Frei padre en Chile, una reforma agraria de relevancia. De todos modos, esto es historia política, económica y social. Lo interesante es pensar estratégicamente el sector agropecuario en términos del proceso técnico incorporado a lo largo de las décadas, su productividad, su contribución al desarrollo, su grado de internacionalización y su nueva complejidad social. Los inversores en la tierra pueden ser a veces clases medias de la ciudad, a la vez que segmentos tradicionales, inversores extranjeros, etc. Nuevamente, muy buen artículo
Gracias Enrique por el comentario. Estoy de acuerdo también en el énfasis puesto en el futuro; como pueden las cadenas de base agropecuaria contribuyan crecientemente con el desarrollo del Uruguay. Lo cierto es que el estancamiento productivo, base del diagnóstico de la época, se ha superado en buena medida por la adopción de nuevas tecnologías y productos. Me permito reiterarte que Ferreira Aldunate se enamoró de la reforma agraria que planteó el CIDE agropecuario, algo que se explica en detalle en el artículo que citamos y cuyo coautor, Antonio Pérez, fue el primer director de la OPYPA y quien salía como técnico a promover las siete leyes del plan. Yo era un pinche protoprofesional allí mismo. Se explica allí la dedicación a la visión amplia del plan y a las leyes y programas que contenía.