HACIA EL 27M

Los 240 mil

Según Óscar Bottinelli, la papeleta rosada deberá remontar la cuesta de unos 240 mil votos por encima de los que logró el Frente Amplio (FA) en la primera vuelta electoral, en octubre de 2019 (casi 950 mil). Las voluntades necesarias para derogar los 135 artículos impugnados de la Ley de Urgente Consideración (LUC), equivalentes a la mitad del padrón electoral, superan a los sufragios que obtuvo en el balotaje Luis Lacalle Pou, quien se impuso por algo más de 30 mil sobre Daniel Martínez, que en noviembre obtuvo 200 mil sufragios más que los logrados por su partido un mes antes. Una parte de ese plus electoral, que de todos modos no alcanzó, vino desde fuera de la masa identificada con el FA. 

No es lo mismo una elección de partidos políticos que un referéndum como el que está convocado para el 27 de marzo, en un contexto muy diferente a aquel. Sin embargo, esta también será una contienda política -con los protagonistas del ciclo electoral 2019-2020-, por lo que repasar aquellos números puede dar una idea de la magnitud del desafío para el SÍ: va a haber que conseguir muchas voluntades más allá de la zona de confort electoral de la izquierda y el progresismo, que se ubica en torno al 40%, punto más o menos: un 30 seguro y cerca de un 10 que está predispuesto y termina votando. Así llegó el FA al 39% en 2019.

La mayoría de los indecisos no está interesada en política ni en temas sociales que para una parte importante de la población son de alta sensibilidad, como los que conforman la llamada “nueva agenda de derechos”. Rechazar las disposiciones de la LUC que están impugnadas no se encuentra entre las prioridades de gran parte de los ciudadanos. Además, la diversidad de temas que incluyen los 135 artículos -que hasta son poco conocidos entre los militantes de una y otra opción-, constituye un hándicap para la campaña del SÍ. 

La movilización por la derogación deberá lidiar contra la tentación o la tendencia a transformar la contienda en un pronunciamiento sobre el gobierno, que es lo que este busca. No es eso lo que propusieron los promotores del referéndum, por lo que no resultaría coherente aceptar ese camino. Y tampoco sería conveniente políticamente, porque dificultaría el diálogo con personas que, incluso estando propensas a acompañar el SÍ, comparten la gestión del gobierno en general, o no la rechazan in totum, o no creen conveniente un pronunciamiento al respecto en estos momentos.

Hasta ahora, el Presidente mantiene un considerable respaldo entre la ciudadanía, aunque haya mermado según las últimas encuestas. Que el acto del 27 de marzo quede signado como una “elección de medio tiempo”, o sea como una evaluación de la gestión del gobierno, no conviene a quienes impugnan los 135 artículos de la LUC. Tal vez muchos de ellos no estén plenamente convencidos de eso, lo que no deja de ser un inconveniente para la causa del SÍ. De todos modos, no resultará sencillo evitar que la propia dinámica de la campaña le vaya asignando cada vez más ese carácter, pese a la voluntad en sentido contrario de quienes conduzcan la movilización por el voto rosado.

Las disposiciones impugnadas responden a la concepción ideológica del gobierno y en particular del sector del Presidente: sobre los conceptos de libertad y de justicia, los derechos a la vida y la propiedad, la convivencia ciudadana y la seguridad pública, acerca de la relación entre individuo y sociedad, respecto a la concepción del Estado, entre otros asuntos que diferencian a la izquierda de la derecha, aunque el referéndum tampoco debería reducirse a un pleito entre visiones ideológicas. 

La comunicación a favor del SÍ, tanto la que se haga mediante el mano a mano militante con la gente, que será imprescindible, como la que emane de los mensajes publicitarios, también fundamental para abarcar al electorado con la mayor amplitud posible, deberá atravesar las barreras generadas por los "procesos de vaciamiento ideológico y despolitización" que, durante sus quince años de gobierno, el Frente Amplio no logró hacer retroceder como hubiese sido deseable. [1]

Sin desconocer las dificultades señaladas, el SÍ cuenta con fortalezas en la sociedad uruguaya que estimulan la esperanza en sus impulsores y que se arraigan profundamente en la tradición del país. En una columna de opinión en el semanario Brecha,[2] Rodrigo Alonso sostiene que la del SÍ es “una batalla por el sentido”. En su opinión, “la LUC, como conjunto, se orienta a la rotura de lo público, entendido lo público en un sentido amplio. No contaron con que aún hay un amplio sentido político de defensa de lo público, que, si bien es encuadrado organizativamente por el FA y el movimiento sindical y social, y otrora lo fue esencialmente por el batllismo y segmentos minoritarios del Partido Nacional, es mucho más que esas fuerzas. Esa entelequia, ese capital político de la sociedad uruguaya, es lo que se ha manifestado” en la recolección de firmas que habilitó la consulta del 27 de marzo. Y es lo que surgió en varios momentos en los que ese “sentido” estuvo cuestionado por concepciones políticas como la que impregna la LUC. Vale recordar el amplio espectro político que se congregó en el plebiscito de 1992 en defensa de las empresas públicas, así como en otras instancias donde multitud de uruguayos, por encima de partidos, se pronunciaron en esa dirección. Ese sentido sigue vigente, y cabe suponer que gravite entre muchos indecisos, e incluso entre quienes orientándose actualmente a votar el NO, puedan, mediante una campaña intensa e inteligente, cambiar de opinión.

Por lo tanto, será necesario apelar a una razón que está por encima de las fronteras políticas. La identidad partidaria deberá replegarse para que asuma prioridad la promoción de una causa nacional, de ese sentido o capital político, al decir de Alonso. Por ello, agrega en el citado artículo, “es clave […] esquivar los códigos discursivos de una identidad política atrincherada, que circula exclusivamente por los lugares comunes del ‘ser de izquierda’ y de las camisetas políticas o gremiales propias”. Será necesario “convocar una mayoría social lo suficientemente amplia para ganar el referéndum, y eso exige una apertura de las fronteras de la identidad política”.[3] Este es un aspecto medular, que, sin embargo, no siempre se ha tenido en cuenta al comunicar mensajes por el SÍ.

Un ciudadano proclive en principio a acompañar el SÍ pero que tiene una visión positiva del Presidente, podría rechazar una argumentación que se centre en la crítica a la gestión del mandatario. Muy probablemente quien se proponga ganar ese voto tenga una opinión muy diferente de Lacalle Pou, y no querrá ocultarla. Pero si el intercambio deriva hacia la gestión del gobierno y no se focaliza en la importancia de derogar determinados artículos de la LUC, el militante por el SÍ no logará su objetivo, por más reafirmado que quede en su frenteamplismo. 

Muchos ciudadanos no aceptarán inmediatamente argumentaciones que sí resultan evidentes para frenteamplistas, sindicalistas e integrantes de los movimientos sociales. En esta campaña, los mejores argumentos por la derogación de los 135 artículos de la LUC no siempre serán los que más entusiasmen a los convencidos, sino los que hagan reflexionar a los que dudan o no creen. Sin ello no se alcanzará la mitad más uno del electorado. La comunicación en estos casos debe enfrentarse a cuestiones delicadas que hacen a la pertenencia partidaria o sectorial y su compleja subjetividad.

El orgullo herido por la derrota de 2019 puede explicar ciertas descargas sectarias que no favorecen la campaña, de (mala) reivindicación del frenteamplismo, no exentas a veces de una tilinguería bastante extendida en las redes sociales. En política, según muestra la experiencia, eso no sirve.

Habrá que reflexionar con el otro, hacerle ver errores y contradicciones de los defensores de los 135 artículos; asumir que los calificativos (críticos o elogiosos) no convencen, y que es insustituible la argumentación. Hasta la terminología puede ser decisiva. Cada militante, cada comunicador en favor del SÍ deberá encontrarle la vuelta. Fácil no será, y no hay recetas para encarar el diálogo.

Deberá transitarse por el estrecho espacio en el que se definen los pleitos cívicos en un país políticamente polarizado. O sea, lograr que haya gente que cruce fronteras. El desafío es grande y complejo, obviamente.

A modo de resumen

La defensa de lo público y de la libertad concebida en los marcos del republicanismo y la solidaridad social, son rasgos de la tradición uruguaya que están arraigados en la historia del país y respecto a los cuales son incompatibles los contenidos de la LUC ínsitos en las disposiciones impugnadas. Por eso, como se dijo, el arraigo de ese sentido en la sociedad será una gran fortaleza del SÍ.

Por otro lado, hubo un debilitamiento de los valores de la justicia social y la solidaridad, así como un avance del individualismo, lo que se promueve y estimula en los artículos sometidos a referéndum.

La capacidad de movilización de los sectores políticos y sociales que impulsan la derogación de los 135 artículos será un factor poderosísimo a favor del SÍ. Por el contrario, constituye un problema para el diálogo con la gente la multiplicidad de temas incluidos, lo que diferencia este referéndum respecto a consultas cívicas anteriores. En esta oportunidad no hay un asunto central, lo que en otras instancias facilitó la comprensión y la toma de posición del ciudadano.

Asimismo, que la campaña girase en torno a la contraposición gobierno/oposición sería perjudicial para el SÍ al distorsionarse el objetivo y adelantar el debate electoral. Esto también sería políticamente inconveniente para el Frente Amplio.

Más allá de los pro y los contra, e intentando no incurrir en exitismo o voluntarismo, desde las tiendas del SÍ hay sólidas razones para afirmar que “se puede”. Pero las hazañas se construyen. Se construyen con militancia y reflexión; con confianza y espíritu crítico; con optimismo y responsabilidad; con amplitud para escuchar al otro y con creatividad para llegarle con argumentos. Y también con formas adecuadas de comunicación. Nada caerá del cielo, pero se puede lograr que muchos uruguayos crucen fronteras y se sumen a un pronunciamiento que el país necesita para afrontar los complejos tiempos venideros.