LA PRESERVACIÓN DE LA HERENCIA CULTURAL

El Patrimonio: un asunto de todos

El patrimonio cultural es el legado que las anteriores generaciones de la sociedad nos han dejado, y es también el que nuestra generación dejará a las siguientes, afirmando los rasgos colectivos de identidad.

Su propio concepto y el alcance del significado del término han variado con el tiempo, acompasando los cambios producidos en los sistemas sociales, culturales, económicos y políticos.

Compartiendo lo que expresan Lucrecia Rubio y Gabino Ponce, “el concepto de patrimonio como bien público y colectivo es una conquista reciente de las sociedades desarrolladas. En nuestros países, el patrimonio histórico cultural hasta el siglo XIX ha estado en manos privadas. La Corona, la Iglesia, la nobleza y alguna burguesía coleccionista han sido los grandes propietarios de los bienes artísticos y culturales que entendemos por patrimonio…”[1]

Los cambios en los sistemas políticos, con el nacimiento de las democracias modernas y el republicanismo, transformaron los ejes de apropiación de este patrimonio que pasa a ser colectivo.

“Se ha tratado de un verdadero proceso antropofágico colectivo mediante el que las sociedades con democracias han consumido todos los elementos que antes manifestaban el poderío de los viejos estamentos sociales, para asumir con ese proceso toda la representación simbólica del nuevo poder.”[2]

El patrimonio privado se convirtió en patrimonio público del Estado, es decir en patrimonio social. Este proceso de mutación genera una nueva conciencia colectiva, con el deseo de la sociedad de respetar y proteger esos bienes, para su disfrute, de acuerdo a los objetivos sociales alcanzados. El patrimonio se convierte entonces en una propiedad social, que define la identidad cultural y pertenencia colectivas.

El concepto mismo de patrimonio cultural ha evolucionado a lo largo del tiempo, favoreciendo la inclusión de otras categorías. En el comienzo, se trató fundamentalmente de las grandes obras de arquitectura o de las artes plásticas: los Monumentos Históricos tradicionales. Existió incluso un límite cronológico que dejaba por fuera obras trascendentes del siglo XX. Este límite se ha ido ampliando con el tiempo, abarcando también obras realizadas en el pasado siglo. Y seguramente se incluirán también obras del siglo XXI.

La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial de UNESCO, de 1975, establecía la distinción básica entre bienes culturales (monumentos y paisajes humanizados) y bienes naturales (formaciones y paisajes naturales espectaculares).

Esta distinción ha ido evolucionando dando lugar al concepto de paisajes culturales, que implica un abordaje epistemólogico más complejo y transversal en la medida en que estudia todas las trazas y acciones de la sociedad en el marco de una cultura y economía determinadas en el territorio, en interacción con los paisajes naturales.

Más recientemente se incluyó también la categoría de paisajes industriales o patrimonio industrial.

El patrimonio industrial se ha definido de variadas formas, aunque no muy distintas en lo esencial (Carta de NizhnyTagil, de 2003; Declaración de Dublín, de 1992; Criterios conjuntos de ICOMOS-TICCIH para la conservación del patrimonio industrial, de 2011). En este sentido entendemos el patrimonio de la industrialización como “aquel conjunto de bienes inmuebles, muebles y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo y que han sido generados por las actividades de extracción, de transformación, de transporte, de distribución y gestión generadas por el sistema económico surgido de la revolución industrial. Estos bienes se deben entender como un todo integral compuesto por el paisaje en el que se insertan, las relaciones industriales en que se estructuran, las arquitecturas que los caracterizan y las técnicas utilizadas en sus procedimientos, así como los archivos generados durante su actividad y sus prácticas de carácter simbólico”.[3]

De la misma forma en que fue rompiéndose la falsa dicotomía entre bienes culturales y naturales, yendo a la categoría más inclusiva de paisajes culturales, la UNESCO amplió el concepto de patrimonio cultural, al no limitarlo a monumentos y colecciones de objetos. Esta nueva categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial, comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales , rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional.

La UNESCO considera que el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida.

El desafío de la gestión

Como hemos visto, el concepto de patrimonio se ha enriquecido, requiriendo nuevos abordajes metodológicos que den cuenta de la creciente complejidad del término, pero también planteando un desafío para la gestión de este mismo patrimonio que, al ser de todos, corre también el riesgo de no ser de nadie.

La gestión del patrimonio es una categoría particular de la gestión cultural a la que “no podemos definir como una ciencia, ni se puede contemplar dentro de un marco epistemológico propio, sino que es fruto de un encargo social que profesionaliza a un número considerable de personas en respuesta a unas necesidades de una sociedad compleja. Esto le da una perspectiva pluridisciplinar muy importante que no podemos olvidar”.[4]

El patrimonio cultural no puede quedar congelado en el tiempo. Evoluciona en el mismo sentido en que cambian los requerimientos de un colectivo social que es a la vez el principal depositario de esa herencia. Y esta cuestión plantea un desafío paradojal para su gestión: cómo encauzar en forma efectiva los procesos de trasformación, manteniendo al mismo tiempo el respeto a los valores y la identidad de esos paisajes culturales que se pretende preservar. Esta pregunta está planteada tanto en el ámbito académico como en el ámbito de las organizaciones encargadas de proteger y gestionar este patrimonio, y también en buena medida por las propias comunidades locales que defienden su propia identidad y su cultura, muchas veces con intereses contrapuestos. Por lo tanto es un tema de abordaje académico, institucional y social, en forma integral.

Las investigaciones que se desarrollan en el ámbito académico permiten ir construyendo un marco conceptual y un conjunto de estudios de casos que faciliten la toma de decisiones.

Desde el ámbito institucional, a nivel local, nacional o supranacional, se pueden establecer marcos normativos y diseñar políticas públicas que pongan el foco en la gestión de este patrimonio cultural, visto desde diferentes perspectivas. Una gestión efectiva del patrimonio permite diseñar políticas que contribuyan a su protección, al desarrollo local de determinadas comunidades, que alienten el turismo responsable y que aseguren la sostenibilidad económica de los procesos. La gestión de esta realidad compleja requiere un modelo de abordaje sistémico y transversal, “a través de un pensamiento que distinga y que una a la vez, un pensamiento complejo, en el sentido original del término complexus: lo que está tejido bien junto”.[5]

“De esa manera, los métodos de gestión del patrimonio, además de sustentables y participativos, han de procurar la búsqueda de un enfoque transversal, pluridisciplinar y con variadas técnicas para la adecuada gestión del patrimonio bajo el enfoque de paisaje cultural. Los equipos plurales, formados por diferentes perfiles técnicos, se muestran como los más idóneos para esa gestión.

Al mismo tiempo, debe auspiciarse la participación social informada y comprometida, acción que no será posible sin una apropiación patrimonial colectiva de los valores que se busca conservar. Educación y comunicación son dinámicas claves en dicho proceso, entendidas éstas desde el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

En pocas palabras se podría decir que gestionar es hacer que las cosas sean posibles. Este aspecto requiere para los gestores, el desarrollo de determinadas competencias que los habilite para actuar como mediadores y articuladores y dirimir conflictos en un contexto con gran multiplicidad de actores involucrados que pueden incluso tener intereses contrapuestos. Para lograr que las cosas sean posibles,  también es necesario trabajar con una metodología que permita definir objetivos e indicadores que permitan medir resultados, analizar los contextos, analizar alternativas estratégicas, tomar decisiones y estar dispuestos a evaluar esos resultados en un ciclo continuo, sin lo cual, se corre el riesgo de caer en un mero voluntarismo.”[6]

En este contexto, es fundamental la articulación interinstitucional para el diseño y la implementación de políticas públicas que permitan una adecuada gestión del patrimonio. Es necesario plantear metodologías de gestión que permitan el desarrollo de una mirada estratégica, que habiliten la participación ciudadana y que establezcan un marco equilibrado para la actuación del mercado que supere las visiones facilitadoras de cualquier tipo de intervención depredadora del patrimonio pero que al mismo tiempo no caigan en posiciones de congelamiento absoluto de los paisajes culturales. El Estado, a través de un inteligente diseño de políticas públicas, debe encauzar las actuaciones y medir sus impactos.

En esta línea, la metodología de la planificación estratégica aporta instrumentos que perfectamente pueden ser aplicados al momento de diseñar un modelo de gestión que contemple la diversidad de casos expuestos. Los planes estratégicos se proyectan en una dinámica reflexiva y de intencionalidad prospectiva, que desarrollarán, de ser posible, el conjunto de agentes políticos, sociales, culturales y económicos que conforman o inciden en un territorio. Mediante esta metodología se define el escenario más adecuado para satisfacer razonablemente las necesidades y expectativas de los distintos involucrados y permite identificar estrategias para lograrlo. Estos modelos de planificación implican una visión de la gestión de lo público más coparticipada, que incorpora elementos de la sociedad del conocimiento más que de la industrial, enfatiza la naturaleza radial de las ciudades y permite aprovechar mejor el capital intelectual de la ciudadanía y de sus organizaciones, entre otros agentes.[7]

Si bien es cierto que la metodología de la planificación estratégica aporta instrumentos metodológicamente eficaces, también resulta necesaria la articulación de diferentes planes estratégicos sectoriales en las distintas escalas de intervención. 

Asimismo, asistimos a un progresivo involucramiento de los colectivos sociales en la defensa de su patrimonio cultural. Estas actuaciones, con diferentes niveles de organización, y en algunos casos de forma espontánea, han reaccionado ante intervenciones que amenazan este patrimonio. Y eso es muy estimulante, porque la participación y el compromiso ciudadanos son factores que aportan a su preservación; pero siguen siendo insuficientes en muchas situaciones. 

El marco legal existente, ya sea a través de la Ley de Patrimonio o la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, aporta instrumentos que también ayudan al desarrollo de estrategias desde la acción del Estado. Tal es el caso de la Ley N° 14.040, que define los cometidos y potestades de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, las directrices prácticas de ordenamiento territorial a nivel nacional y departamental, o el marco jurídico que regula análisis de impacto medioambiental. Pero muchas veces estos instrumentos pueden resultar reactivos frente a las intervenciones del mercado en determinados paisajes culturales o naturales a preservar. 

De ahí que sea necesaria una acción mucho más sistémica e interrelacionada entre los diferentes actores institucionales para tender a políticas más proactivas en la defensa de estos paisajes culturales.

En conclusión, la gestión del patrimonio requiere un marco normativo y un diseño institucional adecuado. Pero estos aspectos, si bien muy importantes, no son suficientes si no se trabaja en forma más transversal y sistémica, incorporando a todos los actores involucrados: los órganos de gobierno a nivel local, departamental y nacional, la academia, los agentes privados y fundamentalmente la ciudadanía. Este diseño de articulación puede generar las sinergias necesarias para lograr que realmente el patrimonio sea un asunto de todos.