EN TIEMPOS DE REFORMA EDUCATIVA

Los pensamientos de un ministro

En un reciente artículo publicado en la revista Voces, en su versión digital,[1] el ministro de Educación y Cultura, Dr. Pablo da Silveira, escribió una columna de opinión titulada “¡Al fin!”. En ella, el ministro realiza una serie de reflexiones que nos dan el pie para ensayar una respuesta y, sobre todo, dejar explícito nuestro punto de vista que es diametral y visceralmente opuesto.

El Dr. da Silveira hace una comparación entre dos contextos: el actual y el de hace quince años atrás, cuando asumía el gobierno progresista del Dr. Tabaré Vázquez como presidente de la República.

En la comparación identifica tres grandes problemas, y cito textualmente:

Leer aquella entrevista a casi quince años de distancia puede resultar descorazonador. El diagnóstico que podía hacerse entonces era igual al de hoy. La educación uruguaya tiene tres grandes problemas: tenemos un sistema educativo que expulsa a los más débiles, tenemos una gran desigualdad de aprendizajes entre los que siguen estudiando, y tenemos un problema global de calidad. Casi quince años y muchos miles de millones de dólares después, la situación no ha variado en esencia.

Aquí establecemos nuestra primera discrepancia. Al contrario de lo que afirma el ministro Da Silveira, los problemas de expulsión, malos aprendizajes y baja calidad educativa, el fracaso escolar no es un problema solamente educativo; es, en todo caso, también, un problema social y económico. Es un problema multicausal.

Una persona con cierta formación y un mínimo de acceso a la información, como descarto que lo es el ministro, no puede aseverar con seriedad, y mucho menos argumentar a favor de una reforma educativa, con ideas asumidas como verdades absolutas y desconociendo otros factores que inciden en el problema educativo: la pobreza, la violencia intrafamiliar, el abandono...

¿Cómo adjudicarle a la educación problemas sociales que le son ajenos? ¿Cómo basar una reforma educativa en una problemática que excede a la escuela, de la que se hace cargo aun cuando no debería? La mayoría de las interpretaciones sobre el fracaso escolar tienen un componente significativo al no incluir la multiplicidad de variables que inciden en la enseñanza y los aprendizajes (Lus, 2008: 51)

El diagnóstico del ministro es, por todo esto, parcial y sesgado, al sostener que el fracaso escolar se debe solamente a un problema escolar y, a partir de ello, justificar una reforma educativa.

El problema del fracaso no deber ser la afirmación que, a priori, justifique una reforma educativa. Es, en todo caso, una luz de alarma que indique, al menos, la necesidad de implementación de políticas sociales y económicas públicas al mismo tiempo que políticas educativas. Lo que no puede hacerse es trazar una política educativa para solucionar aspectos de la educación que le son ajenos.

Si el fracaso escolar es considerado únicamente un “fenómeno educativo”, comienzan a aparecer justificaciones para una reforma: flexibilidad del dispositivo escolar, pautas, transmisión de los conocimientos, contenidos y modos de vinculación (Baquero, 2010: 5) que son, casualmente, los ejes sobre los que gira la actual reforma: trayectorias, contenidos, conocimientos y gobernanza.

Otra de las reflexiones que realiza el ministro en su columna refiere a los ejes sobre los cuales gira el debate educativo. Cito nuevamente:

Si vamos quince años atrás, el debate educativo giraba en torno a tres grandes temas: dinero, autonomía y poder. De lo que casi no se hablaba era de educación.

Una idea muy extendida entonces era que lo que hacía falta para mejorar la educación era más dinero. El reclamo de los sindicatos y el discurso de los principales voceros del oficialismo de la época giraba en torno a la idea de más recursos. Fue entonces que aparecieron cifras mágicas, como la del 5% del PBI. Y los gobiernos de la época hicieron esfuerzos importantes por acercarse a ella.

El ministro Da Silveira debe estar lamentándose porque, desgraciadamente para él, esos temas continúan hoy vigentes en el debate: recursos, autonomía y gobernanza de la educación con cogobierno. 

Para cualquier gobernante sería un sueño adorado tener una educación pública paupérrima, dependiente y gobernada por el poder político del momento. A tal punto, que esto no fue cumplido por ningún gobernante desde hace 50 años.

Este ha sido un reclamo histórico del magisterio y el profesorado uruguayos. Desde hace décadas se ha reclamado el 6% del PBI en recursos genuinos para la educación, que sean gestionados en los ámbitos propios con la máxima autonomía y los órganos de cogobierno previstos en nuestra Constitución vigente; y no, como dice el ministro solamente por “reclamos” políticos o sindicales.

Me pregunto, ¿puede el ministro estar en contra de afirmaciones como las de Soler Roca, cuando con meridiana claridad nos dice que: 

Del mismo modo que cada pueblo ha de definir su proyecto político de sociedad, debe disponer también de su proyecto educativo, de una filosofía educativa, una política educativa. [Las reformas] Son o pueden ser legítimas, o totalmente ilegítimas, representativas de los puntos de vista de un poder circunstancial, resultado de imposiciones exteriores más que de consultas interiores, producto de una tecnocracia no representativa de la comunidad educativa. (Soler Roca, 2014: 50)

El ministro Da Silveira encabeza una reforma educativa que, a la vez que es legal en lo formal, no está legitimada. Fue y es impuesta por un poder político circunstancial y es resultado de presiones externas.

La reforma que dirige el ministro no representa para nada la concepción de los docentes, maestras y profesoras de nuestro país, cuando en reiteradas oportunidades denunciaron que las autoridades educativas hicieron caso omiso, ni más ni menos, que a las conclusiones de los diversos Congresos Nacionales de Educación y las diversas Asambleas Técnico Docentes.

Veamos, además, la autonomía de la educación en la concepción de José Pedro Varela, cuando afirmaba:

En todas partes hay ventajas y conveniencias positivas en hacer independiente de los otros ramos de la administración pública, la administración de la educación común: pero en la República Oriental, como en todo pueblo que en la misma situación política se encuentre, esa independencia es condición indispensable para tener completo éxito; sin ella, la educación del pueblo seguirá el vaivén de las convulsiones políticas y tendrá una existencia intermitente, débil y enfermiza. (Varela; 1964: 70)

El último punto o tema con el que el ministro Da Silveira termina su nota refiere a la gobernanza de la educación. Para él, la gobernanza de la educación se resume en un tema “de poder” que considera una disputa “para ser ocupado por organizaciones políticas y sindicales”.

Para el ministro Da Silveira, esos ámbitos obedecen solamente a razones “esencialmente corporativas”. Hasta tal punto enfrenta el ministro a los ámbitos de discusión y decisión colectivas con los ámbitos políticos de gobierno que sin tapujos manifiesta:

Por cierto, esta sigue siendo la visión de unos cuantos. Pero al menos hay más pudor para decirlo. Los uruguayos hemos elegido olvidar, pero, no hace tantos años, en este país se proponía públicamente que las resoluciones del Congreso Nacional de Educación fueran vinculantes, es decir, que las resoluciones de un ámbito esencialmente corporativo tuvieran preeminencia sobre las decisiones de los legisladores y de los gobiernos electos por el pueblo. Recordar aquellos hechos es bueno para percibir cuánto han cambiado las cosas.

¡Qué lejos estamos de las manifestaciones del ministro Da Silveira! 

He visto muchas veces invocar “al pueblo” como si ello solamente fuera garantía de lo democrático. La voluntad popular es uno de los componentes de la democracia (Arias Maldonado; 2021: 186) pero no es el único. Existen otros ámbitos, igualmente democráticos, igualmente representativos y deliberantes. Los ámbitos representativos de decisión colectiva como las Asambleas Técnico Docentes, que también, por cierto, el ministro califica como “esencialmente corporativas”, constituyen uno de los últimos ámbitos de construcción pedagógica en nuestro país.

Las opiniones del ministro de Educación y Cultura solo pueden provenir de un temor, de un profundo temor que creo que ni él puede verbalizar. Por eso arremete contra los ámbitos de las asambleas: los Congresos Nacionales de Educación, organizados en asambleas territoriales y las Técnico Docentes, desarrolladas en sus asambleas extraordinarias y por centro educativo. 

Solo el miedo puede llevar a considerar estos ámbitos como “corporativos” o “no propositivos”, en un intento de denostar cualquier otra forma de educar que no sea entregar la educación pública uruguaya al poder político de turno.

Las asambleas expresan muchas veces el vacío de representatividad que tienen las autoridades políticas de nuestra educación. 

Eso es lo que debió pensar el ministro Da Silveira al momento de redactar su columna.