DE LA CIUDAD COMO REIVINDICACIÓN (I)

La opción del derecho a la ciudad

A modo de introducción

En la actualidad, vivimos sumidos en una niebla que confunde nuestros puntos de orientación y referencia. Por eso es bueno emprender la tarea de propiciar una reflexión metódica a los efectos de disipar esta confusión imperante. Hay, en el pensamiento político de cada ciudadano, un sentido tan práctico como virtuoso en la asunción plena y clara de opciones políticas. Este sentido debe pormenorizarse precisamente hoy, cuando el desconcierto reinante hace pasar no pocos gatos por liebres en la vida social y, particularmente, en la vida de lo urbano, en el escenario político de la ciudad.

Con estas líneas se pretende dar cuenta del contenido político de una opción por el derecho a la ciudad, allí donde la precisión de este concepto, construido por Henri Lefebvre[1] y desarrollado por David Harvey y otros, supone una concepción de la ciudad que merece desarrollarse. La opción del derecho a la ciudad es una opción por una comunidad de asentamiento que merezca la reivindicación de un derecho humano fundamental a su habitación. Es en este sentido que la reivindicación de tal ciudad y del derecho de sus urbanitas -sus habitantes-  a su usufructo supone una opción política claramente orientada por la izquierda, toda vez que la ciudad, tal como la conocemos y padecemos en la actualidad, es defendida en su statu quo por el pensamiento político de la derecha.

A estos efectos, el artículo citado del sociólogo Fernando Errandonea, "Izquierda y derecha: quién es qué", publicado en la diaria el 5 de diciembre de 2020, nos servirá de columna vertebral para hilvanar un conjunto de reflexiones sobre lo urbano, la ciudad existente y la ciudad proyectada por una formulación temperada en clave de derecho humano.

Hay tres razones principales para acometer esta empresa. La primera es que es oportuno hacer acopio de toda una madura reflexión política sobre la realidad de lo urbano, que inaugurara Lefebvre en 1967. Segundo, es asimismo del caso un análisis específicamente político de la ciudad contemporánea, expresión socioterritorial del capitalismo tardío. Por último, ha de darse forma a un nuevo y emancipador proyecto político de ciudad, donde el urbanita sea el protagonista de la operación de plasmación de una entidad que le sea merecedora: una ciudad para sus gentes.

En su sentido histórico y etimológico, la ciudad ha sido el lugar donde los sujetos han podido encontrarse y asociarse para mejorar sus condiciones de vida de forma común. La gestión compartida en la mejora de las condiciones de vida nos ofrece una primera mirada de la política y así se puede decir con toda propiedad que el origen de la ciudad está ligado a la política y al propio origen de la democracia, es el espacio del diálogo y, por ello a la vez, del conflicto. En las ciudades se hacen las revoluciones y se producen las innovaciones. (Alguacil, 2008)[2]

La pura enunciación de un derecho a la ciudad evoca, en primer término, la situación de tantos urbanitas segregados que no consiguen tener efectivo acceso a todo aquello que la ciudad puede brindar, al menos según la representación conceptual o ideal de esta. En principio, señala una situación social injusta, la de la exclusión y segregación de amplios sectores de la población con respecto a una forma común de vida urbana. Sin embargo, si se repara no ya en una representación conceptual de la ciudad, sino en su caracterización objetiva concreta, se puede poner atención, en consecuencia, al vínculo entre los urbanitas y la estructura urbana. Tal vínculo, en esta segunda asunción, es el objeto concreto de la reivindicación del derecho a la ciudad, esto es, el derecho a un vínculo pleno, adecuado, digno y decoroso de todos los pobladores, con una ciudad que debe ser reapropiada. Por fin, el derecho a la ciudad, si se pone la atención en la necesaria transformación política y socioterritorial de esta, permite desplazar la atención, ahora, a la propia constitución de la ciudad como proyecto y realización social y política. En este tercer sentido, el acento está puesto en el derecho de todos y cada uno de los urbanitas a proyectar y construir concertadamente una nueva ciudad, una ciudad a medida y hechura de su gente.

Acumulación y desarrollo

Una ciudad sustentada en su desarrollo, como objeto de un derecho humano a ella, es una ciudad que busca la liberación social y económica de sus ciudadanos. En efecto, una ciudad debe ser entendida como un proceso de continua autoconstrucción. Si esta autoconstrucción es una tarea difundida democráticamente en todo el cuerpo social, debe sustituirse, de modo necesario, la hegemonía de los sectores dominantes en su desarrollo. Pero, es necesario consignarlo claramente, para que este empoderamiento masivo de todos y cada uno de los urbanitas se lleve a cabo de modo efectivo, debe lograrse que toda la formación social, económica y política opere de modo adecuado a estos fines. No hay nuevo desarrollo ciudadano sin cambio social y, recíprocamente, no es posible verificar en el escenario urbano un cambio social sino a través de una profunda transformación en el modo de desarrollarse la vida urbana.

La acumulación como un amontonamiento no organizado, puede entonces reconocerse como algo característico del espacio urbano resultante de una modernización fragmentaria e insensible. Así, en la ciudad parece predominar un conjunto indisociable de objetos, sistemas y residuos, luego de la acción de mecanismos instrumentales de construcción urbana: especulación inmobiliaria, vivienda social, poblaciones y espacios urbanos informalizados, espacios autorreferenciales de consumo y ocio, publicidad exterior invadiendo el espacio visual, trazado y construcción autónoma de redes de infraestructura, y abandono de los espacios de memoria por no poder integrarse a los modos actuales de producción. La ciudad actual se presenta informe, amontonada. (Vielma, s/f)[3]

La ciudad en la que vivimos actualmente es un producto manifiesto de la fase tardía del desarrollo capitalista: la ciudad que habitamos es la ciudad desarrollada en torno a las dinámicas complementarias de acumulación y consumo. El territorio urbano es una cantera de localizaciones diferenciales disputadas por los agentes hegemónicos, los que, en una suerte de ajedrez del suelo, se disputan competitivamente las locaciones estratégicas, haciendo de la acumulación de capital inmueble la principal fuerza motriz de la urbanización. El lugar urbano se ordena de manera operativa, para que cada porción pueda ser tasada, intercambiada y acumulada con método experto y hegemónico. La ciudad, a título de espacio urbano, se explota con los métodos y los procedimientos eficaces de los poderosos. Frente a esta ciudad signada por la proliferación de bienes, tanto muebles como inmuebles, las grandes mayorías sociales se contentan con su consumo.

Pero para describir totalmente la ciudad contemporánea no basta con el delineado de aquello que el poder inflige sobre su forma y contenido. Es necesario reparar en el hecho de que la ciudad está habitada por personas, las que consuman su existencia en la vida urbana. Vistas las cosas desde la perspectiva de la vida menuda y cotidiana de los urbanitas, encontramos que estos se aplican con denuedo, por su condición de personas, a cultivar el lugar que habitan, antes que resignarse pura y simplemente a la explotación privada y al mero consumo. Hay una astucia de la existencia de los urbanitas que germina torvamente por debajo del sojuzgamiento del poder. La gente no se priva del todo de su condición, por más prolijas e implacables que resulten las maniobras de los administradores del espacio urbano.

La ciudad a la que todos y cada uno de sus urbanitas tienen derecho, constituye una entidad en proceso de desarrollo social y económico completamente diversa del modelo de acumulación y consumo. Tal desarrollo económico debe oponer a la actual falta de equidad social una generalizada plataforma de inclusión y promoción social; debe estimular la amplia movilidad social y la inclusión plena en el trabajo formal de las mayorías sociales; debe sustituir la segregación excluyente por un ofrecimiento intenso de soporte de oportunidades de calificación. Por esto es que una ciudad sustentada en su desarrollo, como objeto del derecho humano a su disfrute, es una ciudad que busca la liberación social y económica de sus ciudadanos.

Distribución

En la ciudad que padecemos, el mercado es la institución que se encarga, de modo hegemónico, de distribuir y asignar recursos a los diferentes actores económicos. La ciudad que habitamos es un inmenso y omnipresente mercado en el que todo se vende y se compra. En este frenético y continuo proceso, prolifera la desigualdad social, ya que, en la dura lucha competitiva, pocos son los que ganan casi siempre y muchos los que pierden sistemáticamente; pocos los beneficiados por la astucia del mercader y muchos sus damnificados; pocos los triunfadores de este esparcimiento generalizado y legiones de arruinados los que merodean apenas resignados por el campo de juego. Dicen los voceros de los pocos que ganan, se benefician y triunfan en la ciudad, que el mercado es el mecanismo más eficaz para poner a las cosas y a los sujetos “en su sitio”.

Los defensores de la adecuada asignación de recursos por el mercado bien pudiera que fuesen fieles creyentes en la existencia de una deidad oscura e impasible, titular acaso de la mentada “mano invisible” con la que repartiría dones o aflicciones. O bien pudiera sostenerse la existencia de un mecanismo implacable y sobrehumano que dominaría, con sus artificios, la suerte de las personas. Sea como fuera, en ambas alternativas se echa en falta el factor humano, que pudiera ser el protagonista de una asignación equilibrada de recursos, de manera que sea posible proponerse la pública felicidad y la obligación ética para con el bienestar difundido en la totalidad integral del cuerpo social. No parece que estemos condenados ineluctablemente a la desigualdad, a la discriminación y a la segregación, siempre que, en primer lugar, nos lo propongamos en serio y, acto seguido, asumamos socialmente la responsabilidad de construir otras realidades, sociales y urbanas.

La mano invisible del mercado pone a cada urbanita en el sitio que pueda pagar, recluido en el vecindario donde moran los de su misma condición. De este proceso resulta la segregación socioterritorial que disgrega la condición urbana por excelencia, constituida, precisamente, por la concurrencia concertada y conflictiva de sujetos diferentes en un territorio común en el que pueden usufructuar, en conjunto, las ventajas de la vida asociada y la condición gregaria. Los muy ricos huyen de la ciudad para confinarse en sus barrios privados, los no tan ricos ocupan las regiones ambientalmente más favorables, alejando convenientemente a los no muy pobres y tomando distancia física y simbólica de los muy pobres. La ciudad se transforma en una urbanización desagregada en un mosaico de enclaves antagónicos, hostiles y más o menos marcados en sus fronteras de miedo mutuo. Así, para cada aterrado urbanita, el radio por la que está dispuesto a deambular con confianza se va estrechando en torno al vecindario poblado por “la gente como uno”.

Mientras que el mercado opera dispersando la vida urbana, habrá que esperar, con paciencia, un movimiento social que conteste a este proceso, abogando por la reconstitución de una ciudad hospitalaria para todos. A la hostil segregación territorial debe oponerse, de modo decidido y consciente, unos modos de producir y reproducir la vida urbana que abran puertas y alamedas para la concurrencia pacífica y plural de todos sus habitantes. A la urbanización que asigna, como una condena social y económica, a cada uno un lugar tenido por adecuado por su condición social, se le contradirá con una ciudad de la coexistencia y el concierto de los diferentes. Pero hay un detalle especialmente significativo en esto. Esta contestación, oposición y contradicción, no será realizable ni con la interposición de una deidad luminosa digna de fe, ni con el concurso de ningún mecanismo ciego. El cambio social debe ser liderado por la consciente voluntad humana de su necesidad. Solo cuando las más amplias mayorías sociales adviertan la acuciante necesidad de una ciudad hospitalaria para todos, es que estaremos en condiciones mínimas e inaugurales para abordar el consecuente cambio social de la vida urbana.

La opción por la ciudad a la que todos tenemos derecho es una opción por la distribución socialmente equitativa del derecho a la ciudad, tomada esta operación desde sus dos aspectos complementarios. Así, el derecho a la ciudad debe ser difundido a lo largo y ancho del cuerpo social, de modo que alcance a todos y cada uno de los urbanitas. Y, recíprocamente, la ciudad pródiga debe sustituir a la mezquindad actual, que mal reparte los beneficios de la vida urbana, asegurando enclaves sofisticados para ricos y regiones depauperadas para pobres. Una ciudad pródiga es aquella que brinda el total de sus recursos y horizontes, sin reservas, a todos por igual, toda vez que los urbanitas, poco a poco, se las arreglen para constituirse como cada vez menos desiguales.

Ciudadanía

[…] no se puede disfrutar de una ciudadanía plena en los planos civil y político en ausencia de determinadas condiciones previas, las cuales están ligadas, directa o indirectamente, a los recursos materiales que hacen posible una vida digna. Primero, porque es innegable que el ejercicio de la ciudadanía política estaría cerca de ser meramente nominal si no se garantiza a todos los ciudadanos una educación básica, un mínimo de seguridad económica y ciertos servicios sociales; segundo, porque la propia legitimidad del sistema democrático estaría siempre en cuestión, en ausencia de esas mismas condiciones; y tercero, porque la validez del modelo universal e integral de ciudadanía del proyecto liberal depende […] de que el disfrute de los derechos cívicos se extienda a todas las capas de la sociedad, sin excepciones de ningún tipo. (Freijeiro, 2008)[4]

Debemos esmerarnos en distinguir la condición de urbanita -habitante de la ciudad- de la de ciudadano. La condición de ciudadano es terreno de disputa política. Mientras la derecha reduce esta condición a la de productor y consumidor, esto es, el estatuto del puro agente económico, libre al producir y soberano en su consumo, la izquierda, con muchos matices, aboga por una ciudadanía social (vid. Errandonea, cit.). La idea de ciudadanía social, originada en el pensamiento del sociólogo inglés Thomas H. Marshall, asocia la condición de ciudadano en su aspecto político al acceso efectivo, al menos, a unos mínimos de prestaciones sociales, tales como la educación, la salud o la previsión social. En Marshall, la idea de ciudadanía social fue, en su momento, una concepción reformista, a fin de conservar lo esencial de la formación capitalista moderna, puesta a salvo del cambio revolucionario. Sin embargo, ante el embate de la derecha neoliberal, cabe preguntarse si una idea reelaborada de ciudadanía social no podrá conducir a un proceso de cambio social distinto a la mera pervivencia del sistema.

En efecto, en la vida social, económica y política del escenario urbano, los urbanitas apenas si nos contentamos en las alternancias asimétricas de investir las condiciones de productores y consumidores urbanos. La urbanización actual obedece al ritmo y a la melodía que le imprimen los promotores inmobiliarios, domina la lógica del mercado de locaciones urbanas y se distribuye el padecimiento generalizado de los resultantes de tales factores en la población urbana. Son muy pocos aquellos que imponen su voluntad y su ley en cuanto a decidir cómo, dónde y cuándo se desarrollan qué fenómenos urbanísticos, mientras que somos todos los que consumimos, más o menos pasivamente, más o menos de manera entusiástica, los resultados de tales operaciones.

Los urbanitas no tienen por qué contentarse con esta condición de meros consumidores, sojuzgados por una producción urbanística dirigida hegemónicamente por los menos. Bien podemos aspirar a constituirnos como ciudadanos consumadores de su realidad urbana, aunando voluntades políticas para democratizar radicalmente la producción urbanística, obligándonos comunitariamente a crear las condiciones económicas alternativas a las lógicas de mercado, concertando esfuerzos sociales de inclusión y hospitalidad. A la vez, podemos construir de modo deliberado y racional una ciudadanía amparada y promovida por el bienestar social. Si somos capaces de obligarnos a ello, la ciudad que habitamos puede llegar a cumplir con su destino humano superior: ser expresión urbana de una comunidad de ciudadanos solidarios, semejantes y, por ende, libres.

Hablar de bienestar es hablar de dignidad, de integridad y, por encima de todo, de autonomía. La ciudadanía social, en este discurso, debe ampliar sus límites más allá de la provisión de bienes materiales. El bienestar radica en la posibilidad de cada individuo para transformar esos bienes en verdaderas capacidades, en una libertad entendida como control sobre sus propias vidas. (Freijeiro, 2008)

Solo con la construcción de una comunidad de ciudadanos solidarios, reconocidos en su semejanza y, en consecuencia, verdaderamente libres, es posible concebir una ciudad como un verdadero patrimonio social. Hay en el trasfondo utópico de la idea de ciudad mucho de concierto de diferentes músicos, mucho de capital comunitario, mucho de construcción colectiva y pública felicidad. Y, sin embargo, la urbanización que habitamos nos aflige día a día con su segregación socioterritorial infamante, su privatización abusiva, su reserva de clase complementada con una exclusión social cada vez más aguda. La urbanización salvaje contemporánea, como expresión de una formación social y económica insensata e insostenible, nos destroza la ciudad, la utopía de su trasfondo y nuestra propia condición de ciudadanos. Las políticas que no solo se desentienden del bienestar social, sino que lo vejan de modo cotidiano, contundente y creciente, no hacen otra cosa que destruir, día a día, la mayor expresión de la habitación humana sobre la tierra.

Por ello es que, según puede sospecharse, la reivindicación del derecho a la ciudad debe complementarse, necesariamente, con la construcción metódica, acumulativa y progresiva de una ciudadanía social que permita, paso a paso, pero sin desmayo, que los urbanitas, como plenos ciudadanos sujetos de sus derechos, se apropien del proceso de urbanización, reorientando este hacia la consecución de una ciudad a la que estos urbanitas empoderados tengan efectivo derecho. Tal ciudadanía social se ampara y promueve mediante el Estado de Bienestar y, lejos de conformarse con un horizonte limado apenas de asperezas, consigue afrontar, con convicción racional, el necesario cambio social.

Criminología

La combinación, en las sociedades capitalistas, de la separación de las funciones urbanas con la separación de las culturas, de las clases sociales y de los fragmentos de clase, está incidiendo en la destrucción del espacio público, despojándole de sus funciones tradicionales de encuentro, entre ellas su función política del compartir, del negociar, del consensuar, del manejo del conflicto que es controlable gracias al contacto cotidiano entre sujetos y colectivos deferentes. La distancia entre los grupos se acrecienta en sus distintas perspectivas: social, económica, cultural, ambiental... incorporando nuevas e inquietantes perspectivas del conflicto urbano en forma de violencia urbana y particularmente de enfrentamiento entre redes y fracciones de clase. La urbanización funcionalista, en su doble separación física y social, de espacios monocultivo y de grupos endogámicos, impide de facto la producción social del espacio, la construcción conjunta de la interpretación y la democratización del mismo. (Alguacil, 2008)

En los tiempos que corren, nos atruenan tanto los oídos, como también el entendimiento, los rugidos de la voluntad punitiva intrínseca de la derecha. En una sociedad de “ellos” y “nosotros” se ha abierto una grieta que solo puede resolverse por medio del conflicto violento. Para el sentido común falazmente dominante hoy, no existe el delito como eventualidad, sino que es la condición subhumana de existencia de la “delincuencia”. Así, la vida urbana deja de verificar ciertos hechos como crímenes, para devenir un teatro de operaciones en el que se libra una guerra entre “la gente de bien” y “la delincuencia”, esta última despersonalizada y tan fantasmal como temida y odiada. Para el sentido común de la derecha, la “delincuencia”, así entendida, es el enemigo.

Para una sociedad que margina, segrega y reprime, la ciudad que la gente habita es la estructura donde tiene lugar el conflicto, el cual únicamente puede terminarse con la reclusión, expulsión o hasta la ejecución de “los otros”. La urbanización que padecemos es la expresión del primer acto causal de una confrontación violenta: la que opone a los integrados con respecto a los disfuncionales. Siempre cabe la duda sobre quién habrá lanzado la primera piedra, pero, según parece, esta sociedad y esta ciudad que la expresa territorialmente es escenario impávido de unos conflictos que cada vez se zanjan con más violencia. A la sociedad y a su ciudad les empieza a sobrar la gente y, como suele ser en estos casos, ambas se desprenden de lo que les sobra. Cabe preguntarse, sin la menor retórica, cuánta es la gente que terminará sobrando, si todo sigue como va. Cabe preguntarse si la “carne de presidio” no fue antes apacentada en convenientes guetos marginales, y delicadamente inducida a cualquier desliz que justifique finalmente la represalia de los que infligen por vocación, los reclusores. Así, todos terminan en sus respectivos sitios: la “gente bien” delante de sus televisores y “los otros”... donde les corresponde.

La ciudad en que cada sujeto, según su condición social, ocupe el lugar que le corresponde es la expresión descarnada y concreta de la urbanización funcional moderna. El funcionalismo capitalista no puede prosperar sino en un marco racionalizado por su ley: cada emplazamiento urbano merece una condición social homogénea y exclusiva, que permita orientar el sistema de operaciones de realización de valor por el mercado. Por ello es que toda pequeña ventaja de tipo ambiental, social o cultural debe aprovecharse en su justa medida para segmentar a los consumidores, para agruparlos estratégicamente según los dictados de la promoción inmobiliaria. Pero para agrupar consumidores en enclaves urbanos nada hay como el miedo al hurto o la rapiña. De donde se deduce que la reclusión urbana recíproca es la “solución urbanística”, por la cual algunos quedan recluidos en barrios exclusivos y los otros… lo más lejos posible, o incluso en establecimientos penitenciarios.

La urbanización actual desarrolla una ciudad violenta. Allí donde cada calle es un territorio hostil, donde es temerario esperar el ómnibus de noche, cuando los parques urbanos se transforman en conatos de selva, en esa ciudad solo cabe recluirse en la morada propia, asistiendo atónito al espectáculo de la televisión. La urbanización que apuesta y consigue distanciar a sus urbanitas despliega un escenario de confrontación y miedo. La experiencia urbana cotidiana del aterrorizado es una frágil burbuja desde donde, por mediación de la pantalla, recibe con pavor las noticias de la guerra. Los urbanitas se calzan el capote del miedo, un miedo urbano, un miedo social y sueñan con aniquilaciones cruentas de enemigos, en ostracismos de caras extrañas, en exorcismos punitivos: que se maten entre ellos, que se pudran en la cárcel.

Pero, por más que nos cueste, debemos entender que el crimen en el escenario urbano es algo que difiere por naturaleza de la pertenencia estigmatizada a una clase subhumana de sujetos: los delincuentes. Deberemos contemplarnos a nosotros mismos en el espejo sociológico y entender por fin que estamos trenzando nosotros, en la vida urbana, las cuerdas de la horca tan temida. Los golpeados por la exclusión infamante no hacen más que reaccionar, de modo impropio y violento, a un orden urbano y social previamente configurado, que es también impropio y violento. Por ello es necesario, hoy más que nunca, ponerse a pensar, concebir e impulsar una ciudad pacífica, inclusiva, integrada. Puede sonar utópico, pero es realista. Únicamente una ciudad inclusiva e integradora podrá aspirar, de modo sostenible, a una condición pacífica, a fin de que los índices de delincuencia vuelvan a constituir fenómenos eventuales, inevitables en la vida social, pero, en todo caso, excepcionales, y ya no la regla.

(En la próxima edición de Vadenuevo encontrarán la segunda y última parte de este artículo).