EL SUPUESTO ABARATAMIENTO DE LA VIVIENDA

Las falacias del sentido común

Cuando los razonamientos políticos se simplifican al máximo para persuadir al público más distraído, es preciso prestar la mayor atención. En más de una ocasión, desde el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) se ha difundido ampliamente la aparente necesidad de “producir más viviendas a menor costo”. Producir más con menos recursos, en principio, parece corresponder al sentido común. Sin embargo, la proposición encubre un conjunto de falacias que es prudente desvelar.

Este es un momento en que el Estado y su gobierno retacean recursos a las políticas sociales de vivienda ya consagradas. Las cooperativas de vivienda con contratos firmados tienen dificultades para cobrar sus certificados mensuales de obras, y algunas no han podido iniciarlas por enlentecimientos administrativos. Precisamente, en estos momentos resurge la propuesta -autoproclamada por las autoridades ministeriales como “revolucionaria”-, por la que se conseguiría abatir los considerables costos de la construcción mediante la implementación acelerada de “sistemas de construcción no tradicionales”. Estos sistemas, llevados a la práctica por empresas privadas, darían lugar, aparentemente, a más “soluciones habitacionales” a menor costo.

Para algunos actores políticos, el dilema de los recursos públicos siempre escasos para ser destinados a la producción de vivienda popular solo puede afrontarse con un abaratamiento en los costos de producción. Intentaré demostrar que esta afirmación, extraída de la cultura del sentido común, es falaz, porque simplifica indebidamente el problema integral de la producción del hábitat popular.

¿Por qué construir sale tan caro?

Es innegable que la labor de construir el hábitat -las viviendas con sus instalaciones y servicios necesarios para la vida social- resulta caro. Más allá de considerar factores de detalle sobre la eficiencia relativa de la gestión empresarial, la incidencia de los costos de la mano de obra y la proporción entre capital fijo y variable, existen al menos tres aspectos que merecen especial mención.

Lo primero que ha de tenerse en cuenta es algo que atañe a la condición de la construcción civil como una suerte de cuenca de las más diversas producciones industriales que le proveen de insumos: la industria cementera y de producción de material cerámico, el suministro de hierro, aluminio, vidrio y carpinterías, las instalaciones eléctricas y sanitarias y un largo etcétera. Todo un aluvión de producción e intercambios que concurre desde su ubicación en el espacio y el tiempo.

Precisamente, este último aspecto, la característica de situar en un lugar y una circunstancia particulares su producción, determina un segundo aspecto singularmente importante para la estructura de costos de la construcción civil. No se construye en un plano horizontal abstracto de una hoja de papel o en la proyección de una pantalla; se construye en un suelo dado, con sus propias características físicas y con una topografía determinada, lo que conlleva costosos procedimientos de prospección a la vez que de nivelación y rectificación del solar. Asimismo, no se construye mediante un simple montaje de elementos, sino que la nueva construcción se integra, de manera variable desde el punto de vista de los costos, a una red urbana de servicios, tales como los de energía eléctrica, agua potable, saneamiento, vialidad, alumbrado público y otros.

Un tercer aspecto consiste en que lo sustancial de la producción se realiza a cielo abierto, reuniendo los más dispares elementos provenientes de todos los puntos posibles de inicio alrededor del emplazamiento, lo que exigirá hacerse cargo de los costos significativos de sus respectivos transportes, acopios y financiación. En los costos de la construcción tiene una incidencia decisiva el tiempo y las circunstancias que rodean el emprendimiento, con cuotas significativas de incertidumbre. Y la incertidumbre se paga caro.

Estos tres aspectos son decisivos para hacer de los costos de la construcción valores difíciles de abatir. En particular, los abundantes factores de incertidumbre parecen singularmente decisivos. Pudiera pensarse que conformar un marco de circunstancias cruciales relativamente sostenible en el tiempo acaso contribuya en no poca medida a moderar los precios, al menos en un mediano plazo. Pero de esto no se discute, y quizá fuese temerario hacerlo en este momento histórico de tanta angustia y desasosiego. Tal vez por ello es que aparece como una emergencia esperanzadora la opción por los denominados sistemas constructivos no tradicionales.

Los sistemas constructivos no tradicionales

Antes de considerar qué características tienen los sistemas constructivos no tradicionales, corresponde delinear a grandes rasgos qué se entiende como tales.

En primer lugar, se trata, como su nombre lo indica, de un sistema, esto es, un modo ordenado de operar el proceso productivo, en el cual cada componente aporta lo suyo en un plan de conjunto y cumple con su objetivo de manera integral, esto es, abarca el conjunto exhaustivo de las tareas implicadas, a la vez que se configura de modo abierto, admitiendo variantes y ajustes de detalles de acuerdo con las más diversas circunstancias. En segundo término, se trata de un sistema constructivo, lo que implica no solo el montaje de elementos discretos, sino su integración en grado superior en un plan arquitectónico. Por fin, el adjetivo tradicional se aplica como síntesis del resultado de un dilatado y constante perfeccionamiento histórico: el sistema constructivo tradicional conforma una pieza de la cultura tectónica de una sociedad y no es detentado en exclusividad por ningún grupo social o empresa en particular, sino es patrimonio legítimo y legitimado de un modo social de producción específico.

Los denominados “sistemas constructivos no tradicionales” (SCNT) deberían ser caracterizados, en realidad, como procedimientos constructivos alternativos. En efecto, no suelen constituir sistemas integrales, sino que, por lo general, ofrecen una innovación de ciertos procedimientos, peculiarmente aplicados a los rubros estructurales o los que tocan a la albañilería. Así, los muros son sustituidos en ocasiones por paneles o se realizan por proyección o vaciados de hormigón. Por lo general, se busca ahorrar peso y agilizar los procesos, disminuyendo relativamente la incidencia de la mano de obra extensiva. Es frecuente que resulten en propuestas innovadoras de montaje, complementadas por operaciones convencionales en lo que toca a las instalaciones eléctricas y sanitarias. También es usual que lo que prime en la concepción tecnológica sea la propia ingeniería productiva más que un plan arquitectónico como tal. Lo que parece una seña común de identidad es que tales “sistemas” resultan relativamente cerrados, previstos para un conjunto predeterminado de productos, donde el proceso de ajuste y perfeccionamiento es dificultoso. Finalmente, tales SCNT, demandan poca mano de obra, pero especialmente entrenada para su implementación particular, y constituyen patrimonio intelectual y comercial de empresas privadas.

El motor de la innovación de estas SCNT es, en el fondo, el aumento de la rentabilidad empresarial a través de ventajas competitivas. Los precios ofrecidos en el mercado de los productos terminados no disminuyen en la misma proporción en que bajan efectivamente los costos de producción, si bien compiten mejor pues pueden ofrecer precios finales relativamente más bajos. Por lo general, las innovaciones en los procedimientos se aplican a disminuir la duración de los trabajos y los costos de mano de obra, mediante la simplificación de las operaciones de montaje. También se consiguen abaratamientos en la selección de carpinterías de aluminio y de madera, por la oferta limitada de tipos arquitectónicos y por efecto de la fabricación masiva. Ninguno de estos factores trae una mejora digna de mención en los productos constructivos cuando estos son objetos de uso, pero sí representan ventajas productivas para el empresario. Por ello, más que mejoras arquitectónicas en términos de habitación humana, deberían entenderse como métodos de optimización de los procedimientos en función de su rentabilidad.

Otro aspecto de singular interés es la consideración de la durabilidad de la construcción una vez ocupada, particularmente, en el hábitat popular. Nuestra cultura constructiva dominante tiene expectativas relativamente ambiciosas de vida útil de la construcción de vivienda. Al efecto, es necesario considerar tanto la durabilidad de los componentes como las actividades de mantenimiento periódico que deben aplicarse para alargar la vida útil y adecuada de los inmuebles. Cuando se usa una tecnología abierta tradicional, el mantenimiento responde al conocimiento experto ampliamente difundido en el cuerpo social. A título de ejemplo, un revoque flojo puede ser reparado por un oficial albañil de calificación corriente, cuando no por el propio usuario, que puede arreglárselas de algún modo. En cambio, la reparación de un panel multicapa demanda encontrar, años después, al mismo proveedor de insumos o al operario especializado que realizó la tarea o, en su defecto, contactar con la empresa constructora original, si es que no ha levantado vuelo sin retorno. Tratándose de sistemas constructivos no tradicionales, los costos de mantenimiento futuros son difíciles de estimar y, para colmo, suelen percibirse, en toda su magnitud, demasiado tarde.

Políticas abaratadas para necesitados

En síntesis, cuando se aplican sistemas constructivos no tradicionales en la construcción del hábitat popular, la operación sustantiva, calificada con rigor profesional, resulta un abaratamiento técnico-productivo. Más allá de la calidad eventual de los productos, el beneficio de la operación tecnológica se reparte, de manera desigual, entre los empresarios que implementan la tecnología y los clientes-usuarios, que no obtienen una solución comercial proporcionada a una ventajosa relación uso/precio. Lo que obtienen los clientes-usuarios es una “solución habitacional” ligeramente abaratada toda vez que demandan, con justicia, moradas adecuadas, dignas y decorosas para integrarse plenamente a la ciudad.

Ahora bien, si la demanda social debe entenderse en términos de moradas adecuadas, dignas y decorosas con las que integrarse plenamente a la ciudad, entonces el problema político por resolver no es un mero cambio en los procedimientos técnicos constructivos de unas viviendas populares o “soluciones habitacionales para necesitados”.

No se trata de viviendas ni de “soluciones habitacionales”, sino de moradas, esto es, lugares urbanos desde donde todos los ciudadanos puedan partir, cada día, a contribuir con su esfuerzo colectivo al desarrollo social general. Las moradas conforman barrios, es decir, estructuras urbanas que conectan las residencias particulares con redes de servicios urbanos cotidianos (comercios, transporte, educación, salud, entre otros) a la vez que con redes de infraestructuras públicas (energía eléctrica, agua potable, saneamiento y demás). Los barrios se desarrollan, es necesario consignarlo, sobre un suelo urbano que debe ser producido y que cuesta caro. Que yo conozca, no se ha propuesto ningún SCNT aplicado a la producción de suelo urbano. Pero si no se produce el suelo urbano o no se aprovecha el disponible, no se construyen entonces barrios, sino almácigos de presuntas soluciones habitacionales carentes para carenciados.

Las moradas, tanto conforme a la ley e incluso a la Constitución, como en consonancia con la ética política, deben resultar adecuadas, dignas y decorosas. La adecuación está ajustada jurídicamente por la Ley de Vivienda (Ley 13.728), cuyo texto y espíritu define con meridiana claridad y sin excepciones qué debe entenderse por vivienda adecuada. Las especificaciones técnico-constructivas derivadas del concepto de adecuación no deben interpretarse como impertinencias administrativo-burocráticas, sino especificaciones claras de calidad exigible sin excepciones. La dignidad de las moradas atañe a la relación entre el decoro (especificado en el art. 45 de la Constitución) de estas y sus moradores. La dignidad y decoro no pueden asegurarse con guetos estigmatizados e insuficientes para pobres.

Pero donde hay que prestar mayor atención es a la relación entre las demandas sociales legítimas y las respuestas políticas. Toda vez que lo efectivamente demandado por los sectores populares es la plena inclusión social en el seno de las ciudades, las políticas de vivienda no pueden limitarse a responder con meras fórmulas de abaratamiento equívoco para “necesitados”. Son nuestros ciudadanos los que demandan ciudades y moradas hospitalarias e inclusivas. La propuesta de meros abaratamientos técnico-productivos, sociales y simbólicos defrauda tales demandas sociales. Porque la respuesta al estado actual de inequidades sociales se debe responder con mayor inversión social efectivamente integrada en la vida social. Los ciudadanos no debemos aceptar tales abaratamientos políticos para necesitados.

En conclusión, puede afirmarse con pleno rigor que es equivocado, inapropiado e indecoroso suministrar soluciones habitacionales abaratadas para los presuntos “necesitados”. Es equivocado, porque con el abaratamiento se benefician más los empresarios que los usuarios; es inapropiado, porque lo que corresponde es volcar una sólida inversión social inclusiva en la ciudad y, por último, es indecoroso porque con esta metodología se le infligen a la ciudad y a parte de la ciudadanía afrentas de estigmatización y segregación expresas. En tal caso, la síntesis final de una propuesta equivocada, inapropiada e indecorosa no tiene otro calificativo riguroso que una política abaratada y empobrecida para pobres. ¿Nuestra ciudadanía merece acaso una política así caracterizada?