UNA CUESTIÓN DE SENSIBILIDADES

Disparen contra la JUTEP

Hasta hace poco tiempo la ciudadanía en general desconocía la existencia de un organismo de contralor denominado Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP). A partir del pronunciamiento de dicho organismo en el caso Sendic comenzó a ser visualizada, al menos para quienes siguen los temas de la agenda política con cierta continuidad. Se trata de un organismo de composición multipartidaria provisto de una reglamentación que debe ser ajustada y completada cuya misión específica es dictaminar sobre el cumplimiento de parámetros éticos en el ejercicio de los cargos públicos. Está habilitado para actuar en base a denuncias concretas promovidas por distintos actores políticos y sociales, así como puede actuar de oficio cuando lo crea conveniente. Su dotación presupuestal está muy acotada, lo que la incapacita para cumplir cabalmente los roles que la actual reglamentación le exige.

Es difícil minimizar la importancia de un organismo de esas características, encargado de prevenir y sancionar las situaciones de corrupción en el ejercicio de la función pública. Se trata de un importante resguardo ante los abusos de poder y, por ende, un instrumento de salvaguarda de la institucionalización democrática. En principio todos los partidos políticos, y en especial el partido de gobierno, debieran dedicarle el tiempo parlamentario necesario a los efectos de perfeccionar la reglamentación vigente y dotarlo de una mayor asignación presupuestal.

No es eso, precisamente, lo que está ocurriendo. Existen notorias diferencias de sensibilidad ante sus pronunciamientos. En los últimos días el Presidente Tabaré Vázquez cesó a un familiar ante una observación de la JUTEP, aun sin estar obligado a hacerlo. Casi inmediatamente el Dr. Ignacio de Posadas se encargó de protestar ante la “jutepización” de la política, tal vez porque una lista no pequeña de integrantes de su partido, que ejercen cargos en nivel de las doce Intendencias donde gobiernan, han resuelto desestimar la observaciones del organismo, en especial en lo atinente a claros casos de nepotismo en el ejercicio de la función pública.

No obstante lo ya señalado, el Frente Amplio está en condiciones de diferenciarse aún más en materia de transparencia en el ejercicio de la función pública. A raíz del proceso que culminó con la renuncia de Raúl Sendic la ciudadanía se enteró de la existencia de las tarjetas corporativas. Algunos líderes de la oposición propusieron eliminarlas y la bancada del Frente Amplio decidió no acompañar esa iniciativa, a nuestro juicio positiva y razonable. Se trata de un privilegio difícil de defender si se tiene en cuenta que los representantes del país en misión oficial disponen de viáticos, además de las dichosas tarjetas corporativas. Es cierto que existen mecanismos de contralor para esta modalidad de privilegio: el funcionario en cuestión debe rendir cuentas de los gastos realizados y la JUTEP debe pronunciarse hace acerca de su pertinencia. Sin embargo, ¿no es más fácil suprimirlas de una vez por todas y eliminar un mecanismo burocrático que se suma a muchos otros ya existentes? Después de todo las tarjetas corporativas no parecen ser de gran utilidad, ya que existen varios mecanismos para solventar gastos imprevistos durante los viajes que se realizan en función de servicio público.

Otro aspecto sobre el que los frenteamplistas deben poner atención se relaciona con el cumplimiento del reglamento interno de dicha fuerza política en función del cual los funcionarios del gobierno deben aportar un porcentaje de sus sueldos a las finanzas de la coalición. Si bien en este aspecto la JUTEP no interviene en absoluto, sí es un factor de transparencia que el propio Frente Amplio se ha dado, lo que lo diferencia de las restantes fuerzas políticas.También en este asunto el Presidente Tabaré Vázquez ha realizado un llamamiento a cumplir con el reglamento en base a un informe del Dr. Javier Miranda en su calidad de presidente del FA. No son pocos los que incumplen este reglamento interno y ya en anteriores administraciones frenteamplistas el tema fue planteado. Es hora de adoptar medidas coercitivas que obliguen al cumplimiento de una disposición que nadie desconoce. Después del llamado de atención de Vázquez son los Ministros quienes tienen la potestad de adoptar dichas medidas en los cargos de confianza respectivos.

Puede ser que para algunos ciudadanos este sea un tema menor. Sin embargo, cuando termine el Mundial de fútbol y comience la etapa final de la campaña electoral este tema de la transparencia ética será parte del debate y ninguna fuerza política puede descuidarse en torno a esta materia. Mucho menos el partido de gobierno, que será blanco de ataques de todo tipo.

En su despreciativa alusión a la JUTEP el Dr. Ignacio de Posadas compara lo que él denomina “jutepización” de la política con la judicialización de la misma.Pero se olvida de mencionar que han sido los partidos opositores los que más promovieron la tal judicialización de la política, corriendo con las ventajas de un sistema judicial que funciona con escasa transparencia, que es lento y está sujeto a manipulaciones de todo tipo.

En la hora de la política, entendida como lucha por el poder, la diferenciación de sensibilidades jugará su papel.

Una vez escritas estas líneas surge el esperado pronunciamiento del Fiscal que entiende en las denuncias penales presentadas por los partidos de la oposición referidas a la dirección de ANCAP. Más allá de las repercusiones políticas, presentes y futuras, del escrito elaborado por el Fiscal Dr. Luis Pacheco, es de notar que las acusaciones que recaen sobre Raúl Sendic y otros ocho integrantes del ente estatal se refieren al delito denominado abuso innominado de funciones, una categoría penal vacía de contenido que todos los partidos han querido eliminar. Sin suerte hasta el momento. Además de configurar, según el Fiscal y en el caso de Sendic, el delito de peculado, delito relacionado con el uso abusivo de la tarjetas corporativas, una acusación de origen periodístico posterior al concurso de los líderes opositores el famoso día de las gabardinas. Por otra parte el Fiscal solicita el procesamiento sin prisión de los imputados y está habilitado para continuar con las indagaciones. Hasta el momento no se ha podido probar el enriquecimiento ilícito por parte de ninguno de los imputados, entre los que se encuentra un integrante del Partido Colorado.

En el caso de que la jueza estime que la acusación de la Fiscalía se ajusta a los hechos e investigaciones, se trata de un hecho sin precedentes y que golpeará políticamente al FA. Será, con seguridad, un tema de campaña.

Si algo faltaba para que el tema de la tarjetas corporativas carezca de fundamento, acaba de conocerse, a través de un programa periodístico, que un exdirector del Banco República confesó utilizar dichas tarjetas para contribuir a las finanzas del Partido Nacional, del cual forma parte.

Todos estos pronunciamientos –del Tribunal de Conducta Política del FA, de la JUTEP, del Poder Judicial apuntan en la dirección que señalábamos al principio de esta nota. La Junta de Transparencia y Ética Pública debe ser dotada de mayor presupuesto y de una reglamentación clarificadora que permita controlar el ejercicio austero y republicano de la función pública.