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EL DINERO SE TRANSFORMA EN TIERRA

 Publicado:  04/04/2018

Inversores extranjeros en las tierras fértiles del sur


Por Francisco López Martí


A LA CAZA DE TIERRAS. En el bienio 2008–2009 el flujo de inversión extranjera hacia actividades agropecuarias habría alcanzado a 80 millones de hectáreas, diez veces más que el promedio de los cuarenta años anteriores.[1]

Durante la primera década de este siglo la expansión del financiamiento se hizo sentir en muchas actividades con perspectivas de mercado favorables, incluyendo las relacionadas con los productos básicos (petróleo, minerales, alimentos). En la agricultura significó un proceso de adquisiciones de tierras de magnitud sin precedentes en la historia.

Las compras de grandes extensiones de tierra por inversores extranjeros contribuyeron sin duda a la concentración de la tierra, pero su significado en la producción y en la sociedad merecen una evaluación, particularmente en Paraguay y Uruguay, en los que tuvieron su mayor alcance.

En paralelo con el sector agropecuario, y en algunos casos en estrecha asociación como en la sucroalcoholera y la celulosa, las inversiones extranjeras avanzaron en la industria y el comercio a lo largo de las cadenas productivas del MERCOSUR.

Comprar barato. A comienzos de dicha década, en los países del MERCOSUR los negocios rurales estaban en ruinas y los precios de la tierra eran bajos; era un buen momento para comprar. Los compradores no tuvieron dificultades para encontrar suficientes grandes propietarios locales dispuestos a vender o alquilar tierras del tipo y las dimensiones preferidas por los inversores internacionales.

El proceso de compras de tierras no se sostuvo por mucho tiempo. La primera señal la dieron la crisis del sector financiero de fines de 2008 y el derrumbe temporal de los precios de los productos básicos, que terminó con algunos fondos especializados en esas inversiones.

El contexto favorable estimuló a Estados, familias ricas, empresas y fondos de inversión a dirigir su atención hacia los negocios con tierras y actividades conexas.

De todos esos agentes lo que despertó mayor reacción negativa fueron las inversiones de algunos Estados extranjeros, particularmente las de países deficitarios en la producción de alimentos, entre ellos Arabia Saudita, Corea del Sur y China. Aunque la participación de los Estados no es la más importante, excepto en algunos países de África, sus compras despertaron la mayor reacción negativa por su potencial para afectar la soberanía nacional.

En el MERCOSUR la operación de empresas agropecuarias con participación de Estados extranjeros es limitada. Uruguay es el único país que adoptó una normativa restrictiva respecto de esa inversión, aunque deja abierta su posibilidad, desde ya presente en empresas que operan en los sectores forestal y de lechería.

Otro tema de preocupación internacional fueron algunos de los procedimientos que utilizaron los inversores extranjeros para hacerse de la tierra. Así, el uso de medios corruptos y agresivos frente a los campesinos en África impulsó a la FAO y el Banco Mundial a elaborar un manual de buenas prácticas en la adquisición de tierras. En el MERCOSUR las compras de tierras se concretaron dentro de los mecanismos de mercado.

Las ventajas en que se apoyaron los inversores internacionales. Las empresas internacionales esperaban superar a las empresas locales y competir en los mercados internacionales aprovechando sus ventajas en escala de operación, equipos humanos calificados, prácticas de gestión, innovaciones tecnológicas, acceso al financiamiento y reducción del riesgo operando en una amplia geografía y producciones diversificadas.

Muchos de los grandes inversores también tomaron ventaja de integrar en la empresa la fase industrial, como es el caso de la sucroalcoholera en Brasil y del sector forestal-celulosa en Uruguay, o actividades comerciales, como en las grandes operadoras de granos del mundo. Estas últimas también se incorporaron a la producción primaria, aunque en escalas muy limitadas en relación con la magnitud global de sus operaciones.

Esas ventajas, sin embargo, no fueron suficientes para contrarrestar el impacto de los menores precios de los últimos años, por lo cual la intensidad de las inversiones se redujo sustancialmente.

Además de los resultados corrientes, muchos de los inversores internacionales esperaban obtener beneficios de la valorización de la tierra, a partir de aumentos de la productividad y de mercados mundiales que daban señales positivas.

Con el propósito de que se valorizara la tierra, dichos inversores se interesaron preferentemente en tierras de baja productividad respecto a la que tendrían una vez que se introdujeran las innovaciones y que, en consecuencia, eran baratas. Esa condición la encontraron principalmente en países de bajos ingresos de África y de medianos ingresos de América; básicamente del MERCOSUR.

ADECOAGRO, uno de los mayores inversores internacionales en negocios agropecuarios del MERCOSUR, ilustra el caso. Según la página web de la empresa que sucedió al fondo de inversiones, “vendió más de 63.000 hectáreas de tierras que llegaron a su máxima capacidad productiva, capturando atractivas ganancias”.

El fondo de inversiones ADECOAGRO captó tempranamente las posibilidades de ganancias en actividades agropecuarias, instalándose en 2002 en Argentina y expandiéndose dos años y medio después a Uruguay y Brasil. En 2017 la firma disponía en países del MERCOSUR de 269.000 hectáreas, tres plantas de azúcar, etanol y energía, tres molinos de arroz, diez plantas de acopio y acondicionamiento de granos y grandes tambos con vacas estabuladas.[2]

En Uruguay los inversionistas extranjeros, que tuvieron un papel destacado en el crecimiento de la producción y la productividad de la soja y la madera, las dos actividades más dinámicas, vieron multiplicarse el valor de la tierra adquirida. El precio medio de las transacciones de tierras pasó de 448 dólares por hectárea en 2000 a 3.934 dólares en 2014, para bajar a 3.380 en 2016.

¿Cómo se posicionaron los gobiernos ante la inversión extranjera en tierras? Las consideraciones de soberanía y seguridad nacional en materia de tierras de uso agropecuario, un recurso escaso no reproducible, han llevado a la adopción de medidas dirigidas a los inversores extranjeros, particularmente en los países en que esa actividad es importante en la economía nacional.[3]

Algunos países, incluyendo a Estados Unidos, obligan a identificarse a las empresas foráneas que operan emprendimientos agropecuarios. En Nueva Zelanda y Australia los inversores extranjeros deben ser autorizados por una autoridad competente, que evalúa la compatibilidad de sus actividades con los objetivos nacionales, lo mismo que los antecedentes de la firma y de sus responsables.

En Brasil y Argentina la normativa que limita las inversiones extranjeras en tierras se hicieron más restrictivas a comienzos de la década de 2010. En Uruguay se establecieron condiciones especiales para los inversores en tierras que tengan participación de otros Estados.[4]

En los países integrantes del MERCOSUR las medidas adoptadas parecen haber tenido escaso impacto como consecuencia de las dificultades, discontinuidad o falta de interés en su implementación, incluyendo el registro obligatorio.

En Brasil, el país con una normativa más avanzada en materia de registro de inversores extranjeros y restricciones para la adquisición de tierras, las autoridades tenían identificadas 4,3 millones de hectáreas en esa condición en 2014, que en gran parte eran propiedad de personas naturales, una magnitud que se reconocía ampliamente como muy inferior a la real. En Uruguay los inversores extranjeros no están obligados a registrarse y la ley vigente establece un tratamiento igual al de los nacionales.

En 2018 es evidente que una opción distinta a la apertura más o menos irrestricta a la inversión extranjera en tierras ya no cuenta con apoyo político en Argentina y Brasil y nunca la tuvo en Paraguay ni Uruguay.

Aun tomando en cuenta las dificultades prácticas y las orientaciones de los gobiernos, sería importante que los países del MERCOSUR adopten medidas efectivas para conocer quiénes son los que invierten, sus propósitos, metas, etcétera, así como la publicación periódica de información, cosa que hacen varios países, entre ellos Estados Unidos.

Además, sería importante disponer de estudios sobre el impacto de la inversión extranjera en tierras, dada la importancia y las características de este recurso en los países del MERCOSUR.

[1] Dirven, Martine, Dinámica del mercado de tierras en los países del MERCOSUR y Chile: una mirada analítica-crítica. Santiago de Chile, FAO, 2011.

[2] Véase Adecoagro Investor Day (en inglés). Hasta 2011 el gobierno uruguayo autorizó a ADECOAGRO a operar 47.905 hectáreas en régimen de propiedad o arrendamiento, pero en 2017 la firma disponía de poco más de 3.000 hectáreas.

[3] Véase al respecto Martín Buxedas, La inversión externa, en vadenuevo Nº 111.

[4] En Argentina la Ley 26.737, promulgada el 27 de diciembre del 2011 estableció limitaciones y prohibiciones a todas las personas, físicas o jurídicas, que poseyeran tierras rurales para cualquier. Entre 2010 y 2012 en Brasil se agregaron nuevas restricciones a los inversores extranjeros a las limitaciones en la zona de frontera y se restableció la plena vigencia de la ley que fijaba un límite por municipio y otras restricciones y a la obligación de registro de cualquier inversión de ese origen.

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