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LOS LÍMITES DE LAS POLÍTICAS SOCIALES DE VIVIENDA

 Publicado: 06/01/2021

Entre lo deseable y lo posible


Por Néstor Casanova


La mirada aguda no se distingue tan solo porque sabe ver a través de las cosas, sino también por el hecho de que no todo lo ve tan claro como el agua. Porque no todo se ofrece claro y concluso, sino que a veces tenemos ante nosotros algo que fermenta, que está configurándose, y es para ello, sobre todo, para lo que sirve la mirada aguda.

Ernst Bloch – El Principio Esperanza (1959)

 

El sucinto análisis que aquí emprendemos comienza por considerar dos opciones antagónicas sobre el papel de la política pública de bienestar social. Al respecto, hay quienes se inclinan por considerar que el Estado tiene una obligación de desarrollar políticas públicas que promuevan y consoliden una deseable situación social de bienestar, posición frente a la cual se suele replicar, por otros, que el Estado nada tiene o poco tiene que hacer al respecto, salvo dejar que las fuerzas del mercado y las energías espontáneas de la economía aseguren, por sí mismas, la regulación automática de la situación social y económica. Más allá de esta disyuntiva, es notorio que, en las economías capitalistas, los fenómenos de desigualdad social, económica y cultural vuelven necesaria la implementación de alguna forma de política social que mitigue o aspire a superar ciertas situaciones de privación. Así, las políticas sociales son tanto instrumentos protagónicos de políticas del bienestar en un caso, como instrumentos de remedio de las aristas más hirientes de la desigualdad social, en un enfoque alternativo.

Si se considera a los sujetos sociales de carne y hueso como personas que se miran a la cara, no puede sortearse la obligación ética de la política del bienestar, una vez que se entrevea la necesidad de justicia social y de pública felicidad que sustentan un orden social y económico tan humano como sensato. Por ello, siempre es preferible proveer, dentro de las políticas públicas, ciertas políticas sociales, aunque más no sea para compensar en alguna medida las agudas desigualdades que signan el destino de los diferentes actores sociales. Una política social, en definitiva, es mejor que la cruda ausencia de política, sobre todo si se atiende al futuro social encarnado en sus sujetos jóvenes. Pero, es necesario consignarlo desde ya, una política social de bienestar es aún insuficiente si apenas resulta una colección de políticas sociales específicas y reactivas que no consigue estructurarse como política estratégica de desarrollo social integral.

Un ejemplo de política social específica y reactiva es la política de vivienda que se constriñe en facilitar el acceso de ciertos actores sociales a unas elementales soluciones de alojamiento, entendiendo esta acción como remedio de situaciones de pobreza relativa. Así comprendida, una política social de vivienda constituye una especificación parcial, equívoca y carente del ejercicio del derecho humano al bienestar integral. ¿Cómo es que esta especificación puede calificarse como parcial, equívoca y carente? Esto se explica por su carácter reactivo; esto es, fruto de un enfoque que opta por entender que algunas personas o familias muy pobres no pueden acceder, por sus propios medios, a un bien que satisfaga una demanda concreta y puntual -que es el alojamiento, a título de vivienda o “techo”- según lo provee, de forma regular, económica y justa, la industria de la construcción y el entramado de promoción inmobiliaria privada. Este enfoque alumbra cierto sentido común, aunque un examen detenido de la cuestión revela que es apenas una ideología, de hecho una falsa conciencia social.

La especificación reactiva del acceso a una vivienda como la respuesta a una carencia económica y social implica un falseamiento de una situación habitacional mucho más compleja y comprometida. En efecto, la desigualdad social y económica se expresa en una constelación de aspectos mutuamente integrados tales como el diferencial acceso a los servicios de salud, a la promoción educativa, al sostenimiento de un adecuado nivel de vida, a la integración plena a la vida urbana, a la sostenibilidad en el empleo y así a todo aspecto que involucre al bienestar. El acceso a una vivienda, en este contexto, es apenas un aspecto de una vinculación situacional con respecto a la ciudad, la economía y la sociedad. El acceso a la vivienda, así como se concibe de modo específico, apenas si constituye un recurso económico y social que supone un componente parcial de la efectiva demanda social insatisfecha.

Porque es preciso entender que una cosa es concebir a los sectores de bajos ingresos económicos y escasos recursos sociales como población pobre o carente y otra muy distinta es entender demandas sociales insatisfechas. Mientras que a la población pobre o carente se la asiste socialmente, a las demandas sociales insatisfechas se las afronta con obligaciones políticas. Mientras que a la población pobre o carente se le facilita el acceso a un cobijo sumario, a las demandas sociales insatisfechas se les responde con la hospitalidad de las ciudades, de la inclusión en las economías y con el amparo de una sociedad integradora. Mientras que a la población pobre o carente se la interpreta y estigmatiza con los signos evidentes de la segregación paternalista, a las demandas sociales insatisfechas se las integra y se convoca con plenitud al concierto urbano, económico y social.

En definitiva, mientras que a la población pobre o carente se la asiste con frugales políticas sociales de vivienda, a las demandas sociales insatisfechas se las afronta con políticas integrales del habitar. Una política integral del habitar parte de cuestionar las falencias de la ciudad del capitalismo tardío, que segrega y expulsa pobladores, que desintegra su tejido social y que deja su desarrollo habitacional en la dura intemperie de la economía depredadora y especulativa. Una política integral del habitar se aplica también a revisar a fondo los mecanismos perversos de la economía urbana, allí donde la colocación de excedentes compite de modo abusivo contra las demandas de promitentes compradores y arrendatarios. Una política integral del habitar se obliga a sí misma al compromiso de la plena integración social de los ciudadanos en lugares para habitar adecuados, dignos y decorosos, desarrollados de modo orgánico en la estructura urbana.

Llegados a este punto es posible avizorar, con esperanza, una alianza virtuosa y fructífera entre la movilización social efectiva, con un correlato de conciencia y mirada aguda, que desmonte las construcciones falaces de sentido común hoy dominante. Hoy más que nunca nos es necesario una peculiar perspicacia para entender que en el trasfondo de las demandas insatisfechas de bienestar social existen los recursos conceptuales y teóricos capaces de sustentar un decidido cambio social que deberá constituir, a la vez y de modo integrado, una ciudad, una sociedad y una economía puesta al servicio de la pública felicidad.

2 comentarios sobre “Entre lo deseable y lo posible”

  1. Se puede ver en TV la publicidad de un importante proyecto inmobiliario que consta de 2 torres de viviendas, 1 torre destinada a hotel, 1 torre de oficinas y completando el complejo edilicio un shopping. Entre las ventajas del producto se destaca: «le corresponden los beneficios que otorga la ley de vivienda promovida». Pero resulta que el proyecto es en Punta del Este. No me queda claro si ese destino es aceptable para los términos de una ley que busca promover la vivienda «de interés social».

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