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¿INEVITABLE O SUJETO A POLÍTICAS PÚBLICAS?
La concentración del poder económico
Por Martín Buxedas
Superando el olvido. Cuanto más alta es la concentración de la riqueza, mayor es la influencia de pocas empresas y familias en la marcha de la economía y en beneficiar sus intereses. Para decirlo de forma simple, con el fin de obtener ventajas, una gran transnacional puede acceder fácilmente a las más altas autoridades, algo muy difícil para una de las múltiples pequeñas empresas cuyas decisiones no mueven la aguja.
El crecimiento de la concentración de la riqueza ha comenzado a animar el debate sobre un tema que permanecía olvidado. Favorecidos por nuevas fuentes de información, se han multiplicado los estudios sobre la distribución de la riqueza, esto es, del conjunto de los activos en tierras y otros recursos naturales, viviendas y otras infraestructuras, y la participación en empresas y colocaciones financieras.
El olvido puede deberse a que “siempre hubo y siempre habrá ricos”, como me dijo mi madrina respondiendo a inquietudes que empezaban a aflorarme; o al argumento más sofisticado de que la riqueza la distribuye el mercado exclusivamente, según los méritos de cada uno, sean los de un exitoso especulador en la bolsa de valores, los de un empresario de Silicon Valley o los de un excepcional jugador de fútbol.[1]
Desde esa ideología, cómoda para quienes concentran la propiedad, solo socialistas y humanistas trasnochados, personas que no saben que vivimos en el siglo XXI, podrían seguir pensando que una mejor distribución de los derechos de propiedad contribuiría a la igualdad y redefiniría las relaciones de poder.
La política y la desigualdad. Diversos estudios académicos recientes, principalmente referidos a países desarrollados, han puesto en evidencia que durante la mayor parte del siglo XX se redujo la desigualdad en la distribución de recursos e ingresos, en parte como consecuencia de políticas tributarias que incluían impuestos a la propiedad y los altos ingresos, así como de políticas sociales que impulsaron la educación, la salud y otros servicios. También influyó el auge de los sindicatos obreros y otras asociaciones y partidos populares, tanto directamente sobre la distribución primaria del ingreso, como indirectamente a través de la creación de los mencionados tributos y servicios. Dicha tendencia se revirtió cuando los últimos perdieron poder y la política tendió a la eliminación o reducción de los impuestos al patrimonio, la herencia, la propiedad inmueble y las rentas,[2] y al mismo tiempo reducía el gasto en servicios públicos.
Resulta evidente que muchas medidas tributarias se elaboran cada vez más bajo la influencia de los grandes poseedores de riqueza, quienes, además, se las ingenian para que sus fortunas e ingresos se localicen legalmente en países con débil o poco controlada fiscalidad (incluyendo los agujeros negros en Estados Unidos y Gran Bretaña), una situación que solo podría superarse con el fortalecimiento de la cooperación internacional.[3]
Ricos más ricos y menos Estado. La información disponible pone en evidencia el crecimiento de la concentración de la propiedad de la riqueza y la menor participación del Estado en ella. La participación del 1% más rico aumentó fuertemente a partir de 1995 en un conjunto de países desarrollados y en China; paralelamente, disminuyó el patrimonio público como consecuencia del retiro del Estado de la actividad productiva y el aumento de la deuda pública.[4]
Actualmente, el 1% de la población mundial detenta la mitad de la riqueza mundial, mientras que a la ubicada en los cinco deciles inferiores corresponde solo el 1%, según el Suisse Bank (seguramente, el último grupo no forme parte de los clientes del banco).[5]
La revista Forbes, fuente clásica de información sobre personas con fortunas superiores a los 1.000 millones de dólares, informa que los 2.755 superricos del 2020 (600 más que en el año anterior), disponían de 13.100 billones de dólares de patrimonio. Esto es compatible con el aumento de la valorización de grandes empresas transnacionales, principalmente las tecnológicas, a partir de la pandemia.
El círculo vicioso de la desigualdad. Los estudios sobre la distribución de la riqueza contribuyen a ilustrar los niveles de bienestar y seguridad de las personas, la estratificación social, el poder económico... La distribución de la riqueza se diferencia de la del ingreso en que otorga mayor poder en las decisiones económicas, prestigio social e incidencia política, según señala el docente de la Universidad de la República Mauricio De Rosa.[6]
La inequidad distributiva de la riqueza, superior a la observada en la de los ingresos, genera en las familias con menos recursos inseguridad en el mantenimiento de sus niveles de vida, afectando así su trayectoria. También reduce la movilidad social, es fuente de desigualdades políticas y puede transmitirse a las generaciones siguientes mediante la herencia.[7]
La diputada de Estados Unidos Alexandria Ocasio-Cortez con un vestido que propone “tax the rich”, impuestos a los ricos. (Fuente: La Nación. Mike Coppola – Getty Images North America).
¿Quién le pone el cascabel al gato? Expertos en el tema y organismos internacionales, entre ellos el FMI, el Banco Mundial, la OCDE y el BID, si se toman en serio sus publicaciones, han propuesto desandar el camino emprendido en las últimas décadas[8] y recurrir a impuestos a la herencia, las donaciones y el patrimonio neto de las personas, complementados con tasas más elevadas a los altos ingresos. Esas propuestas aún han tenido poco eco en los países.[9]
Los argumentos a favor del impuesto a la riqueza, principalmente al patrimonio y a la herencia, son varios, entre ellos, que reducen las diferencias no derivadas del esfuerzo propio sino de habilidades, herencias o circunstancias familiares. También se reconocen dificultades administrativas para hacerlos efectivos y su limitado impacto sobre la recaudación total, a menos que sus tasas alcancen niveles confiscatorios, lo cual genera grandes resistencias.
Una reorientación de la política impositiva como la mencionada, aun acotada al propósito fiscal, tendría efectos positivos, pero no incidiría significativamente en la reducción del poder económico y la dominación derivados de la concentración de la riqueza.
A este respecto, Thomas Piketty, actualmente el investigador más trascendente de la historia de la concentración de la riqueza, ha atacado radicalmente el mito de utilidad de los “creadores de empleo”, de la meritocracia pura y dura. Según el economista francés, aun cuando mejore la distribución de los ingresos y los servicios públicos, quedaría pendiente la consideración de la totalidad de las relaciones de poder y de dominación y, por lo tanto, la necesidad de un mejor reparto del poder de las empresas. Con ese fundamento, además de instrumentos fiscales como un impuesto de 2% a las grandes fortunas, Piketty propone la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las grandes empresas, al estilo alemán y sueco.
Es interesante observar que la redistribución de los derechos de la propiedad concentrada en pocas personas parece haber sido enterrada junto al cadáver de la URSS, y que, incluso la recuperación de la participación de las empresas estatales en la economía, ha estado presente solo en algunos países y durante poco tiempo.
Una condición fundamental para que progresen las políticas que limitan la concentración de la riqueza es que sea aceptable públicamente: que se las considere parte de la cooperación esencial para la vida en sociedad y, en consecuencia, que se debatan abiertamente.[10] Sin esa condición, mi madrina seguirá teniendo razón: siempre habrá ricos muy ricos.
Qué modo más glamoroso de militar políticamente!