URUGUAY Y SU ACTUAL POLÍTICA EXTERIOR

Del bisabuelo al biznieto

El Derecho Internacional latinoamericano configuró durante el siglo XIX una doctrina basada fundamentalmente en los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, como dique jurídico para acabar con las invasiones e injerencias extranjeras en terceros países.

La Carta de las Naciones Unidas (art. 7) y la Organización de Estados Americanos (OEA; art. 15) recogieron el principio entre sus bases fundamentales, expresando que “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”.

Ello tuvo una fuerte repercusión en nuestro país y, por ejemplo, el Partido Nacional fue muy claro desde el principio: “… a justo título puede considerarse el principio fundamental del Derecho Internacional de América, su más preciada conquista, el principio de la no-intervención…” (El Partido Nacional y el principio de la no intervención, 1946, p. 3). En este orden de cosas, el doctor Luis Alberto de Herrera tiene numerosas y contundentes defensas de este principio, que le generaron un lugar ilustre en América. 

Con el tiempo, otras fuerzas políticas nacionales abrazarían tales pilares de la política exterior, siendo los criterios que caracterizaron nuestra posición en la materia. Esto tuvo una larga tradición en el país, el que ganó un justo prestigio con la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados.

Pero, ahora las noticias son distintas: el presidente Luis Lacalle Pou aparece en encuentros internacionales, confrontando con mandatarios de otros países de la región y juzgando sus asuntos internos, calificando su situación sin conocer demasiado su contexto, actuando como gendarme de la Democracia.

Para algunos ha sido una sorpresa.

Sin embargo, el análisis de hechos muy cercanos, hace pensar en una línea ideológica, deliberada y planificada.

Antes de asumir este Gobierno, y entre otras cosas, aparecen dos hechos relevantes.

El 23 de enero de 2020, el Presidente electo recibió en Montevideo a Rosa María Payá, la principal activista anticastrista, presidente de una Fundación para la Democracia Panamericana, con sede en Miami y allegada a Donald Trump.

La misma ha sido acusada en los medios internacionales de promover las recientes protestas sociales en Cuba, de recibir cuantiosas donaciones para tratar de derrocar al régimen cubano y de tener vínculos con lo más rancio de la ultraderecha occidental.

No hubo comunicado de prensa, pero podemos suponer los compromisos que asumió.

Pocos días después, en el mes de febrero de 2020, le tapó la boca al Canciller designado, y “desinvitó” para su asunción, explícitamente y por su cuenta, a tres presidentes (los de Cuba, Venezuela y Nicaragua), cometiendo un desliz diplomático, que se arreglaba con el simple hecho de no invitarlos.

Entonces, el 1 de marzo, cuando juró como Presidente, sus grandes compañeros fueron Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera, Iván Duque, Mario Abdo Benítez y un funcionario del gobierno de Donald Trump.

¡Qué linda compañía!

Pero no olvidemos: en los primeros días de ese mes de marzo hubo una llamada del ex presidente Trump que no ameritó conferencia de prensa o comunicado alguno y, casualmente, a las 72 horas rompimos con la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) y apoyamos la reelección de Almagro como secretario general de la OEA. Una simple casualidad.

Y semanas después, otra llamada de Trump y Uruguay -rompiendo una histórica y consensuada tradición interamericana- votó como Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al candidato del gobierno norteamericano. Un hecho sin precedentes.

No termina aquí el rumbo tomado: se promueve la “flexibilización del Mercosur”, con un único aliado, Jair Bolsonaro, el más cuestionado presidente de la región, que no tiene el respaldo en este tema de Itamaraty (como se denomina a la Cancillería brasileña) y que anuncia poder apartarse de la Constitución.

Y como frutilla de la torta: Uruguay vota en contra la investigación promovida en Naciones Unidas por los incidentes entre Israel y Palestina donde se atacaron poblaciones civiles y murieron decenas de personas, alegando su alianza con Israel. Un dislate.

El último papelón fue la moción de Washington Abdala en la OEA contra Cuba, que fue desestimada por la mayoría de los representantes de los gobiernos de la región, pues Cuba no integra la OEA…

Es el camino elegido por el Presidente, y no por el Uruguay. No hay sorpresas.

Trump, Bolsonaro, Lacalle Pou.

Aquí no interviene ni siquiera la Cancillería, ni los otros sectores de la alianza multicolor, ni mucho menos la oposición.

Es una definición ideológica e individual, que inspira un ejercicio muy unipersonal del gobierno, que no está en las recetas democráticas del mundo moderno.

Imagínese Sr. Presidente que un representante de otro país de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) lo hubiera increpado por la concesión de la terminal del Puerto de Montevideo a capitales privados extranjeros, violando nuestra Constitución y varias leyes.

O qué le parece si le hubieran preguntado sobre la situación de un recluso secuestrado y torturado en una cárcel de Uruguay.

¿Qué hubiera respondido?

Hay que tener mucho cuidado y no hacer lo que no tienen derecho los terceros de hacer con nosotros, y cuidar nuestra imagen como país, como pueblo.

En esa ruta no podemos esperar ninguna política de Estado ni albergar la esperanza de modificar rumbos que le sirvan al país.

Confiemos en que la ignorancia o la soberbia no puedan desviar el destino del pueblo uruguayo, que sabe de luchas y de resistencias, porque como señaló San Agustín: “la soberbia no es grandeza sino hinchazón… Y lo que está hinchado parece grande pero no está sano”.