BUENA NOTICIA

El sector financiero no es noticia

Tiempos hubo en que los bancos eran noticia. El sector financiero es motivo de interés público cuando constituye el origen, el hilo conductor o la llama que desata grandes crisis económicas y sociales. 

En este momento son muy pocas las personas a las que les importa qué pasa en los bancos, una razón más para que este artículo quede sentenciado a despertar poco interés. No siempre fue así; en 2002 eran noticia todos los días. No era para menos: se había desatado una crisis que devastaba la sociedad uruguaya, catapultada por una estrategia de desarrollo errónea basada en Uruguay plaza financiera, y por una gestión desastrosa del sector financiero, incluyendo a los bancos públicos. 

En el 2002 el sistema financiero era parte fundamental de las ruinas. Varios bancos alegremente privatizados veinte años antes fueron rescatados por el Estado, desembolsando cientos de millones de dólares. El fardo recayó sobre los contribuyentes, aunque muchos no se hayan enterado y muy pocos lo recuerden actualmente. Los responsables de la política y los banqueros no tuvieron mayores contratiempos. 

El hombre es el único animal que cae nuevamente por la misma piedra. Entre los bancos privados insolventes de la época, el Comercial fue rescatado por segunda vez, otra vez mediante cientos de millones de dólares y otra vez a cargo de Juan Pueblo. 

En ese momento, el estatal Banco República (BROU) tenía una abultada cartera de morosos de difícil recuperación y un patrimonio imaginado. El resultado, especialmente grave para una institución financiera, fue que no honró las deudas con sus depositantes, algo que no se me olvida. Por aquel entonces, yo integraba la dirección de una ONG que tenía un depósito a plazo fijo de 17.000 dólares que no pudimos recuperar a su vencimiento. Decidí no confiar nunca más en el BROU, algo que, por supuesto, no cumplí. La situación del otro banco estatal, el Hipotecario, era aún peor. 

Además de contribuir a devastar la sociedad, la crisis financiera de 2002 desquició por un tiempo al sistema bancario del país, actualmente integrado por dos bancos públicos (República e Hipotecario) y nueve bancos privados y extranjeros. 

Ya no. A fines del 2019 la situación es radicalmente diferente; el sistema financiero en su conjunto es capaz de resistir escenarios críticos de otro origen y, en particular, su sector público (BROU, Banco Hipotecario, Banco de Seguros del Estado) goza de buena salud.[1] 

Para alcanzar esa situación ha sido necesario mantener un escenario económico adecuado e implementar políticas financieras y de gestión de los bancos estatales que resultaran sustentables, y que al mismo tiempo constituyeran instrumentos de la política general del país. 

El equilibrio entre la política y la sustentabilidad de la banca pública no es sencillo, pero es decisivo. Las opciones de los bancos estatales están limitadas por su condición de instituciones de intermediación que deben responder a quienes confían en ellos, incluyendo a las empresas y familias que mantienen depósitos grandes, medianos o pequeños.

Varias circunstancias pautan la evolución de la banca pública. En primer lugar, ha alcanzado una alta participación en el total de los servicios bancarios: en 2019 el BROU y el Hipotecario eran responsables de cerca de la mitad de los activos y pasivos y del 62% del patrimonio.[2]

Esa participación en el mercado es acompañada de buenos resultados, medidos con los mismos indicadores utilizados para la banca privada, entre estos: las tasas de rentabilidad y de riesgo. Los del BROU están entre los mejores del sistema bancario uruguayo, cuando no son los mejores, en términos absolutos.

El BROU tiene características dignas de mención, en tanto asociadas a un banco público. El 31 de diciembre del 2019, en comparación con el Banco Santander, los créditos del BROU estaban menos dolarizados (39% y 63%), la proporción de los créditos a más de un año era mayor (75% y 49%), los depósitos de no residentes eran solo el 3,4% frente al 17%, y los créditos a no residentes eran del 0,04% en relación a 1,57%. [3]

También hay indicios de que el BROU encaró riesgos mayores que el sector privado, apalancando empresas con muchos trabajadores que atravesaban dificultades que algunas de ellas no lograron superar, como Paylana, Metzen & Sena y FRIPUR, por citar casos notorios. Esas opciones de riesgo se manifiestan en la cartera pesada del BROU, cuya morosidad sobre los créditos al sector no financiero alcanza el 4,66% en comparación con el 2,4% del Banco Santander. Sin embargo, esas decisiones no afectaron su sustentabilidad.

En su línea de préstamos a los consumidores el BROU aplica los menores intereses de la plaza, y aún siguen siendo rentables.

El mayor peligro de los bancos públicos está representado por la interferencia de factores puramente políticos sobre sus decisiones, estén estos dirigidos a resolver problemas sectoriales, facilitar los negocios de grupos de “amigos” o a fines electorales. Ese riesgo queda en evidencia cuando se contrasta la presente situación con la que llevó a la crisis de 2002. Los últimos gobiernos han mantenido un fino equilibrio entre dichas influencias y la sustentabilidad, incluso en años electorales. No es extraño que desde el partido de gobierno surgieran voces que demandaban una mayor asistencia del BROU a sectores con problemas mediante fórmulas tradicionales como aplazamiento de vencimientos, quitas, intereses bajos o financiamiento de alto riesgo, lo que podría haber contribuido al triunfo electoral del Frente Amplio. Eso no sucedió pues primó la opción por la sustentabilidad del banco por encima de las contingencias políticas.

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Para alcanzar los exitosos resultados de los bancos estatales, debieron reunirse varias condiciones: una de las principales fue la de sustituir viejas discrecionalidades en su gestión por una combinación de decisiones políticas que justificaran la existencia de un banco estatal, atento a factores sociales pero sin comprometer su sustentabilidad económica. 

Quizás los partidos que integran la coalición que asumió el gobierno el primero de marzo continúen con esa política y modelo de gestión de los bancos públicos. Un regreso a las formas tradicionales aumentaría el riesgo de que el sector financiero, una vez más, sea el origen, el hilo conductor o el fuego que desata grandes crisis económicas.