UN DEBATE AUSENTE

La concentración del poder económico en Uruguay

Investigaciones realizadas en los últimos años permiten apreciar la alta concentración de la riqueza en Uruguay y ubicar su principal origen en la herencia. No obstante esos avances, el tema no se ha instalado en la agenda pública.[1] 

Posiblemente, como señala Martín Buxedas en otro artículo de este número de Vadenuevo, debido a que la distribución de la propiedad de la riqueza forma parte del sentido común y su relación con la concentración del poder económico, la igualdad de oportunidades y el poder político no sea percibida en toda su magnitud o se considere inevitable.

Los artículos reseñados tienen en común un gran esfuerzo de recopilación de datos y elaboración de información dispersa e insuficiente y el evidente interés de los autores en el significado de la concentración del poder económico en Uruguay. El primero estudia la distribución de la riqueza entre la población, el segundo la importancia de la herencia y el tercero, adoptando otra perspectiva, se concentra exclusivamente en las mayores riquezas.

Sobre la riqueza y el poder

Bajo este título, en mayo de 2017, Vadenuevo publicó un artículo de Mauricio De Rosa (investigador de la Universidad de la República -UdelaR-) en el que sintetiza su tesis de maestría sobre la distribución de la riqueza en el país.

De Rosa estima que por lo menos un cuarto de la riqueza total se encuentra en manos del 1% más rico de la población y que unas 25.000 personas ricas acumulan casi el 14% de la riqueza uruguaya, una concentración mucho mayor que la del ingreso.

La riqueza considerada comprende la inmobiliaria (casas, apartamentos, tierras), la financiera (depósitos, bonos) y la empresarial (participación en empresas), cada una de la cuales presenta una distribución característica. Unas 2.500 personas poseen más de la mitad de la riqueza financiera uruguaya y casi el 90% de la empresarial. 

A partir de estos hallazgos bastante contundentes, el autor sostiene que transformar al Uruguay en un país más igualitario requeriría una amplia base de apoyo a un vasto conjunto de políticas públicas.

La herencia, principal explicación de la distribución de la riqueza

Resumo a continuación los resultados de la investigación de Bruno Agustoni y Evelin Lasarga (docentes de la UdelaR), sobre las fuentes de la distribución de la riqueza en Uruguay.[2]

-Un tercio del total proviene de herencias y dos tercios de riqueza creada o comprada.

-El 1% de la población es propietaria del 28% de la riqueza y del 84% si se trata de negocios heredados. Ampliando el grupo al 10% más rico, este es propietario del 72% de la riqueza.

-Los años promedio de educación de los adultos del hogar explican una parte de la distribución, pero su incidencia de 15% en la desigualdad de la riqueza total es menor a la del 23% que alcanza la riqueza heredada.

-La condición de heredero es la que tiene mayor incidencia en la distribución de la riqueza, seguida de la de ser dueño de negocios y tener una edad mayor a 60 años, mientras que la importancia de los logros educativos es baja.  

En cuanto a la educación, puedo agregar, según ilustro a continuación, que una parte importante de los logros alcanzados por las personas son el resultado de factores ajenos a méritos propios, tales como la riqueza y los ingresos familiares, y el nivel educativo de los padres: en el 2017 concurrían a un establecimiento educativo 11,4% de los jóvenes de 22 años integrantes de familias de la quinta parte más pobre de la población, proporción apenas superior a la observada en el 2006; por el contrario, en aquel año estudiaban el 65,2% de los jóvenes integrantes de la quinta parte de las familias más ricas. (Logro y nivel educativo alcanzado por la población 2017. Ministerio de Educación y Cultura, Investigación y estadística, 31.07.2018 -actualizado 27.12.2019-).

Los autores concluyen que la actual distribución de la riqueza depende en gran parte de condiciones presumiblemente arbitrarias, no controladas por las personas; de su origen familiar y no del mérito personal.

Los de arriba

El estudio de Juan Geymonat (también docente de la UdelaR), avanza en el conocimiento de las familias más ricas y en la estructura del poder económico en Uruguay.[3] Cabe observar que las dificultades de acceso a la información que enfrentó el autor le impidieron incluir tres importantes componentes de la riqueza: los recursos naturales, las finanzas y la construcción. A continuación se sintetizan los principales resultados de la investigación.[4]

Las 200 empresas más grandes, el 0,1 % del total, explican el 27% del total de la producción nacional. El poder económico del núcleo de mayores empresas aumenta por su alta presencia en sectores concentrados que logran imponer condiciones a otro conjunto de empresas pequeñas y medianas diseminadas en la cadena de suministros y ventas.

El aspecto más destacado de la evolución de la propiedad en las 200 mayores empresas entre 1987 y 2015 es la caída de la participación del capital privado, de 46 a 26%, y el paralelo ascenso de la participación de inversores extranjeros de 13 a 35%. Las empresas estatales mantuvieron su participación.

Retroceso y vigencia del capital nacional. Las empresas de capital nacional, salvo contadas excepciones, no cotizan en la bolsa de valores, y su propiedad corresponde a pocas familias, las que se mantienen a lo largo del tiempo, contradiciendo la teoría de la importancia de la meritocracia. 

El 90% de las fortunas investigadas integra grupos económicos, una característica ya identificada en trabajos previos de Vivian Trías a comienzos de los años 60 y de Luis Stolovich al final de los 80 del siglo pasado. 

En 2015 las empresas de 20 grupos económicos identificadas tuvieron ventas próximas al 3% del total nacional.

La extranjerización de la cúpula empresarial lleva a Geymonat a preguntarse por el destino de los fondos captados por las familias uruguayas que han vendido, ya que una parte de la inversión directa extranjera se ha destinado a la compra de empresas existentes. Según el autor, luego de analizar algunos casos, “la clase propietaria nacional, aunque debilitada en su dominio del aparato productivo, continúa siendo trascendente para explicar la conformación del poder económico local”. El poder económico continuaría concentrado en un núcleo de familias nacionales cuya reproducción contradice el peso exclusivo que se atribuye a la meritocracia.

Dónde convergen los ricos. La confluencia en empresas en las cuales las familias ricas comparten la propiedad y la participación en los mismos establecimientos de educación y de sociabilización (clubes y otros) contribuyen a consolidar ideas compartidas y las relaciones con la elite de ejecutivos y profesionales, incluyendo los de empresas internacionales.

El autor incursiona también en cómo las relaciones de los poseedores de las mayores fortunas con los propietarios de los principales medios de comunicación y con las organizaciones sociales que representan sus intereses refuerzan una comunidad de valores, ideas y formas de proceder, y señala casos de presencia directa en el elenco de gobierno instalado en marzo de 2020.

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Con cierto orgullo para algunos, Uruguay goza del prestigio de ser uno de los países más igualitarios de América Latina. Aun así, los estudios disponibles ponen en evidencia el alto nivel de concentración de la riqueza en una parte reducida de la población y la herencia como principal determinante de la misma. 

Frente a la concentración de la riqueza y del ingreso, muchos estudiosos del tema y, sorprendentemente, también organismos internacionales, vienen proponiendo el aumento de los gravámenes a las fortunas y a los ingresos más robustos y, paralelamente, mayor gasto social, incluyendo la educación y la salud. Dichas medidas impositivas deberían ser implementadas urgentemente debido al aumento del gasto público y el desequilibrio fiscal derivados de la pandemia.

En Uruguay, esos predicamentos tendrán poco eco en el corto plazo; pronóstico que se apoya en el posicionamiento negativo de la actual coalición de gobierno particularmente respecto a los tributos a los ingresos y a las rentas, y al compromiso electoral de no aumentar los impuestos.[5] Los tributos que gravan la riqueza continuarán contribuyendo muy poco a la recaudación, más aún cuando tienen importantes perforaciones, entre ellas las del régimen de zonas francas.

La inviabilidad de una política que limite la concentración de la riqueza y el ingreso no impide el debate del tema y la importancia de las investigaciones que lo sustentan, particularmente por su condición de fuente de poder político y económico, incidencia en la equidad y la significativa presencia de inversores extranjeros en la propiedad de la riqueza.