LA PROBLEMÁTICA CARCELARIA

La rehabilitación, tema clave

Prosiguiendo el análisis de la producción académica nacional y basándonos en el libro ya citado en nuestro artículo anterior, [1] veamos lo que señalan Jhon Manzzi, María Espósito, Martín Quiró y Erika Ciappesoni en un trabajo titulado “El rol de las pasantías laborales en el sistema penitenciario”. El objetivo de esta ponencia es dar cuenta de la creación de las pasantías laborales como instrumento de reinserción social y se tiene en cuenta el rol de los talleres de seguimiento laboral, que ya son parte de las mismas.

El trabajo comienza con un interesante recuento de antecedentes nacionales en materia carcelaria que es de utilidad si se pretende comprender la situación actual y las proyecciones hacia el futuro. El primer elemento referencial en cuanto a la evolución de las cárceles en Uruguay se remonta al año 1930, cuando se inaugura el denominado Penal de Libertad, un proyecto fundacional elaborado por Juan Carlos Gómez Folle. La iniciativa constaba de aproximadamente 1.200 resoluciones que detallaban los alcances y finalidades del quehacer penitenciario e incluía el rol de las pasantías laborales dentro del recinto carcelario.

El punto de quiebre en el inicio del deterioro penitenciario se sitúa en el año 1971. En ese momento la Dirección de Institutos Penales del MEC (Ministerio de Educación y Cultura) pasa a la órbita del Ministerio del Interior y, a partir de 1974, es este ministerio el que asume el control total de los establecimientos carcelarios. A partir de ese momento prevalecen los criterios de seguridad característicos de un Estado militarizado.

Cuando el país retoma la senda democrática en 1985, la destrucción de los recintos carcelarios era evidente. La Ley de Seguridad Ciudadana del 19 de julio de 1995 instaura nuevos delitos y aumenta la pena de algunos ya existentes, lo que genera un incremento notable del hacinamiento en los establecimientos existentes en aquel entonces, ahondando la crisis de todo el sistema.

Más adelante se genera un mecanismo de coordinación de las políticas penitenciarias en la zona metropolitana y los centros de reclusión en el interior del país, que pasan a depender de cada jefatura departamental. Esta resolución administrativa determina que se instalen 19 formas diferentes de concebir la política carcelaria, con marcados rasgos de desigualdad: propuestas punitivas muy severas en algunos casos y muy permisivas en otros.

En el año 2005 se declara la ya mencionada emergencia carcelaria y se dictan varios decretos y reglamentos orientados al descongestionamiento penitenciario. A nivel legislativo, ya en 2003 se crea la figura del Comisionado Parlamentario en temas carcelarios, con la misión de buscar una mayor uniformidad dentro del sistema, ya que este nuevo dispositivo tiene jurisdicción nacional.

Otras dos acciones de gobierno completan el panorama. Por un lado, se promulga la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario, que incluye mecanismos de redención de pena por trabajo o estudio, reglamentos de reinserción laboral y otras formas alternativas a la privación de libertad. Por otro, finalmente, en 2010 se realiza el Primer Censo Nacional de Reclusos, llevado a cabo por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República por encargo del Ministerio del Interior.

Dentro de una nueva política de rehabilitación se crea la función del operador penitenciario, quien pasará a trabajar dentro de los establecimientos en reemplazo del antiguo rol ejercido por un funcionario policial. De acuerdo al censo de 2010, la población carcelaria se eleva a 9599 reclusos (8966 hombres y 633 mujeres).

Como consecuencia de todas estas modificaciones -muchas de las cuales no detallamos-, se instauran en todos los servicios penitenciarios dos áreas: el Área Laboral y el Área Psicosocial. Por un lado, el Área Laboral busca la inserción laboral de los presos a través de las disciplinas social, psicológica y jurídica. En primera instancia, se busca la creación de políticas de creación de empleo en la interna de las penitenciarías. El área tiene incidencia a nivel de todo el país. En Montevideo a través del Patronato Nacional del Liberado y en el interior a través de otros sendos patronatos.

Si bien los conceptos de reinserción social y rehabilitación cuentan con puntos comunes, es necesario hacer distinciones. La reinserción social busca cumplir con el objetivo de favorecer la integración a la sociedad durante el proceso de institucionalización y luego del egreso. La rehabilitación tiene por objetivo incidir a nivel cognitivo, emocional y normativo en los individuos. Si bien el factor que evalúa el éxito de estos programas es el nivel de reincidencia, su intención incluye también la adhesión a valores convencionales. En los últimos tiempos se tiende a utilizar el término habilitación en lugar de rehabilitación, en el entendido de que muchas veces no puede hablarse de rehabilitación en los casos en que los involucrados nunca pasaron previamente por una habilitación.

Las pasantías laborales son una oportunidad y una experiencia. La meta es generar políticas de habilitación psicosociolaboral desde el interior de los establecimientos, para que una vez obtenido el egreso se facilite la inserción exterior.

Desde el año 2011, la institución universitaria generó convenios laborales con organismos estatales: OSE, Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Administración Nacional de Puertos (ANP), Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). También existen convenios con empresas privadas como Juan Soler, CUTCSA, y algunas organizaciones no gubernamentales. La modalidad de trabajo más utilizada es el taller, a cargo de una dupla técnica que se ocupa del grupo, lo motiva y estimula permanentemente la autocrítica colectiva.

Otra experiencia de interés se encuentra explicada y relatada en el trabajo de María Noel Acosta y colegas, titulado “Reflexiones en torno al Espacio de Formación Integral (Intervenir para Aprender) en el Centro de Rehabilitación Punta de Rieles”.

Se trata de un Espacio de Formación Integral (EFI) en funciones desde 2012, a cargo de un equipo interdisciplinario con participación de diferentes servicios universitarios. La demanda inicial provino de la Facultad de Agronomía, que buscaba apoyo específico para que los reclusos participasen en emprendimientos para la producción de hortalizas. A partir de esta demanda se fue construyendo la oferta y se sumaron a ella otros sectores de la Universidad de la República. Al mismo tiempo, se buscó fortalecer el vínculo entre la cárcel y el barrio.

La integralidad de que se habla supone: 1) la integración de los procesos de enseñanza y creación de conocimiento vinculado a experiencias de extensión universitaria; 2) la perspectiva interdisciplinaria; 3) la concepción de los actores sociales como sujetos protagonistas de las transformaciones; 4) la integración de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en materia de contenidos como de metodologías; 5) un enfoque territorial e intersectorial en las intervenciones.

Las actividades desarrolladas se enmarcan en dos líneas de intervención. Primero, el desarrollo de espacios de capacitación formal destinado a los reclusos sobre producción agroecológica mediante cursos y talleres. Segundo, el acompañamiento de los procesos de organización en grupo a partir del trabajo conjunto. Los grupos iniciales fueron aproximadamente de 20 a 25 personas, con un logro final entre 60-75% de los inscriptos. La evaluación de estos espacios de formación es muy positiva. Para los internos, este ámbito de trabajo significa no solo un espacio de capacitación sino un elemento de “libertad”, al trascender la dura cotidianeidad. Para los docentes significa un logro de aprendizajes significativos desde el punto de vista académico y subjetivo.

Por otra parte, la propuesta agroecológica puede contribuir a la inclusión social ya que, en potencia, puede aportar a la generación de ingresos genuinos desde un espacio de trabajo y a la vez mejorar los vínculos entre las personas participantes. Así lo avalan múltiples experiencias desarrolladas desde la Facultad de Agronomía junto a otros servicios universitarios y huertas familiares, comunitarias, pedagógicas, terapéuticas y de rehabilitación. La docencia integral que viene promoviendo la Universidad de la República implica sacar el acto de la docencia del aula tradicional y generar un continuo entre espacios distintos. Con ello se logra, como propone el EFI, tener cierto impacto hacia dentro, es decir hacia las estructuras universitarias participantes. A partir de 2013, se ofrece un nuevo curso de grado a estudiantes de las Licenciaturas en Sociología y Psicología.

Dejando por ahora la vasta temática de las experiencias locales de (re)habilitación, vamos a incursionar muy brevemente en perspectivas provenientes de Estados Unidos y que buscan fundamentar nuevos conceptos criminológicos.

Uno de esos trabajos se refiere a la “verdad redentora” sobre la sociedad carcelaria.[2]

“Las cárceles encierran a padres. En las cárceles también hay mentores, profesores, líderes y potenciales modelos de conducta para las próximas generaciones. Aunque lo sepan o no, los dos millones de hombres y mujeres en las cárceles de todo el país tienen el poder de cambiar el futuro”. Este fue el mensaje del reverendo Jesse Jackson a los residentes de la cárcel del condado de Cook en Chicago, durante el sermón de Navidad en 1995. Jackson instó a que los reclusos desviaran sus rabias en una nueva dirección, abandonaran su rencor y dejaran de sentir lástima por sí mismos. Sugirió que siguieran el camino de Malcom X, quien comprendió que no podía cambiar el pasado y entonces decidió que tendría que cambiar el futuro. Esta “verdad redentora” sorprendió a los presos, que no estaban acostumbrados a escuchar este tipo de discursos.

Al menos durante los últimos 25 años, la rehabilitación de los reclusos ha estado plagada de pesimismo. Para Maruna y colegas, este pesimismo no tiene fundamento e incluso puede ser una de las causas de la reincidencia. Uno de los argumentos que estos autores señalan es el “fuera de tiempo” de los intentos rehabilitatorios. La mayoría de los infractores jóvenes dejan de cometer delitos después de los 23 años. Los estudios de Erikson (1963) acuñaron el término “regeneratividad”. Según este autor y todos los que han seguido estudiando este concepto, la generatividad surge como tema clave de desarrollo para la mayoría de los sujetos y los comportamientos delictuales tienden a disiparse a medida que se adquiere la adultez. Maruna ha sostenido que esta correlación no es casual. Los compromisos generativos parecen llenar un vacío particular en la vida de los ex-infractores, lo que provee un sentido de propósito y significado, permitiéndoles redimirse de los errores pasados y legitimando el hecho de que la persona puede cambiar.

Por consiguiente, en lugar del “nada funciona” son muchos los que creen que la generatividad funciona. Lo cierto es que ninguna otra institución es capaz de dificultar la generatividad como una cárcel. Esta corriente de pensamiento afirma que si el mundo penitenciario se convirtiera más en una “sociedad generativa”, sería más eficaz a los efectos de reducir la reincidencia.

Pero la generatividad puede ser un trabajo bastante difícil. Tal vez esa sea la razón por la cual muchas experiencias de reinserción moral -para no hablar de rehabilitación- suelen aparecer como flores dispersas tratando de crecer en el cemento del sistema carcelario.  

Otro aporte interesante en este sentido es el trabajo de M´Cready Sykes y Matza,[3] donde se propone el concepto de “técnicas de neutralización” como una nueva teoría sobre la delincuencia.

En un próximo artículo continuaremos desarrollando esta temática.