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SEGURIDAD CIUDADANA

 Publicado:  05/06/2018

Un diagnóstico y varias propuestas


Por Fernando Rama


Amplia repercusión ha concitado la entrevista del diario El Observador realizada por el periodista Gabriel Pereyra al Director Nacional de Policía, Mario Layera. No es para menos dada la investidura del entrevistado, un policía de carrera que ha pasado por casi todas las dependencias del Ministerio del Interior. El tenor de sus afirmaciones ha movilizado el pensamiento del sistema político, del ámbito cultural y de la sociedad en su conjunto.

El citado reportaje ha generado reacciones a ambos lados del espectro político. La oposición salió, como era de esperar, a señalar que los dichos del jerarca policial le daban la razón y ya se apresuraron a citar a comisión a Layera, en el Senado y en la Cámara de Representantes. El tema les calza como un guante de boxeo para seguir golpeando en lo que hoy ha pasado a ser el principal tema de preocupación de los ciudadanos. Por lejos. Más que la educación, más que la salud, más que todo.

Pero también desde filas del partido de gobierno han comenzado las críticas. La agrupación denominada Casa Grande pidió su inmediata renuncia por considerar que las declaraciones del jerarca policial son “inoportunas” y le hacen juego a la oposición. Con menos énfasis otros agrupamientos dentro del Frente Amplio han puesto reparos a las afirmaciones del jerarca policial. No es posible entender cuándo son oportunas afirmaciones autocríticas que tratan de solucionar un problema que preocupa al conjunto de la sociedad.

Según este tipo de razonamiento también son inoportunos los datos proporcionados por el Comisionado Parlamentario que monitorea al sistema carcelario. Existen en el país 11.000 presos. Entre los que se liberan existe un 66% de reincidencia. Estas cifras denotan una realidad que es imperioso modificar. El número de presos es altísimo; en proporción a la población estamos casi al nivel de Estados Unidos. El porcentaje de reincidencia está también entre los más altos del mundo. No es una buena noticia saber que estos guarismos se verifican en los grandes centros carcelarios, donde el hacinamiento es insoportable y los presos están sometidos a tratos crueles e inhumanos. En los centros pequeños es posible aplicar medidas de rehabilitación y la reincidencia es mucho menor.

En un país donde se ha logrado bajar significativamente los niveles de pobreza y la indigencia casi no existe, tenemos un 2% de la población que vive en la marginalidad absoluta y que se lumpeniza cada vez más. Layera lo señala con claridad cuando afirma que “hay sectores a los que no les entendés las palabras, tienen otro idioma, tenés que preguntarles que están diciendo”. Como suele suceder, hay artistas que ya habían dado cuenta de la situación que describe Layera, como en la canción alegato que canta la murga “La Catalina” sobre la violencia.

Las afirmaciones principales del Director de la Policía se pueden resumir en lo siguiente. Existe una compartimentación del Estado que impide que la fuerza policial cuente con información vital para hacer frente a este 2% de marginados. Esa información debe provenir del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), del Banco de Previsión Social (BPS), del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Todos estos organismos han salido a justificarse señalando que se trata de datos reservados, confidenciales, etcétera. En realidad no es necesaria ninguna autorización del Poder Judicial, ya que se trata simplemente de cruzar datos vitales para el trabajo policial.

Otra afirmación tajante de Layera se refiere a las dificultades para implementar el rol de la policía en el contexto de aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP), donde son los fiscales quienes tiene a cargo la dirección de la investigación. Se trata de subsanar progresivamente la coordinación entre Fiscales y Policía a los efectos de hacer más eficiente una tarea por cierto nada sencilla. No parece haberlo entendido así el Fiscal de Corte Jorge Díaz, que también consideró erróneas las afirmaciones de Layera.

El presidente Tabaré Vázquez también se refirió al tema indicando que le parecían algo exageradas las afirmaciones del jerarca policial pero que se estaba trabajando en mejorar la coordinación de las distintas estructuras estatales. En buen romance, hay que tener muy en cuenta lo que señala el Director de Policía. Es difícil creer que podemos llegar a niveles similares a los que exhiben El Salvador o Guatemala, como él afirma. Pero no está de más exagerar un poco cuando se pretende patear el avispero.

Otra rotunda afirmación del jerarca entrevistado se refiere al papel de las cárceles: “La gran decadencia comenzó en las cárceles. Todo empieza en las cárceles”. Esto está en perfecta sintonía con lo que señala el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, que glosamos antes. En 1995 había 3.000 presos, hoy llegamos a 11.000, con el agravante de que muchos presos extranjeros introducen metodologías del delito que antes no existían.

Hace unas semanas el líder opositor Edgardo Novick trajo a un conjunto de expertos neoyorquinos y tuvo la deferencia de ponerlos en contacto con las estructuras policiales locales. Los expertos, integrantes de la fundación que encabeza el famoso exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, quedaron asombrados por el grado de preparación de nuestra policía, en cuanto a armamento, capacitación del personal y tecnología disponible. Es evidente que lo que hace falta es un enfoque social del delito, tal como lo explicita Layera al afirmar que en muchas situaciones es más efectivo un asistente social que un policía.

Existe una anomia social en la que no se cumplen las leyes y nadie quiere hacerlas cumplir”, es otra de las afirmaciones tajantes del jerarca policial. Mientras desde varios organismos del Estado se afirma que en el barrio Casavalle las cosas han mejorado, que hay mayor presencia del Estado, el Director de la Policía asegura que allí nada ha cambiado.

Si debido a desencuentros con los fiscales sólo se trabaja con la flagrancia y no es posible trazar planes a largo plazo, si en las bandas de delincuentes se observa una situación de anarquía que dificulta el trabajo policial, los sectores de mayores ingresos continuarán refugiándose en barrios privados y los más perjudicados seguirán estando entre los más desprotegidos, es decir entre aquellos que viven en situaciones de “contexto crítico”.

Al leer la entrevista que comentamos, lo primero que apareció en mi memoria fue una vieja película que se llamaba “Infierno en la Torre”. Fue una de esas producciones de Hollywood del género cine catástrofe, mediante las cuales los productores del cine hegemónico parecen querer acostumbrarnos a las catástrofes reales. Claro, aquella película no es nada comparada con los actuales engendros de ese tipo de cine y una estupidez si la contrastamos con las catástrofes reales que ocurren casi todas las semanas. Pero el argumento de aquel filme consistía en que en un rascacielos estallaba un incendio. Entonces los vecinos comenzaban a tomar diferentes medidas para acabar con los focos ígneos y cada determinación que tomaban no hacía más que empeorar las cosas. Hasta que se deciden a llamar a bomberos. Y ahí se registra un diálogo interesante donde el jefe de bomberos pregunta: “¿por qué no empezaron por llamarnos”?

Por eso considero que las declaraciones de Layera son una valiente contribución al análisis de un problema real y de compleja resolución. Un aporte mucho más acertado que los consabidos llamados a colocar a las Fuerzas Armadas en el combate del delito, que el record de interpelaciones al ministro Eduardo Bonomi y que los reiterados pedidos de endurecimiento de las penas.

El Subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, salió al cruce de las críticas recibidas por Layera y señaló que no es la primera vez que desde el Ministerio se realizan esos tópicos a nivel del gobierno.

Un comentario sobre “Un diagnóstico y varias propuestas”

  1. Excelente artículo,. resumiendo burdamente si es que se puede, con la rehabilitación de las personas en las cárceles con lo que conlleva todo eso se mejoraría la seguridad, sería un buen efecto en cadena: asistencia para la rehabilitación, (sabemos que hay casos extremos en los que no se logra una reinserción pero es una parte ) la aplicación de la misma y el seguimiento . Parecerá muy costoso pero resultaría una disminución muy significativa del delito y por consiguiente al perder la intención de delinquir se lograria una tranquilidad social un crecimiento en valores y libertad, que aunque no sea un logro a corto plazo sería un camino sano y seguro. Cada persona recuperada es un gran logro para si y la sociedad toda. Saludos .

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