EL ACOSO JUDICIAL AL MOVIMIENTO DE MÉLENCHON EN FRANCIA

Fascismo normalizado en el corazón de Europa

Cuando en el país de los derechos humanos el gobierno puede, solo a causa de una denuncia de un particular, sin indicio fáctico alguno, sin que medie la autorización de un juez independiente, realizar 17 allanamientos contra  el principal partido de oposición, y llevarse absolutamente toda su información, partidaria y privada, todas sus computadoras, discos duros y teléfonos, sin que las víctimas tengan derecho a un abogado ni a saber qué les fue sustraído, es que una especie de fascismo ya gobierna y se ha normalizado al punto de no ser primera plana en los medios de comunicación el mundo.

En los años 70, en Estados Unidos, un grupo de ladrones que trabajaban para los republicanos fue sorprendido robando los locales del Partido Demócrata (Watergate); se descubrió que el presidente Nixon estaba involucrado, y cayó por ello. Hoy pasan cosas mucho peores y ni siquiera aparece en los grandes medios de comunicación.

¿Qué está pasando con nuestras "democracia occidentales"? Si desvirtuamos a tal punto nuestros sistemas de garantías políticas, ¿por qué sorprendernos luego del acenso del fascismo? En la medida en que los medios de comunicación normalicen y respalden a las fotocopias, la gente terminará prefiriendo los originales.

En Francia, el 16 de octubre pasado, el mismo día en que el presidente francés anunciaba la formación de su nuevo gabinete (pues varios ministros importantes habían renunciado en los últimos días), un fiscal nombrado por Macron moviliza casi 100 policías fuertemente armados para allanar al mismo tiempo (7 de la mañana) y a lo largo y ancho del territorio francés, la casa de 15 miembros del movimiento La France Insoumise (FI), entre ellos varios diputados, incluido Jean-Luc Mélenchon (presidente del grupo parlamentario de FI), así como los locales partidarios, sede central incluida. Si a eso sumamos que el 10 de octubre se produjo un extraño robo en el domicilio de la antigua directora de campaña de Alexis Corbiere (diputado del sector), en que sólo se llevaron las computadoras y ningún objeto de valor; que el 11 de octubre hubo otro robo en el domicilio de Alexis Corbiere, de donde también sólo se llevaron sus computadoras; que el 12 de octubre la puerta del despacho de Corbiere en la Asamblea Nacional aparece violada; que el 21 de octubre se produjo otro robo en el domicilio de Matthieu Aron, periodista que investigaba sobre el affaire Alstom, implicando a Macron, donde se llevaron varias computadoras personales pero ningún objeto de valor; y que pocos días fue asaltado también el domicilio de otra periodista que investigaba sobre una relacionista pública cercana a la pareja presidencial y tampoco se llevaron otra cosa que sus computadoras… algo huele muy, muy mal en Francia.

El lector se preguntará qué información tenía entre sus manos el gobierno francés como para animarse a violar todas las libertades personales y políticas de la oposición: Nada: estrictamente nada, salvo dos denuncias de ilustres desconocidos, sin ninguna relación entre sí, que la fiscalía decidió juntar y en base a ellas realizar los allanamientos.

La primera denuncia:

Una ex eurodiputada del Frente Nacional (Sophie Montel) hace casi dos años, cuando a Marine Le Pen se la investigó por una denuncia del Parlamento Europeo con respecto a ciertas irregularidades en los sueldos de sus parlamentarios, acusó a otros 17 parlamentarios franceses de lo mismo. Como vio que había quedado en ridículo, se retractó diciendo que era para burlarse de la Justicia, para que no se metieran con Marine: una especie de broma. De todas formas, el Parlamento Europeo, en el mismo momento de la denuncia, abrió investigaciones y las cerró afirmando que en el caso de Mélenchon no había irregularidad alguna que constatar. La denuncia giraba en torno al hecho de que algunos asistentes parlamentarios recibían su salario del Parlamento Europeo no por las labores que el Parlamento habilita, sino para tener actividades políticas partidarias fuera del ámbito europeo como dirigentes de sus partidos. Casi dos años más tarde, el fiscal francés pensó que aquella vieja denuncia, archivada sin más por el propio supuesto damnificado (el Parlamento Europeo), era lo suficientemente convincente como para desplegar contra el movimiento de Mélenchon una fuerza solo reservada a casos de terrorismo y crimen organizado. Es curioso que los allanamientos a los otros 16 implicados en la misma denuncia brillen por su ausencia. Tan extraordinariamente absurdo es todo esto que una de las allanadas, que fue asistente parlamentaria de Mélenchon y que desde hace años se dedica a otra cosa, ni siquiera fue nunca miembro de partido político alguno, mucho menos dirigente: una simple empleada administrativa.

La segunda denuncia:

Un tal Jean-Guy de Chalvron, que había sido miembro de la Comisión de Cuentas de Campaña y que, a pesar de que ese órgano aprobó todas las cuentas de Mélenchon apenas con una observación (de monto no reembolsable), denunció que había algunos aspectos que le generabas dudas. El propio director de la Comisión dijo que Chalvron se había retirado de ella antes de haber visto las facturas de la campaña de la FI. Mélenchon, para acallar cualquier suspicacia, dijo que con gusto presentaría nuevamente todas las facturas y agregó que, de paso, sería bueno que se revisaran nuevamente las cuentas de todas campañas, principalmente la del propio Macron, que sí tuvo "serias advertencias por irregularidades" por parte de la misma Comisión, que nunca fueron investigadas. Vale señalar que en Francia una parte del dinero de las campañas electorales es reembolsada por el Estado. La acusación de Chalvron se centra en que habría habido sobrefacturación en la campaña presidencial de FI. Lo absurdo es que se acuse de sobrefacturación justamente a la campaña que resultó ser la más barata de todas para el bolsillo del contribuyente francés, como lo muestra el siguiente gráfico, además de tener sus cuentas ya aprobadas por el órgano encargado a tales efectos:

Pues el fiscal, que en Francia depende directamente del Ejecutivo, entendió que 7 meses más tarde era urgente realizar 17 allanamientos en el marco de una investigación preliminar. Se trata de un vericueto legal incluido en las nuevas leyes contra el terrorismo. Estas leyes vienen siendo fuertemente cuestionadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde hace tiempo. También el sindicato de magistrados franceses llama desde hace mucho a una urgente reforma constitucional en ese sentido y se declara "muy preocupado" por la situación. Como el gobierno nunca había invocado esos instrumentos legales, salvo para casos de terrorismo, la sensación de peligro se limitaba a los juristas conscientes del problema. Cuando esos mismos instrumentos se utilizan contra la fuerza política que el pueblo percibe como la principal fuerza de oposición, ya la cosa cambia.

Ninguna de las dos denuncias, hasta ahora, ha dado lugar a la apertura de ningún proceso judicial porque no se han encontrado indicios de infracción alguna. Es el propio Mélenchon quien pide ir a juicio porque es la única forma de que pueda contar con garantías, con un juez independiente y con un abogado. Por ahora, nada.

Mientras tanto, el poder tiene entre sus manos cada fichero de la FI, incluyendo los nombres, teléfonos y direcciones de su casi medio millón de afiliados, cada agenda privada y política, cada resumen de cada reunión, cada debate estratégico, cada foto privada, todas las computadoras, todos los teléfonos: absolutamente todo. Supuestamente nadie puede tener acceso a esa información, pues está protegida por el secreto del sumario; sin embargo, cuatro días más tarde empezaron a filtrarse en la prensa datos personales sobre el propio Mélenchon, como que estaría en pareja con la directora de la empresa que se encargó de la comunicación en su campaña electoral y que por ello se habría beneficiado en alguna forma de la supuesta sobrefacturación que dicha empresa habría presentado. Lo insólito es que esa empresa fue la de menor precio entre todas las del ramo que participaron en las campañas presidenciales y según la Comisión de Cuentas oficial no hay ninguna irregularidad a su respecto. Pero a la prensa eso no le importa: su objetivo es instalar la duda por aquello de que "algo habrá".

El lector se preguntará por qué el gobierno francés sintió la necesidad de hacer una movida tal, justo el mismo día de un cambio de gobierno que incorpora al gabinete a más ministros abiertamente lobistas de transnacionales tales como Danone o Monsanto, terminando por configurar un gabinete de tecnócratas de las altas finanzas estrechamente vinculados a los lobbies internacionales más poderosos.[1]

Vale señalar que Macron se está quedando solo, políticamente hablando: el sector del Partido Socialista que lo apoyaba ya prácticamente no existe, mientras que la derecha tradicional está a la deriva. Sus políticas terriblemente neoliberales están destrozando el poder adquisitivo de los franceses, aumentando los impuestos a las clases media y baja, al tiempo que generan gigantescas exoneraciones impositivas para las mayores fortunas. El resultado es que Francia aparece como el país en que las grandes fortunas han aumentado más en número y en capital de los últimos años, mientras que el nivel de vida general, así como los servicios públicos, caen en picada. La esperanza de vida promedio en buena salud está disminuyendo por primera vez desde la salida de la segunda guerra mundial.

Parte del objetivo, entonces, sería ocupar el espacio mediático con la oposición perseguida por la Brigada Anticorrupción, organismo policial que, bajo las órdenes del fiscal, se encargó de estas redadas y cuyos miembros se mueren de vergüenza de tener que estar haciendo esto en lugar de perseguir a los grandes evasores fiscales, por ejemplo (cosa para la cual es imposible movilizar una fuerza semejante).

Pero, en realidad, quizás la explicación más verosímil resida en la enorme popularidad que Mélenchon estaba adquiriendo, mostrada por los excelentes porcentajes en las últimas encuestas de opinión, que situaban a la FI muy por encima de Macron. Habría que sumarle el hecho de que, apenas dos días antes de los allanamientos, toda el ala izquierda que aún quedaba en el PS se escindió del partido tradicional para acercarse públicamente a la FI, incluyendo a la senadora Marie-Noëlle Lienemann y al eurodiputado Emmanuel Maurel, dos figuras de enorme peso histórico en el PS.

¿Pero acaso en Francia no hay prensa libre que denuncie todo esto? La respuesta es simple: más del 90% de los medios de prensa escrita, radio y televisión, están en manos de 10 multimillonarios, beneficiarios directos del régimen macronista, y en muchos casos incluso amigos personales de Macron.[2] El 10% restante está, precisamente, en manos del gobierno, incluyendo a la AFP, que depende financieramente del Estado.

El caso es que el fuerte carácter de Mélenchon hizo que estallara en la puerta de su sede partidaria cuando la policía le impidió entrar a presenciar el allanamiento. Increpó violentamente a la policía, soltando a los gritos frases como "mi persona es sagrada" o "la República soy yo" y generando imágenes de una gran violencia que el 100% de los medios franceses vienen reproduciendo sin descanso desde entonces, descontextualizando el hecho y centrando toda la información, análisis y comentarios en "la cólera de Mélenchon", presentándolo como un loquito violento, incapaz de mantener su sangre fría, mostrándose irrespetuoso ante las instituciones del Estado, y por lo tanto inepto para ser presidente. Si bien la prensa considera que tal despliegue policial fue un poco exagerado, evitan mencionar en qué se basó al tiempo que alimentan la sospecha de que Mélenchon, incluso fuera de toda responsabilidad estatal, sería corrupto, además de ser un violento incontrolable.

De poco vale que Mélenchon explique que cuando dice "mi persona es sagrada" se refiera a la persona de un representante del pueblo, que efectivamente desde la antigua Roma se considera "sagrada" y se beneficia de un régimen particular, para evitar justamente que el poder pueda acallarla; y que un diputado es ciertamente la encarnación de la República. De poco vale, pues la prensa prácticamente no reproduce dichas explicaciones. Dan la palabra a los representantes de la FI casi como una limosna de apenas unos minutos, contra las cientos de horas invertidas en atacarlo.

La ola de ataques mediáticos es de una violencia solo comparable con la que desplegaron al final de la campaña presidencial, cuando la posibilidad de que la FI pasara a la segunda vuelta eran clara. "Plutôt le fascisme que le Front Populaire "[3], rezaba un slogan de los años 30 y de él se sirvieron Pétain y su régimen de Vichy en dos panes. Hoy en día parece primar la misma estrategia. El Front National, que ha cambiado su nombre por Rassemblement National en un lavado cosmético, cuenta con un beneplácito mediático inversamente proporcional al que cuenta la France Insoumise.

Las consecuencias judiciales de todo esto serán iguales a cero; pero las consecuencias en la opinión están a la vista, con una pérdida de 7 puntos en intención de voto de la FI, que lejos de beneficiar a Macron (que sigue en picada en las encuestas) engrosan las cifras de los acólitos de Le Pen o vuelven a la abstención de donde habían salido.

El objetivo del poder es claro: impedir por cualquier medio, no importa cuál, que Mélenchon pueda volver a presentarse a una elección presidencial y desprestigiar a la FI todo lo que sea posible. Nadie sabe en este momento qué puede tener el poder en sus manos ni qué irán largando a la prensa de a poco, durante los años y en función de sus necesidades políticas. Lo cierto es que entre más de 400.000 personas no todo el mundo es santito, y siempre algo se puede encontrar o fabricar en base a lo que haya. Justamente por eso se inventaron mecanismos que asegurasen las libertades políticas. Mecanismos que no existen más.

Eso que conocemos como "lawfare" ha llegado a los países centrales, mostrando una vez más que América Latina es el banco de pruebas de las estrategias del poder mundial. Lo que sucede en Argentina, Brasil, Ecuador o Colombia, con el uso político y abusivo de las instancias judiciales, golpea ahora el corazón de Europa, donde la supuesta lucha antiterrorista ha dotado al poder de mecanismos legales que hasta hace pocos años hubieran sido considerados fascistas y liberticidas, y dejando planear la duda de si en el fondo el terrorismo no es pan bendito para el poder.

Si tan solo se tratara del atropello frontal de las libertades políticas de la oposición, ya sería gravísimo; pero hay que situar esto en el marco de una judicialización espeluznantemente creciente de cualquier tipo de protesta. La cantidad de militantes sindicales [4], sociales y ecologistas presos u obligados a pagar multas millonarias por acciones pacíficas de protesta como la ocupación de un salón en una universidad [5] se multiplica por docenas sin que ello amerite el menor comentario de la comunidad internacional. No quiero imaginar lo que serían los ríos de tinta si lo mismo sucediera en Venezuela. Es simplemente escandaloso.

Al mismo tiempo, todo periodista o denunciante de las ilegalidades recurrentes en el oscuro mundo de las finanzas es perseguido, silenciado y también criminalizado en total impunidad. Una ley de Macron votada el pasado 14 de junio, siguiendo las directivas europeas vinculadas al "secreto mercantil", aplica severas penas de hasta más de 3 años de cárcel a todo aquel que divulgue cualquier información vinculada a los negocios de una empresa. Con el argumento del espionaje industrial, toda divulgación de información vinculada, por ejemplo, al blanqueo de capitales o al fraude fiscal, así como a cualquier otro tipo de delito financiero, queda prohibida. Los grandes banqueros pueden enviar a la cárcel a todo aquel que meta las narices en sus negocios. Sí: así como lo lee.[6] Como para que luego vengan a hablarnos de la libertad de prensa…

En el país de los derechos del hombre y el ciudadano, hoy en día es legal mandar a 100 policías armados a robar todos los datos del principal partido de oposición sin ningún fundamento sólido y sin que la decisión la tome un juez independiente, sin que las víctimas tengan derecho a presenciar los allanamientos ni a recibir una notificación sobre lo incautado, ni siquiera a la presencia de un abogado. Pero al mismo tiempo es ilegal la divulgación del más mínimo documento sobre las finanzas ilegales de las grandes empresas.

Cuando la ley y la justicia llegan a este grado de inmoralidad, pierden completamente la legitimidad que les da valor social. Dejamos atrás el mundo en que el Estado defendía a los que no podían defenderse solos, a través de una ley y una justicia igual para todos. Hemos entrado en un mundo en que los grandes poderes fácticos de las finanzas no solo gobiernan, sino que además diseñan las leyes y las aplican a su antojo. En un mundo como este ¿a quién puede sorprender que el fascismo aparezca como resultado inevitable?