VADENUEVO DE COLECCIÓN: DEL NÚM. 5 (FEBRERO DE 2009). RECUERDOS DEL GOBIERNO DE LACALLE

El porvenir de mi pasado*

Recorrer el período 1990 a 1994 puede resultar apasionante. Siento que el país entero podría preocuparse si su porvenir viniera a repetir aquel pasado. Es la primera vez en nuestra historia que alguien -me refiero a Luis Alberto Lacalle- pretende reasumir la presidencia luego de que pasaran 15 años de otros gobiernos, suficiente tiempo para que haya operado esa especie de amnesia colectiva que suaviza y mitiga, para bien y para mal, los hechos del pasado.

El contexto político y económico. El Partido Nacional (PN) ganó las elecciones después de 27 años con un porcentaje de votos poco contundente (37,25%), en tanto Lacalle obtuvo 21,63%. 

En el plano económico, no eran años buenos. Durante el gobierno anterior hubo una mejora en los niveles de vida, pero con amenazas muy fuertes que podemos simplificar en tres: inflación difícil de controlar, crisis bancaria todavía superviviente de 1982 y deuda externa sin resolver.

Las bases ideológicas del nuevo gobierno. Lacalle intentó, dentro de su visión de derecha liberal, darle al Uruguay algo que en su concepto nunca había tenido: una buena dosis de capitalismo. Eso implicaba dentro de las doctrinas más o menos en boga un debilitamiento del Estado y privatizar todo lo posible. El Uruguay toma esas doctrinas con bastante retraso, cuando el mundo ya estaba de vuelta de las mismas, ya habían pasado los afanes privatizadores en los países desarrollados, en México, en Argentina, y en ningún lugar dieron los resultados esperados. Es más, las crisis que recorrieron el mundo pasaron por los mismos lugares donde estuvo de moda privatizar. Recordemos el efecto tequila, el efecto tango, etcétera.

¿Quién podría venir a comprar algo? Nadie. Por supuesto, aparecieron muchos a hacerse cargo de las ofertas, siempre que fueran negocios donde no hubiera que invertir y se les dieran seguridades de ganancia por tomarse las molestias de tramitar adquisiciones. Lo que sí existía, sin duda, y presionaba muy fuertemente, era la avidez de los tenedores de nuestra deuda externa de cobrar algo y como fuera. En Uruguay era difícil imaginarse una forma de cobrar que no fuera quedándose con las principales empresas.

El interés de los acreedores era absolutamente compatible con la visión del equipo de Lacalle. El primer ministro de Economía y Finanzas que tuvo ese gobierno fue el contador Enrique Braga. El 9 de junio de 1991 el diario argentino Clarín le preguntó si había áreas de la economía no privatizables, y el ministro respondió: "Yo no hablaría de áreas no privatizables, sino de áreas que todavía la gente no comprende que pueden ser privatizadas. Por ejemplo, ANCAP, en la parte que hace al manejo de los combustibles, y las usinas eléctricas del Estado. Hoy no se aceptaría su privatización, pero no es imposible". Por su parte, el entonces director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Conrado Hughes, pregonaba por esos días, y lo sigue pregonando hoy, que el Estado no puede ni debe ser proveedor de bienes y servicios.

 Lógica política funcional a los objetivos. Desde el principio, el gobierno de Lacalle se caracterizó por un cierto autoritarismo, destinado a dejar claro que se estaba con él o se quedaba fuera del gobierno, del poder y de los favores. En los primeros días ya se había producido el nombramiento de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas dejando fuera al Frente Amplio (FA). Lo mismo se hizo con los directores de los Entes Autónomos. Es decir que si se era del Frente también se quedaba afuera de las posibilidades de controlar la gestión.

 En cuanto al modelo a seguir con el proceso privatizador y el manejo del Estado, se optó por la falta de transparencia, el ocultamiento, la negación de lo evidente, el disfraz de las intenciones. Opción razonable para lo que no dejaba de ser una minoría presuntamente esclarecida por la mano invisible de Adam Smith. Desaparecieron los concursos para los empleos públicos, el acomodo reinó en todas partes, los créditos bancarios se otorgaron sin criterio. El Estado quedó plagado de ineficiencias y muy mal el Banco de la República, la Corporación para el Desarrollo, el Banco Hipotecario y el Banco de Seguros. Y no quiere decir que todos los integrantes de su gobierno fueran de dudoso comportamiento. No fue así. El problema es que con los basamentos con que se quiso construir el edificio, no había forma de que creciera derecho.

 ¿Con los blancos se vivía mejor? Anda por ahí esta repetida frase. Pues bien, no es cierto. La tasa de empleo que en 1989 era de 53.1% estuvo los cinco años del gobierno de Lacalle por debajo de esa cifra y terminó en 52.8% en 1994. La tasa de desempleo, que en 1989 era de 8%, se mantuvo todo el período por encima de esa cifra y terminó en 9.2% en 1994. El índice medio de salarios fue mayor que la inflación en tres años, inferior en el primero, neutro en el último y, medido de punta a punta, muestra un muy modesto crecimiento del 1,77% para todo el lustro. La inflación de los cinco años ascendió nada menos que a 1.260%, pero por efecto de la política económica, el dólar aumentó la mitad: 556%. Esto explica por qué abundaron los artículos importados, los autos nuevos y los viajes al exterior de quienes podían pagarlos, aunque no se viviera mejor.

 Los bancos fundidos. Centenares de millones de dólares se fueron en los bancos Comercial, de Crédito, Pan de Azúcar y Caja Obrera. Pero el problema, lejos de arreglarse, se hizo endémico y formó parte de las bases para la crisis de 2002, junto con el dólar subvaluado y la asfixia del Banco de la República.

 Se le regaló a los hermanos Rohm el Banco Comercial, dándoles además seguridades sobre ganancias a obtener y disponibilidad de caja. Figuraron en la presunta venta tres bancos internacionales de primera línea, pero el factor decisivo fue darle la administración a los Rhom, personas sin ningún antecedente, condiciones o capital como para acceder al negocio, salvo, como demostró muy bien el senador Pablo Millor, la "virtud" de saber concretar un acuerdo entre amigos. Esta operación escandalosa provocó tres interpelaciones del senador Danilo Astori y una de Millor, que debieran recordarse.

 El Banco Pan de Azúcar fue obsequiado a Stephane Benhamou, otro "amigo" sin ningún antecedente bancario ni respaldo, y que había sido beneficiado anteriormente con unos diez millones de dólares por el Banco de Seguros, por operaciones de reaseguros que, si existieron, se desconocían. Casualmente, en el expediente de la venta se perdió una hoja decisiva que le costó al Cr. Braga un procesamiento judicial.

 El Banco de Seguros del Estado. En esta institución pasó de todo. Ineptitudes, omisiones y delitos. Además hubo acomodos de cientos de funcionarios ingresados a dedo, entre los cuales algunos venían un tiempito antes de jubilarse para acceder a la Caja Bancaria. Pero es curioso que el informe en mayoría presentado el 17 de octubre de 1994 en la comisión investigadora parlamentaria, que tuvo que atender múltiples y documentadas denuncias, contenía, con la firma de tres senadores oficialistas, frases como "no presenta ninguna irregularidad" o similares, repetidas en todos los ítems. Sin embargo, al día siguiente, por unanimidad y con el voto del entonces senador Julio Grenno, de triste memoria, se resolvió pasar todos los antecedentes al Poder Ejecutivo a los efectos del art. 197 de la Constitución, que prevé la anulación de los actos y el posible inicio de acciones disciplinarias contra los directores de los entes. ¿Qué había pasado? El imperio del silencio se había resquebrajado. El oficialismo terminó por sumarse a la oposición para no quedar más expuesto de lo que ya estaba. Faltaban pocos días para las elecciones.

 La ley de empresas públicas. La perla del gobierno fue la aprobación a los golpes de esta ley, que según decían se promovía con la intención de "vender los bienes para aliviar los males". La ley permitía, por sus dos primeros artículos, vender o dar en concesión todo, sin excepciones. Sin embargo, en todo el proceso previo, y con la complicidad de alguna prensa, se le ocultó esto a la población. Incluso, durante la discusión parlamentaria hubo quienes intentaron disimularlo. Pero el éxito fue efímero. Se juntaron firmas y los artículos fundamentales fueron anulados por la voluntad del 72% de la ciudadanía.

 Derechos humanos. En materia de derechos humanos no hubo nada con respecto a los hechos de la dictadura. Eso sí, tuvimos un desaparecido en democracia, esta vez de extrema derecha: el chileno Eugenio Berríos. Y un muerto en una manifestación, Fernando Morroni, de cuyo deceso es absolutamente responsable el ex ministro del Interior Ángel María Gianola. Si no se hubieran querido muertos, esto no habría sucedido, por más agresivos que fueran los manifestantes. Y si hubo un muerto y no se sabe quién lo mató, es porque no se quiso saber.

 Y al final. En las elecciones de 1994, el Partido Nacional bajó del 37,25% al 29,75% de los votos. Dentro del Partido Nacional, el sector de Lacalle bajó del 21,63% al 12.45%, con pérdida del 9,18% del electorado total. Perdió el predominio dentro del partido y nunca más pudo ser candidato, hasta ahora. Pasaron 15 años, quiere volver, y puede competir. Con alguna propuesta interesante, por ejemplo, no repetir las equivocaciones del pasado. Pero, como dice mi amigo el mellado: ¡Peligro!