EL MAYOR PROBLEMA

La vulnerabilidad social

A pesar del desarrollo económico y los avances en las políticas sociales, ni en los mejores años, los posteriores a 2005, se logró transitar un sendero firme hacia la reducción radical de la población vulnerable. ¿Por qué?

Un problema persistente. Estudios recientes confirman lo que ya se sabía hace medio siglo: respecto a todos los hogares del país, en las familias pobres los niños duplican la proporción de los adultos. Además, en estos días se informó que 157.000 niños viven en hogares pobres, 30.000 en situaciones de emergencia habitacional y 7.500 en contextos de abuso y maltrato; el Estado solo acompaña al 10% de esas familias. 

Las investigaciones han permitido identificar y caracterizar la población excluida o vulnerable por sus condiciones sociales y económicas, y también diseñar mejor las políticas sociales. Esos estudios muestran una elevada heterogeneidad de los factores que más inciden en la pobreza de los hogares, entre ellos el lugar de residencia, el nivel de ingresos, los logros educativos de los jefes de hogar o la proporción de afrodescendientes. La reproducción de las condiciones de vulnerabilidad de niños y adolescentes incluye a la alimentación y la educación. 

La educación profundiza la brecha social. A propósito de la educación, abundan los estudios que muestran las diferencias en los logros y la permanencia en el sistema educativo entre los niños y jóvenes según el contexto socioeconómico, abismo que el propio sistema contribuye a ampliar. No debería sorprender que durante la pandemia se ampliara la brecha que separa a los de arriba de los de abajo, como lo muestra la evaluación de adolescentes de Tercer año en Educación Media en 2022. El plan Ceibal y el mayor esfuerzo de los docentes no han sido suficientes para compensar la asimetría social subyacente.

Una anotación más: los estudiantes de la elite pueden realizar todos sus estudios en instituciones privadas, donde alternan con sus pares. De este modo, la enseñanza deja de cumplir con el fin de constituir un lugar de reunión de clases sociales.

Nadie desconoce, aunque algunos se hacen los distraídos, que, cuando la cancha está inclinada, el papel integrador de la educación se diluye.

La contracara de la exclusión social es la voluntaria. Quienes tienen suficientes medios pueden optar por aislarse lo más posible del resto de la sociedad, para mantenerse cercanos a sus pares en sus lugares de residencia, de socialización, de atención de la salud y otros. 

La expansión de los barrios privados son la expresión más visible del crecimiento de la autoexclusión social. Agentes privados que cuidan el acceso me impidieron tomar las fotos que pensaba incluir en este artículo. Una curiosidad: los barrios privados están permitidos en la República de Canelones; su ubicación y baja densidad de población contribuyen a ampliar el área urbanizada. En paralelo, en Montevideo no se autoriza la edificación de barrios privados y el Estado subsidia ampliamente la construcción de edificios solo en barrios que permitan aumentar la densidad urbana.

Exclusión y autoexclusión social son dos caras de una sociedad fragmentada.

Las actividades delictivas son emergentes sociales. Los actos delictivos forman parte del campo de batalla por televidentes y por electores. Esa es la única razón que explica la ridícula discusión sobre los datos de criminalidad en el último mes cuando solo tiene sentido analizar las tendencias de mediano plazo.

Los delitos son, en gran medida, un emergente de problemas sociales. La inmensa mayoría de los 15.000 reclusos son pobres, y los homicidios se concentran en ciertos barrios periféricos. En 2021-2022, mientras el número de homicidios por cada 100.000 habitantes superó los 30 en tres seccionales policiales de la periferia de Montevideo, en Pocitos fue 0 (cero).

El aumento de las personas involucradas en la comercialización de drogas ha sido un factor determinante del crecimiento de los homicidios, y una especie de excusa esgrimida por los ministros del interior para explicarlo. Pero los mayores problemas se originan en poblaciones vulnerables y no en el resto. 

Es cierto, y corresponde decirlo, que los infractores de cuello blanco enfrentan una legislación más permisiva y contratan buenos y costosos abogados, rehusando a los abrumados defensores públicos.

También cabe mencionar, aunque no debería ser necesario, que cualquier estrategia social debería incluir la represión al delito, el trabajo social en la población carcelaria y el apoyo a quienes son liberados.

En todo caso, los infractores son una parte ínfima, aunque creciente, de los pobladores en los márgenes sociales, la población vulnerable. Solo cerrando los ojos puede no verse esa relación.

Aprender del fracaso relativo. En Uruguay las políticas sociales tradicionales -salud, educación, vivienda, seguridad social- y las de nueva generación han tenido efectos positivos importantes pero insuficientes. Lo importante no es ser los mejores de una región caracterizada por la desigualdad, sino construir una sociedad más integrada.

Desde el año 2005 contamos con varios factores favorables, en particular crecimientos excepcionales de la economía, el empleo y el gasto social, junto a la reducción de la pobreza. La creación del MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) en ese año significó notables avances en la identificación y caracterización de la heterogénea población vulnerable y en el financiamiento y la ejecución de numerosos programas dirigidos a atenderla. Sin esas políticas el proceso de exclusión social seguramente habría sido más dramático, pero la evidencia, confirmada por los estudios, es la persistencia de esa población.

Paralelamente a los avances en la economía y las políticas sociales, en este siglo crecieron fuertemente los recursos asignados a la seguridad pública y aumentaron las penas a los delincuentes. Paradojalmente, también creció la cantidad de personas privadas de libertad y los delitos denunciados. Los homicidios, en particular, aumentaron de 205, en 2010, a 383, en el 2022.

La propuesta de Varela para enfrentar los “males sociales” sigue vigente. En 1886, José Pedro Varela escribió los fundamentos de una política social consistente:

Los males sociales, por su misma complejidad, por la diversidad de formas con que se presentan y por la multiplicidad de órganos que afectan, demandan para su curación la acción conjunta de diversos procederes armónicos. Todo es solidario con la existencia social, y por eso, persiguen una quimera los que suponen que basta realizar esfuerzos en este o aquel sentido, permaneciendo inactivas u obrando contrariamente las demás fuerzas sociales, para obtener transformaciones radicales.

Reconociéndolo, no incurriremos nosotros en el error de atribuir a la instrucción del pueblo, y menos aún a un proyecto de ley de educación, el poder misterioso que la fe religiosa atribuye a la absolución sacerdotal.

Los actuales gobernantes de Uruguay, las elites sociales y muchos organismos internacionales no están de acuerdo con Varela y optan por otorgar a la educación el poder de la fe; una concepción que encuentra explicación en la defensa de una sociedad desigualitaria.

Los límites del sistema. Una acotación previa fundamental: el capitalismo, más aún en un país subdesarrollado, reproduce desigualdades sociales que pueden atenuarse si se adopta un amplio rango de políticas, que, para algunos, llegan hasta la distribución más equitativa de los medios de producción.

Dentro de los límites impuestos por el sistema, sería imprescindible adoptar una política integral como la señalada por Varela, lo que significa contar con un compromiso político y con bases sociales que la exijan o la acepten. Y aquí reside el desafío principal.

La población excluida socialmente vota y los políticos, unos más y otros menos, van a “pedirles” el voto. Algunas de sus demandas son incluso atendidas por sensibilidad social o para obtener sus votos.

Una población minoritaria sin representación. La población vulnerable, relativamente pequeña, de límites permeables y muy heterógenea, no se ha constituido en un agente social y, en consecuencia, no tiene representantes. El contraste es notorio cuando se observa a los numerosos grupos organizados e influyentes. Los empleados y los empleadores son una parte fuerte de esos grupos, sus organizaciones, por distintas razones, son favorables a la formalización en el mercado de trabajo, pero sus dirigentes se empeñan y se sostienen por los logros en la demandas de sus representados: los empresarios y los trabajadores formales.

Por otra parte, existen grupos más numerosos y organizados que pueden convivir con la exclusión social y se sienten amenazados solo cuando se manifiesta como delitos provocados por una ínfima minoría de la población excluida.

Todos queremos que la población vulnerable desaparezca o, al menos, disminuya considerablemente. Pero el momento clave es el de la definición de las prioridades: dónde concentrar los recursos públicos, inevitablemente escasos ante las múltiples opciones o demandas sociales.

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Aun reconociendo los límites impuestos por el sistema capitalista, el objetivo sigue siendo el de limitar al máximo la desintegración social. En esa dirección resulta fundamental alcanzar la integración de la población vulnerable por su condición socioeconómica. 

El Estado tiene un papel fundamental en la definición de políticas integrales y en la asignación de los recursos necesarios para ejecutarlas. Todo esto requiere aceptación social, amplios acuerdos y, por supuesto, partidos políticos dispuestos a llevarlos a la práctica. 

¿Será posible?