NO OLVIDAR A LOS CIVILES. ¡NUNCA!

¿No les parece que faltó algo?

A los 50 años del golpe de Estado, han proliferado las condenas (algunas seguramente no muy sinceras), así como toda clase de artículos acerca de las atrocidades de los militares perpetradores de la infamia y de unos escasos civiles directamente protagonistas involucrados, que son de los pocos civiles que han recibido atención y sanción. Pero hay cientos de civiles que han pasado inadvertidos en cuanto a su papel en la gesta golpista. Unos pocos han estado algo en la luz pública, por haber sido relevantes en su papel, principalmente económico, como Alejandro Vegh Villegas (a quien desde la derecha se le ha querido conferir, en el terreno económico, un papel similar al que desempeñó José Pedro Varela en la educación).

Ha sido difícil, sin embargo, sacar a la luz a aquellos que incitaron al golpe, ya que difícilmente aparezcan en documentos que testifiquen el hecho; pero que los hubo, los hubo, como menciona Federico Fasano (Caras y Caretas, 30.06.2023).

En cambio, si es posible reconocer los cientos de colaboradores pos Golpe, los que inmediatamente se encargaron de ocupar los innumerables cargos que con este se abrieron.

Una valiosa contribución es la publicación del Partido Comunista de Uruguay “Los civiles de la dictadura” (24.06.2017), con un detallado listado de los protagonistas y colaboradores a distintos niveles: Ejecutivo (Presidencia y cada uno de los Ministerios -Ministros y Subsecretarios-); Consejo de Estado (113 integrantes que por él pasaron durante todo el período); Poder Judicial (180 jueces designados en juzgados de Paz, Penales y de los Tribunales de Apelaciones); los integrantes de la Corte de Justicia (sustituto de la Suprema Corte de Justicia: 12 miembros durante el período).

Los intendentes que no renunciaron cuando el Golpe y los nombrados en distintos momentos durante el lapso de la dictadura. Se toman de esa publicación nóminas completas de algunos niveles de la Administración y de otros organismos.

El Poder Ejecutivo

“La dictadura tuvo cuatro presidentes: Juan María Bordaberry entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976; Alberto Demicheli, entre el 12 de junio de 1976 y el 10 de setiembre de 1976; Aparicio Méndez, entre el 1 de octubre de 1976 y el 1 de setiembre de 1981 y Gregorio Álvarez entre el 1 de setiembre de 1981 y el 15 de febrero de 1985.

También hubo un presidente de transición, Rafael Adiego Bruno, que ocupó la primera magistratura durante los últimos 15 días de la dictadura.

Ocuparon la Secretaría de la Presidencia: Alvaro Pacheco Seré, Luis Vargas Garmendia y Angel María Scelza”. En alguna responsabilidad a esos niveles, estuvo también Luis Vargas Garmendia.

“Un primer escalón de colaboradores civiles con la dictadura fueron los ministros. Aquí va una lista secretaría de Estado por secretaría de Estado.

El Ministerio del Interior tuvo a su frente militares durante los 11 años y medio de dictadura, la militarización de la Policía, su integración a las Fuerzas Conjuntas y la utilización de esta como una fuerza de represión contra su propio pueblo era un postulado central de la Doctrina de Seguridad Nacional y así se actuó. Los militares que ocuparon el cargo de Ministro del Interior fueron: Néstor Bolentini, Hugo Linares Brum, Manuel Núñez y Yamandú Trinidad.

Los titulares de Defensa Nacional fueron: Walter Ravenna y Justo M. Alonso. Los de Relaciones Exteriores: Juan Carlos Blanco, Alejandro Rovira, Adolfo Folle Martínez, Estanislao Valdés Otero y Carlos Maeso.

En Economía y Finanzas estuvieron: Moisés Cohen, Raúl Pazos, Alejandro Vegh Villegas, Valentín Arismendi, Walter Lusiardo, y nuevamente, Alejandro Vegh Villegas.

Los ministros de Ganadería y Agricultura fueron: Benito Medero, Héctor Albuquerque, Julio Aznárez, Estanislao Valdés Otero, Juan Carlos Cassou, Félix Zubillaga y Carlos Mattos Moglia.

En Trabajo y Seguridad Social estuvieron: José Enrique Etcheverry Stirling, Marcial Bugallo, Carlos Maeso y Luis Alberto Crisci (además del coronel Néstor Bolentini).

En Educación y Cultura: Edmundo Narancio, Daniel Darracq, Raquel Lombardo de Debetolazza, Juan Bautista Schroeder y Armando López Scavino.

En Industria y Energía: Luis Meyer, Adolfo Cardozo Guani, Francisco Tourreilles, Juan Chiarino Rossi y Felisberto Ginzo Gil.

En Salud Pública: Juan Bruno Iruleguy, Justo M. Alonso, Antonio Cañellas y Luis Givogre.

En Transporte y Comunicaciones y Turismo: Francisco Mario Ubillos (este ministerio se suprimió).

En Transporte y Obras Públicas: Eduardo Crispo Ayala y Eduardo Sampson.

En el Ministerio de Justicia, creado por la dictadura, estuvo como ministro inaugural Fernando Bayardo Bengoa y lo siguieron Julio César Espínola y César Frigerio.

Un segundo nivel de importancia de los cuadros civiles de la dictadura en el Poder Ejecutivo fueron las subsecretarias es decir los números dos políticos de cada ministerio. Esta lista, vale reiterarlo, no es completa, es la que se pudo rescatar y habrá que seguirla completando.

En el Ministerio del Interior: Roberto Augusto Neri, Luis Vargas Garmendia, y Jorge Amondarain Mendoza. En Defensa Nacional: Armando Chiarino Agurrire. En Relaciones Exteriores: Guido Michelin Salomón, Enrique Delfante, Julio César Lupinacci, Felisberto Ginzo Gil y Heber Arbouet. En Economía y Finanzas: Ernesto Rosso y Valentín Arismendi. En Ganadería y Agricultura: Lázar Gurevich, Juan Carlos Cassou y Tydeo Larre Borges. En Trabajo y Seguridad Social: Alfredo Baeza y Ramón Malvasio. En Educación y Cultura: Carlos Alberto Roca, Héctor Mario Artucio, Luis Antonio Menafra y Martín C. Martínez. En Industria y Energía: Elías Pérez. En Salud Pública: Mario Arcos Pérez, Jogen Nin Vivó y Luis Nicoletti Torchelo. En Justicia: José Calatayud Bosch, Heber Arbouet, Juan Pablo Shcroeder y Dante Barrios.

El Parlamento decorativo

En sustitución del Parlamento la dictadura nombró, como supuesto órgano legislativo, al Consejo de Estado. El primer Consejo de Estado fue designado por el dictador Juan María Bordaberry y entró en funciones el 19 de noviembre de 1973.

Luego y mediante un acta institucional, se creó el Consejo de la Nación, que integraban los 25 Consejeros de Estado y los 21 oficiales generales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Este órgano, emblemático de la nueva institucionalidad creada por la dictadura por su integración de civiles y militares, tenía entre sus cometidos designar a los Consejeros de Estado y ocupar las vacantes que se fueran produciendo.

El primer Consejo de Estado, el designado por el dictador Bordaberry, tuvo la siguiente integración: doctor Martín Recaredo Etchegoyen (presidente), doctora Aurora Álvarez de Silva Ledesma, Gladys Freire de Addiego, María Luisa Coolighan Sanguinetti, doctor Alberto Demichelli, doctor Aparicio Méndez, doctor Hamlet Reyes, doctor Emilio Siemens Amaro, doctor Julio César Espínola, José Antonio Varela, Jesús Rubio, doctor Daniel Rodríguez Larreta, Juan Rodríguez López, doctor Mario Arcos Pérez, Rodolfo Saccone, doctor Alfredo Lamaison, doctor Mario Gaggero, arquitecto Raúl Clerc, doctor José Francisco Franca, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, Alfredo Cardoso Arrarte, ingeniero Eduardo Praderi, ingeniero Mario Jorge Coppetti y Jorge Spangenberg.

El 1º de setiembre de 1976 se procesó la primera renovación importante del Consejo de Estado y quedó así: doctor Hamlet Reyes (presidente), doctora Aurora Álvarez de Silva Ledesma, doctor Mario Arcos Pérez, ingeniero Mario Jorge Coppetti, doctor Julio César Espínola, doctor José Francisco Franca, doctor Mario Gaggero, ingeniero Eduardo Praderi, doctor Daniel Rodríguez Larreta, doctor Osvaldo Soriano, doctor Enrique Viana Reyes, doctor Jorge Laborde Bercianos, doctor Martín C. Martínez, doctor Willy Patocchi, profesora Blanca Amorós De León de Dutra, profesor José Carlos Brun Cardoso, doctor Marcial Bugallo, ingeniero Eduardo Crispo Ayala, doctor José Enrique Etcheverry Stirling, ingeniero químico Bertrand Gruss, doctor Rafael Ravera Giuria, contador Pedro P. Rivero, contador Alberto Rodríguez Marghieri, ingeniero agrónomo Jorge Seré del Campo e ingeniero Alejandro Vegh Villegas.

Quienes figuran en los primeros 11 lugares de la lista integraban el Consejo de Estado desde su creación y permanecieron en esta segunda versión; los 3 siguientes se habían incorporado antes de noviembre de 1976 y fueron avalados, los 11 restantes fueron designados en esa fecha. El Consejo de la Nación debía designar 5 suplentes, pero solo logró acuerdo para designar a 3, que fueron: el profesor José Luis Vadora Rozier, Edgardo Héctor Abell y el doctor Buenaventura Caviglia Cámpora.

Un año después, en 1977, dejaron sus cargos Mario Gaggero, Blanca Amorós de León de Dutra, Osvaldo Soriano y José Etcheverry Stirling. Ocuparon esas plazas: José Luis Vadora Rozier, Buenaventura Caviglia Cámpora y el arquitecto Gustavo Nicolich.

El Consejo de la Nación designó 5 suplentes, esta vez se pusieron de acuerdo, y fueron distinguidos con el cargo: el profesor Batutista Etcheverry Baggio y los doctores Francisco Paternó, Carlos Maeso, Orlando Benia Comas y Raimundo Abella.

Cuando el teniente general Gregorio Álvarez asume como dictador, se vuelve a renovar el Consejo de Estado. A través del acta institucional 11, del 28 de julio de 1981, se aumentó el número de 25 a 35. De la integración inicial de 8 años antes solo quedaron Hamlet Reyes y Eduardo Praderi. Mantuvieron sus cargos en la institucionalidad fascista Marcial Bugallo y Federico García Capurro. Todos los demás, que acompañaron el ascenso al poder de Gregorio Álvarez, eran nuevos: la nueva camada de colaboracionistas de la represión y el terrorismo de Estado.

Entre los nuevos había intendentes de la dictadura, pertenecientes al Partido Colorado y al Partido Nacional, como Belvisi, Benachín, González y Gutiérrez; otros eran militares retirados, como Bolentini y Bendahan, e incluso había algunos que habían sido parlamentarios antes del Golpe, como Craviotto y Cérsosimo, ambos del Partido Colorado.

La nómina completa del Consejo de Estado que acompañó a Gregorio Álvarez es la siguiente: Hamlet Reyes (presidente), doctor Marcial Bugallo, doctor Federico García Capurro, ingeniero Eduardo Praderi, arquitecto Walter Belvisi, Norberto Bernachín, Gervasio González, ingeniero agrónomo Adolfo Gutiérrez, coronel Néstor Bolentini, escribano Pedro W. Cersósimo, profesor Wilson Craviotto, brigadier general Raúl Bendahan, Alberto Aguiar, Hugo Amondarain, Fernando Assucao, Bernardo Barrán, Daniel Barreiro, Domingo Burgueño Miguel, Juan J. Burgos, Eduardo Carrera Hughes, Rodolfo Ciganda, Luis A. Crisci, Waldemar Cuadri, Alfredo De Castro, Milton de los Santos, doctor Eduardo Esteva, doctor Juan Santana Etcheverrito, Antonio Gabito Barrios, escribano Manuel Gastelumendi, doctor Carlos A. Gelpi, Alfonso Greissing, Irma Lamana, profesor Ricardo Milessi, Genaro Perinetti García y Ruben Riani.

En total, fueron Consejeros de Estado de la dictadura 113 hombres y mujeres. En la etapa final de la dictadura ingresaron al Consejo de Estado en diferentes momentos: el doctor Jorge Amondarain Mendoza, la doctora María Ruth Andrade de Ochoa, el doctor Enrique Arocena Olivera, el doctor Dardo Casas del Río, Alberto del Pino Borrallo, Luis O. Dini, Juan P. Ferreira, profesor Werther Martínez, doctor Miguel Pereira Serra, doctor Cesalino Silveira, Armando Barhaburu Bagalciague, Jorge Borlandelli, Gilver Cagnone, Francisco Cantou, Eduardo Galagorri Bruche, contralmirante ® Víctor González Ibargoyen, Antonio Guerra, Hugo Manini Ríos, Julio César Michelli, Pablo Millor, Daniel Ordoñez, Víctor Otriz, Miguel Peirano, doctor Ricardo Reily Salaverry, Emilio Sader, Nelson Simonetti, Atanasildo Viera y Ariel Villar.

La Justicia secuestrada

Con el acta institucional Nº 8 se creó el Ministerio de Justicia y se suprimió, por completo, la independencia del Poder Judicial. Esta ya se había recortado y vulnerado al darle potestad a los Tribunales Militares para juzgar a civiles, en el marco de la represión, durante los gobiernos de Partido Colorado, encabezados por Jorge Pacheco Areco y Juan María Bordaberry.

Para entender algunas cosas del presente y la importancia que le dio la dictadura a la penetración al sistema de Justicia, baste recordar las declaraciones de quien fuera Ministro de Justicia de la dictadura, Rafael Adieggo Bruno, quien dijo luego de recuperada la democracia, que “de los 190 jueces, de paz, penales y de los tribunales de apelaciones, 180 fueron designados o ascendieron durante el régimen de facto” (Revista Jaque, 26 de junio de 1985).

Durante la dictadura los jueces, al asumir, debían jurar respeto a las Actas Institucionales y no solo a la Constitución.

En una lista obligatoriamente parcial, que debe hacerse más exhaustiva, cabe recordar que de los actuales 5 miembros de la Suprema Corte de Justicia, 4 ingresaron al Poder Judicial durante la dictadura, publicamos los nombres de la Corte de Justicia de la dictadura y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

En la Corte de Justicia (la dictadura le sacó el nombre de Suprema) estuvieron en 1977: Francisco Jas Marcora, Rómulo Vago, Carlos H. Dubra, José Pedro Gatto de Souza y Sabino Dante Sabini. En 1984 sus integrantes eran: Rafael Addiego Bruno, José Pedro Gatto de Souza, Ramiro López Rivas Sara Fons de Genta y Juan José Silva Delgado. Integraron en otros momentos de la dictadura la Corte Suprema de Justicia: Eric Colombo y Enrique V. Frigerio.

En 1977, integraban el Tribunal de lo Contecioso Administrativo: Miguel Fernández Viqueira, César Canessa Etcheverry, Alberto Reyes Terra, Ramiro López Rivas y Víctor Maestro Toletti. En 1984 estaba compuesto por: Víctor Maestro Toletti, Orlando Olmedo, Francisco D´Angelo, Héctor Clavijo y José Julio Folle. También lo integró en otros momentos Hilda Moltedo de Espíndola.

Los intendentes de la dictadura

La dictadura reservó para sus coroneles el preciado botín de las intendencias intervenidas. Pero los civiles colaboradores también obtuvieron participación y más de 15 fueron designados para este codiciado cargo, que permitía acceso a recursos y manejo de cuotas de poder.

Todos los civiles que se desempeñaron como intendentes de la dictadura fueron blancos y colorados. En Montevideo estuvieron los doctores Víctor Rachetti y Juan Carlos Paysée. En Artigas, Basilio Bargato; en Canelones, Gervasio González; en Cerro Largo, Juan José Burgos; en Flores, Pedro Ramos Mañé; en Lavalleja, Juan Salaberry Olascoaga y Oribe Pereyra Parada; en Paysandú, Walter Belvisi; en Rivera, Ariel Pereyra y Adolfo Gutiérrez; en Rocha, Milton de los Santos; en Salto, Néstor Minutti; en San José; Juan Chiruchi; en Tacuarembó, Norberto Bernachín; y en Treinta y Tres, Ruben Silveira Zuloaga.

Corte Electoral, ¿para qué?

Una Corte Electoral en una dictadura no es un organismo con mucho uso, salvo para controlar y, por supuesto, para beneficiarse de un cargo, un sueldo y las prebendas de ser funcionarios del régimen. En la Corte Electoral estuvieron: Nicolás Storace Arrosa (presidente interventor), Camilo Pereyra Urueña y Nelson Vicens Alegre”.

Hasta aquí, la reproducción de la mencionada publicación; pero hubo más. Se trata de representantes de aquella no despreciable porción de la población que estaba, tácita o activamente, a favor del golpe de Estado. Entre los segundos, seguramente de clase media alta o alta, estuvieron los que en general ocuparon cargos de confianza del gobierno de facto, aunque de menor visibilidad, como la Universidad de la República, Entes Autónomos, Tribunal de Cuentas, Comisión de Precios e Ingresos (COPRIN).

Universidad de la República

Rectores: Edmundo Narancio; Gustavo Nicolich; Jorge Anselmi; Enrique Viana Reyes; Raquel Lombardo de Betolaza; Luis Antonio Menafra; Gonzalo Lapido Diaz.

Decanos

Facultad de Agronomía: Adolfo Berro; Daniel Faggi; Armando Rabufetti.

Facultad de Arquitectura: Gustavo NIcolich; Reclus Amenedo; Juan José Casal Rocco.

Facultad de Ciencias Económicas y Administración: Jorge Anselmi; Nilo Berchesi.

Facultad de Derecho: Raúl Abraham; Valentín Sánchez; Blas Rossi Masella; Amílcar Perea (coordinador docente).

Escuela Nacional de Bellas Artes: fue cerrada por la dictadura y así permaneció durante los doce años de la misma, y desapareció todo el archivo institucional de la Escuela. Solo se mantuvo el Museo Nacional de Artes Visuales, que continuó dirigido por Ángel Kalemberg, durante el golpe de Estado y los siguientes 30 años.

En cuanto a la cultura, fue importante la Dirección Nacional de Relaciones Públicas: “En este período (1975) se crearía otra organización cultural muy importante durante toda la dictadura (que) se llamó Dirección Nacional de Relaciones Públicas de Uruguay (DINARP ) […] fue una institución que perseguía controlar las expresiones culturales” [ "Políticas Culturales y Arte de Resistencia en la Dictadura Cívico Militar Uruguaya (1973-1985)", Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Secretaría de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Argentina].

Facultad de Humanidades: Miguel Angel Klappenbach; Rodolfo Gori Carrara.

Facultad de Ingeniería: Alfredo de Santiago; Juan Patetta; Norberto Faroppa; Héctor Ibarlucea.

Facultad de Medicina: Gonzalo Fernández Marama.

Licenciatura en Psicología: el Instituto y la Licenciatura en Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias fueron clausurados con el golpe de Estado y permanecieron cerrados durante toda la dictadura.

Facultad de Química: Raquel Lombardo Abadía.

Entes autónomos

UTE: Juan José Castro; Manuel Mendiola Sarasola.

ANCAP: Bertrand Gruss Dassin; Andres Tierno Abreu.

OSE: Ricardo Bengoa Villamil; Nelson T. Russo; Juan Carlos Paysee; Carlos Curbelo Tamaro; Walter Rossi.

Otros

Comisión de Precios e Ingresos (COPRIN): Eduardo Crispo Ayala

Tesorero General de la Nación: David Cukierman

Tribunal de cuentas: Julio Vicente Canessa (suegro de Julio María Sanguinetti). (En Julio María Sanguinetti. Ante el tribunal de la historia, de María Urruzola).

Diarios

Finalmente, vale la pena consignar las opiniones inmediatas publicadas en aquellos diarios que tuvieron una actitud de apoyo o de aceptación con el golpe de Estado, así como los nombres de sus directores y responsables.

El País: Martín Aguirre; Washington Beltrán; Daniel Rodríguez Larreta. El 27 de junio de 1973, al otro día del golpe de Estado, en la columna editorial del diario, se eligieron tres temas: el primero fue una crítica a la intendencia de Montevideo por no tomar medidas frente a un conflicto con los recolectores de basura, que realizaron una manifestación por 18 de Julio con los camiones recolectores. El segundo, un ataque a la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria, en conflicto por la Ley de Educación (de Julio María Sanguinetti) y su “influencia en los adolescentes. El tercero, un comentario sobre los recientes sucesos de Ezeiza en ocasión del regreso de Perón a Argentina.

El 29 de junio viene la opinión mas pensada y elaborada (“Nuestro Compromiso”): el diario se pregunta, retóricamente “¿Dónde está la legalidad, dónde el respeto al orden jurídico? […] pues allí está El País”, como habían escrito en febrero. Para, a continuación, dar vía libre al golpe de Estado: “No interesa hacer el proceso que nos conduzca a lo actual […] Interesa si mirar para adelante […] [y lanzarnos] adelante con  la fuerza de una mística”. El Golpe es un “hecho [que] está ahí”. No debemos “entregarnos a la dura refriega, a la encendida polémica […] para censurar o glorificar”. Dejemos todo “a la fría imparcialidad del historiador”.

La Mañana: Julián Safi. El 27 de junio, al igual que El País, no hay opinión sobre el Golpe. La página editorial contiene la noticia de un complejo agroindustrial que se instala en Fray Bentos. El 29 de junio, también al igual que el diario blanco, viene una opinión más pensada (“Nuestra Opinión”), y también del mismo tenor. “Este desenlace no nos agrada […] causa profunda tristeza que el gobierno haya tenido que recurrir a medios extremos para evitar peores circunstancias y riesgosos destinos […] Pero […] al mismo tiempo debemos decir con entera franqueza que pensamos que […] es […] la inevitable y única salida posible”.

El Diario: Carlos Manini Ríos. No se encuentra, en los primeros días inmediatos al Golpe, una referencia de una opinión sobre él. El 27 de junio se da nada más que la noticia, y en la página 16 del periódico; y el día 29, se reproduce el discurso de Bordaberry sobre el tema, esta vez en la página 4.

A modo de cierre

Estas breves líneas son un breve resumen de la presencia y apoyo, expreso o casi, de personas y medios, al golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Sé que fueron más, muchos más, porque son varios miles los cargos que una nueva Administración debe llenar al iniciar funciones. Es verdad que muchos de ellos fueron ocupados por militares, pero eso deja un margen aún amplio de participación de civiles.

Es claro que una sociedad contiene distintas y enfrentadas posiciones políticas e ideológicas, y que cada ciudadano puede y debe incorporarse en lo posible a colaborar con el partido de su orientación, cualquiera que sea, cuando es gobierno legítimo. Distinto es con un golpe de Estado.

Una histórica y permanente condena debe caer sobre todos aquellos civiles, frecuentemente olvidados que hayan contribuido con su apoyo a su surgimiento y mantenimiento.

No los olvidemos nunca.